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España exigirá PCR para entrar en el país en Navidad, aunque estudia ajustes

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Aeropuerto de Madrid plaga chinches

Bruselas, 7 dic (EFE).- La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, señaló este lunes que el Gobierno no se plantea retirar de cara a Navidades la obligación de presentar una prueba PCR negativa para entrar en España, aunque señaló que se estudian ajustes menores.

«Quiero recordar a todos y a todas que las PCR no son un mecanismo que el Gobierno se haya inventado para fastidiar», sino el sistema «que España y un número elevadísimo de países ha tenido que tomar y poner en marcha para asegurar una movilidad con seguridad», dijo González Laya en rueda de prensa al termino de un consejo de ministros de Exteriores de los países de la UE.

La jefa de la diplomacia española subrayó varias veces que es «sensible» a los inconvenientes que generan «la movilidad reducida y la movilidad con PCR» a los ciudadanos que viven en el extranjero y quieren volver a España a fin de año para ver a sus familiares.

Pero recordó que ese mecanismo de control sanitario se puso en marcha porque la Covid no entiende si un individuo se mueve por trabajo, vacaciones o razones familiares.

El Gobierno de España ha seguido las «recomendaciones comunitarias, adoptadas por todos los miembros de la UE» en el último Consejo Europeo, en el que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE «optaron por sustituir cuarentenas por PCR», dijo.

«Esa fue la decisión que tomaron y nosotros seguimos esa recomendación», agregó la ministra de Asuntos Exteriores.

González Laya sí dejó la puerta abierta a hacer ajustes menores próximamente, como los idiomas en los que se puede entregar el certificado o la edad mínima a la que se exige el diagnóstico, pero dejó para «el futuro» la posibilidad de suprimir la obligación de someterse a un test o de sustituir la PCR por una prueba de rápida de antígenos.

«Sabemos también que a medida que pasa el tiempo se van desarrollando otros mecanismos para verificar la prevalencia del Covid, como los test de antígenos que van mejorando su fiabilidad y confiamos en que en el futuro, cuando estos test puedan ser de mayor fiabilidad, podamos ir también ajustando la normativa española», declaró.

Preguntada por el informe publicado la pasada semana por la Agencia Europea para la Seguridad Aérea (EASA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDE), que recomiendan expresamente no exigir PCR ni cuarentena preventiva a los pasajeros aéreos dentro de la UE, la ministra señaló que es información que alimenta el debate de las autoridades.

«Hay una serie de informaciones científicas que han puesto sobre la mesa para que pueda haber un debate comunitario y sobre ello se pronunciarán ahora los Estados miembros», dijo González Laya, quien aseguró que «en todo caso, España seguirá siempre las recomendaciones que emanen del diálogo comunitario».

«Lo que veo en estos momentos en Europa no es más bien una flexibilización de los requisitos relativos a las PCR, sino más bien un endurecimiento, incluso en algunos casos una combinación de PCR con medidas de cuarentena», dijo la ministra.

González Laya reconoció que las Navidades «van a ser fechas y momentos complicados» porque las autoridades sanitarias en todas partes recomiendan «limitar la movilidad». EFE

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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