La mujer acusada de causar la muerte a su pareja sentimental (i), de 68 años y con varios trastornos de salud, tras, presuntamente, suministrarle grandes cantidades de laxantes durante el juicio con jurado popular en la Ciudad de la Justicia. EFE/Biel Aliño
Sigue desde Official Press el juicio por el crimen de la ‘envenenadora de laxantes’:
València, 8 jul (OFFICIAL PRESS- EFE).- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a penas que suman 29 años de prisión a la mujer acusada de asesinar a su compañero sentimental tras suministrarle durante meses laxantes mientras se hallaba hospitalizado, así como de apropiarse de su dinero.
La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes, la declara autora de un delito de asesinato con agravante de parentesco, por el que le impone 23 años de prisión, y de un delito continuado de estafa agravada, penado con otros seis años, aunque la absuelve del delito de falsedad documental.
Veredicto
La resolución aplica así el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular el pasado 18 de junio, al término del juicio, y puede ser recurrida ahora en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Según consta en la sentencia, facilitada por el alto tribunal valenciano, los hechos ocurrieron entre los meses de septiembre de 2020 y abril de 2021, en los que la víctima, que sufría diversas patologías, estuvo ingresada en un centro hospitalario.
Tal y como declara probado la sentencia, la acusada administró de manera continuada y de forma intencionada laxantes a su pareja “sabiendo y aceptando que con ello le podría causar la muerte”.
La ingesta de esos medicamentos causó al paciente un cuadro de diarrea crónica y funcional refractaria a cualquier tipo de tratamiento, así como una deshidratación y un deterioro progresivo e irreversible de su estado que motivó su ingreso en la UCI en marzo de 2021 por un shock séptico severo y que fue determinante para que falleciera el 16 de abril de ese mismo año.
La mujer, que ejercía de acompañante y cuidadora de su compañero sentimental durante su estancia hospitalaria, se apropió del teléfono del hombre y desaconsejó a los hijos de éste que fueran a verlo.
Ello le permitió quedarse a solas con él y administrarle los laxantes sin que el propio perjudicado, sus familiares o los médicos pudieran darse cuenta, según la resolución judicial.
Además, la Audiencia considera probado que, desde octubre de 2020 y hasta el fallecimiento de la víctima, la ahora condenada realizó diferentes operaciones económicas para apropiarse del dinero de su pareja sin el consentimiento de ésta y aprovechándose de “su situación de desvalimiento”.
En concreto, llevó a cabo 152 extracciones de dinero en cajeros bancarios por un total de 88.110 euros con las tarjetas de crédito de su compañero, suscribió dos préstamos a su nombre e hizo múltiples compras en establecimientos comerciales.
La sentencia la condena por ello a pagar en concepto de responsabilidad civil 135.517 euros por esas cantidades defraudadas, que deberán destinarse a la herencia del fallecido. Igualmente, impone el pago de sendas indemnizaciones de 30.000 euros a los dos hijos de la víctima por daños morales.
La ‘envenedadora de laxantes’
La víctima desarrolló una diarrea crónica y falleció el 16 de abril de 2021. Entre octubre de 2020 y hasta la muerte del hombre, la procesada habría realizado hasta 152 extracciones de dinero de cuentas corrientes de la víctima y habría realizado compras con tarjetas de crédito del hombre por valor superior a los 120.000 euros.
También habría solicitado dos créditos a nombre del enfermo, que habría suscrito telefónicamente simulando la intervención del hombre.
Uno de los letrados de las acusaciones particulares, Andrés Zapata, ha considerado esencial el testimonio de los médicos forenses, tanto los designados por el tribunal como los peritos de parte.
«Los miembros del jurado han basado su decisión en su criterio y en el convencimiento de que el fallecimiento fue provocado por una diarrea continuada, que es compatible con la ingesta masiva de laxantes».
Y aunque no se detectó ese tipo de medicamento en el cuerpo del fallecido, «era una prueba por indicios bastante potente». Además, Zapata ha hecho referencia al hecho de que en el hospital donde estuvo ingresado la víctima «eliminaron todas las posibles causas de la diarrea y aún así seguía produciéndose».
Otro de los letrados de la acusación particular, Víctor González, ha subrayado la estafa agravada que la mujer realizó a la víctima.
«Durante los cerca de 200 días que el hombre estuvo hospitalizado la mujer realizó 155 extracciones de sus cuentas por cerca de 90.000 euros. Además gasto 32.000 euros con sus tarjetas, pidió préstamos a su nombre y compró con su tarjeta de El Corte Inglés hasta apoderarse de unos 140.000 euros. Esto el jurado también lo ha considerado acreditado», ha indicado.
