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España recibirá 20,8 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer a partir de abril

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Madrid, 16 feb (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo que posibilita a España a adquirir 20,8 millones de dosis adicionales de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech, fruto del acuerdo de la UE con esta farmacéutica y cuya entrega se producirá a partir del próximo mes de abril.

Lo ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, quien ha recordado que en noviembre ya se dio luz verde a que España recibiera 30 millones, con lo que en total llegarán al país 50 millones de dosis para inmunizar a 25 millones de personas a lo largo de 2021.

Esta nueva remesa de 20,8 millones obedece al contrato firmado la semana pasada por la Comisión Europea y la farmacéutica por el que ésta se comprometía a entregar 200 millones de dosis a los estados miembros con opción a otros 100 adicionales.

Al ser la distribución proporcional a la población, a España le corresponde el 10,57 % de esas dosis pactadas, una entrega que comenzará en abril; en concreto se esperan 7,8 millones de dosis entre el segundo y tercer trimestre del año y 5,2 millones en los últimos tres meses.

El coste de esta nueva remesa, ha dicho Montero, asciende a 322 millones de euros, con un coste unitario de 15,5 euros.

Así, Montero ha dicho que el Gobierno mantiene su objetivo de haber inmunizado al 70 % de la población en verano ya que a las tres vacunas disponibles en España se unirán otras tres una vez sean aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y la campaña de vacunación «va a buen ritmo».

Sobre la evolución de la pandemia en el país, la portavoz del Gobierno ha señalado que «parece» que la tercera ola va remitiendo «poco a poco, de forma lenta» aunque hay comunidades que mantienen una presión hospitalaria «importante por lo que hay que seguir en alerta y «con cautela».

La situación lleva al Ejecutivo, ha dicho Montero, a insistir en el mensaje de prudencia en las relaciones sociales y ha instado a la ciudadanía a seguir a «rajatabla» las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Por eso, ha insistido en que «no tengamos prisa en recorrer la desescalada» para que las medidas se vayan consolidando y se pueda seguir bajando de forma progresiva la incidencia acumulada hasta alcanzar el objetivo de 50 casos por cada 100.000 habitantes.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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