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Valencia

La nueva empresa pública de vivienda inicia con 438 inmuebles asequibles en Valencia

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La nueva empresa pública de vivienda y suelo del Gobierno, nacida de la reconversión de Sepes, comenzará su andadura con la construcción de 438 viviendas asequibles en Valencia, una región duramente afectada por la DANA, según anunció Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Este proyecto tiene como objetivo blindar la oferta pública de vivienda en España y garantizar el acceso a hogares dignos mediante una gestión integral que abarque desde la disposición de suelos hasta la entrega de llaves.

Un modelo público para evitar burbujas inmobiliarias

Rodríguez destacó que esta nueva empresa será un catalizador de inversión, asegurando que el derecho a la vivienda sea un servicio público permanente y protegido frente a la privatización. Además, hizo un llamado a aprobar la reforma de la Ley del Suelo, esencial para combatir la especulación y garantizar suelo y financiación adecuados.

Impacto en los alquileres y políticas regionales

Con la aplicación de la Ley de Vivienda, en Cataluña los alquileres han bajado un 5 %, marcando el mayor descenso trimestral desde 2005. Sin embargo, en Madrid, los alquileres han subido un 7 %. La ministra subrayó que medidas como la regulación de los alquileres turísticos ilegales podrían liberar más de 30,000 viviendas para uso residencial.

Hacia un quinto pilar del Estado del Bienestar

El Ejecutivo asegura que las políticas implementadas han reducido en 10 puntos el porcentaje de familias que destinan más del 40 % de sus ingresos al alquiler. La ministra enfatizó que la vivienda debe ser el quinto pilar del Estado del Bienestar, reafirmando el compromiso del Gobierno para fortalecer el parque público y combatir la especulación.

 

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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