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España recibirá 20,8 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer a partir de abril

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Madrid, 16 feb (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo que posibilita a España a adquirir 20,8 millones de dosis adicionales de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech, fruto del acuerdo de la UE con esta farmacéutica y cuya entrega se producirá a partir del próximo mes de abril.

Lo ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, quien ha recordado que en noviembre ya se dio luz verde a que España recibiera 30 millones, con lo que en total llegarán al país 50 millones de dosis para inmunizar a 25 millones de personas a lo largo de 2021.

Esta nueva remesa de 20,8 millones obedece al contrato firmado la semana pasada por la Comisión Europea y la farmacéutica por el que ésta se comprometía a entregar 200 millones de dosis a los estados miembros con opción a otros 100 adicionales.

Al ser la distribución proporcional a la población, a España le corresponde el 10,57 % de esas dosis pactadas, una entrega que comenzará en abril; en concreto se esperan 7,8 millones de dosis entre el segundo y tercer trimestre del año y 5,2 millones en los últimos tres meses.

El coste de esta nueva remesa, ha dicho Montero, asciende a 322 millones de euros, con un coste unitario de 15,5 euros.

Así, Montero ha dicho que el Gobierno mantiene su objetivo de haber inmunizado al 70 % de la población en verano ya que a las tres vacunas disponibles en España se unirán otras tres una vez sean aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y la campaña de vacunación «va a buen ritmo».

Sobre la evolución de la pandemia en el país, la portavoz del Gobierno ha señalado que «parece» que la tercera ola va remitiendo «poco a poco, de forma lenta» aunque hay comunidades que mantienen una presión hospitalaria «importante por lo que hay que seguir en alerta y «con cautela».

La situación lleva al Ejecutivo, ha dicho Montero, a insistir en el mensaje de prudencia en las relaciones sociales y ha instado a la ciudadanía a seguir a «rajatabla» las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Por eso, ha insistido en que «no tengamos prisa en recorrer la desescalada» para que las medidas se vayan consolidando y se pueda seguir bajando de forma progresiva la incidencia acumulada hasta alcanzar el objetivo de 50 casos por cada 100.000 habitantes.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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