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El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador de la Universitat de València (UV), se ha ejecutado este jueves por la mañana después de diez años de litigios para intentar evitarlo. «No tengo ganas de más follones, quiero intentar vivir tranquilo y está siendo muy difícil hacer valer mis derechos», ha manifestado el investigador en un audio facilitado a los medios.
El lanzamiento estaba previsto inicialmente para las 9.30 horas, pero la Policía Nacional ha acudido a la vivienda alrededor de las seis de la mañana con un dispositivo de ocho furgones. Ante la llegada de los agentes, Daniel decidió colaborar, se identificó y abandonó el inmueble.
El investigador ha explicado que estaba durmiendo cuando comenzó a escuchar ruido en la calle y vio el despliegue policial. La situación le provocó síntomas de ansiedad, precisamente el escenario que había querido evitar. Según el Sindicat d’Habitatge de València, Daniel tuvo que acudir a un centro de salud tras sufrir un cuadro de ansiedad.
Diez años de conflicto por una vivienda en Valencia
Daniel llegó al piso en 2009 como estudiante, mediante un alquiler compartido de 594 euros. Con el paso del tiempo se quedó solo en la vivienda y, durante la crisis económica, el entonces propietario incorporó anexos que redujeron el alquiler a 350 euros.
Posteriormente, se firmó un nuevo acuerdo que contemplaba una opción de compra por 71.000 euros y el derecho de tanteo y retracto, según relató el investigador anteriormente a Europa Press TV.
Tres años después, la empresa propietaria entró en concurso de acreedores y Daniel comenzó a consignar los pagos del alquiler en los juzgados. En 2017, la vivienda salió a subasta pública y fue adquirida por Caixabank a través de la sociedad participada Coral Homes S.L., que posteriormente presentó una demanda contra el investigador por ocupación ilegal.
Según la cronología expuesta por Daniel, en 2018 el administrador concursal le comunicó que dejara de ingresar las rentas en el juzgado. En 2020 inició un procedimiento de jurisdicción voluntaria y trató de volver a pagar, pero no pudo realizar los abonos al no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.
La vivienda se vendió en 2025 y la última sentencia ordenó el desalojo
La propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023. En 2025, el inmueble fue vendido a una propietaria particular por un importe superior a los 71.000 euros contemplados en la opción de compra, según la información facilitada sobre el caso.
Después de resoluciones anteriores favorables a Daniel, la última demanda concluyó con una condena al desalojo y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas. La cantidad corresponde a las diferencias reclamadas entre los importes del alquiler, según la explicación difundida por el sindicato.
El Sindicat d’Habitatge de València sostiene que durante el procedimiento se han vulnerado los derechos del investigador y cuestiona que el lanzamiento se haya ejecutado mientras, según denuncia, existen medidas legales de protección para determinados inquilinos. Estas afirmaciones forman parte de la posición de la organización.
Dos recursos judiciales siguen en marcha
El portavoz del Sindicat d’Habitatge de València, Esteban Arellano, ha asegurado que el procedimiento no ha terminado y que mantienen dos vías judiciales abiertas: un recurso de queja para elevar el asunto al Tribunal Supremo y otro de reposición.
La organización sostiene que no se han respetado los diez días hábiles que, a su juicio, Daniel debía tener para intentar que los recursos llegaran a su último recorrido posible. También defiende que el contrato de alquiler y la opción de compra debían haber sido tenidos en cuenta.
El sindicato ha criticado, además, que el dispositivo policial se adelantara varias horas respecto al horario inicialmente previsto. Según Arellano, no se convocó una concentración para intentar frenar el lanzamiento porque el propio Daniel no quería exponer a otras personas a un posible enfrentamiento con los agentes.
El sindicato denuncia la crisis de vivienda
El Sindicat d’Habitatge considera que el caso refleja las dificultades de acceso y permanencia en una vivienda y denuncia que los procedimientos judiciales prolongados pueden dejar a los inquilinos en una situación de especial vulnerabilidad.
«Por mucho que el procedimiento judicial siga adelante, el resultado es que llaman a ocho furgones de policía, llegan a las seis de la mañana a tu casa, te echan y, por mucho que tengas la razón y ganes el juicio, ya has perdido la casa», ha resumido Arellano.
Mientras continúan los recursos anunciados por la organización, Daniel se enfrenta a una nueva etapa tras abandonar la vivienda en la que había residido durante años. Su deseo, según ha expresado, es poder vivir tranquilo y hacer valer sus derechos.
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