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Estar vacunado como requisito para un trabajo: Tous abre un melón que acabará en los tribunales

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(EFECOM).- La inclusión de la vacunación entre los requisitos para optar a un puesto de trabajo municipal en Tous ha sembrado las dudas en un país con altas tasas de inmunización. Expertos consultados por Efe apuntan posibles problemas jurídicos y auguran que la solución, de nuevo, estará en manos del juez.

La vacunación obligatoria no está, por el momento, entre los planes del Ejecutivo central, aunque varios gobiernos autonómicos han avanzado que estudian la posibilidad de exigirla en profesiones o sectores determinados.

El primer paso concreto, ya recurrido, lo ha dado sin embargo una administración local, el Ayuntamiento de Tous, que ha incluido la vacuna contra la covid-19 entre los requisitos en el proceso de selección de dos técnicos de educación infantil como personal laboral temporal.

PROBLEMAS JURÍDICOS

En España las vacunas son un derecho y no una obligación y una empresa no puede exigir la vacunación a sus empleados, subraya Carlos de la Torre, abogado de Baker McKenzie.

Según explica, se enfrentan dos derechos fundamentales: el del trabajador a su intimidad, privacidad y autonomía personal y el del resto de los empleados y de la empresa a proteger su propia salud y prevenir los contagios en el centro de trabajo.

Pero no existe una base jurídica que permita a las empresas privadas resolver esa colisión de derechos, añade este abogado, que recuerda que hay otras medidas menos invasivas que sí pueden exigirse, como el uso de mascarillas.

A su juicio, sería también «muy discutible» que una empresa pudiera exigir la vacunación como criterio de acceso a un proceso selectivo, aunque sí podría hacerse obligatoria en sectores y profesiones de riesgo (médicos, sanitarios, personal de residencias, etc) que pueden afectar a terceros.

El profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid Ignacio Álvarez ve menos problemas, al considerar que una interpretación extensiva de los principios de mérito y capacidad recogidos por la ley para acceder a un cargo público podrían avalar la solicitud de la vacunación para optar a un puesto.

A su entender, lo mismo ocurriría en el sector privado, donde el empresario tiene la capacidad de establecer los requisitos para desempeñar la actividad, aunque siempre que la medida no sea ni discriminatoria ni desproporcionada y que se dé un tratamiento específico a los datos sanitarios para no vulnerar el derecho a la intimidad o privacidad de los empleados.

LA SOLUCIÓN, EN MANOS DEL JUEZ

«Cualquier restricción, u obligación, por motivos sanitarios tiene que ser excepcional y estar muy justificada», insiste por su parte David Larios, presidente de la asociación Juristas de la Salud.

La legislación española protege la autonomía del paciente, pero en circunstancias excepcionales, como esta pandemia, los derechos personales están siendo modulados o incluso anulados, recuerda este experto.

A su juicio, con la normativa vigente, la convocatoria del ayuntamiento de Tous carece de cobertura legal, y una empresa no podría exigir a sus empleados certificado de vacunación.

Tampoco ve proporcionado obligar a vacunarse en estos momentos al personal sanitario, un sector con una tasa de vacunación muy elevada, sin apenas contagios y donde muchos profesionales no tienen contacto con pacientes vulnerables: «Podría ser matar moscas a cañonazos y hay que hilar fino, porque estamos hablando de derechos fundamentales que nos ha costado mucho conseguir», destaca.

El contexto, a su entender, podría ser distinto en las residencias, donde las tasas de vacunación son un poco más bajas, se están registrando brotes y se atiende a población de riesgo, pero insiste que, en cualquier caso, serán los jueces quienes decidan si una medida de ese tipo es proporcional.

Coincide con él Teresa Ezquerra, abogada de Abencys, que considera que, «a falta de legislación que actualmente imponga la obligatoriedad de la vacuna, entendemos que habrá de ser el empresario quien requiera judicialmente a sus empleados para que se vacunen, y los jueces quienes den la solución, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto».

PROTEGER LA SALUD DEL OTRO

A finales de julio el presidente canario, Ángel Víctor Torres, admitió que no se puede exigir la vacunación a toda la ciudadanía, pero estimó que el negacionismo es «un peligro para la colectividad» y señaló que no se descarta exigirla a los empleados de servicios públicos esenciales.

Esta misma semana la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, ha abierto también la puerta a exigir la vacuna «en algún momento» a los profesionales que se incorporen a puestos de trabajo en el sistema sociosanitario, aunque no cree que sea necesario ahora porque el 96 % del personal está vacunado.

Esas cifras son una utopía en Estados Unidos, donde empresas como Google o Microsoft, ante la vuelta a las oficinas, han decido exigir la vacunación de sus empleados, la misma medida que ha planteado la Casa Blanca a los más de cuatro millones de trabajadores del Gobierno si no quieren someterse regularmente a test.

En Francia todo el personal sanitario está obligado a vacunarse antes del 15 de octubre, con el riesgo de ser suspendidos de empleo y sueldo de no hacerlo, y Grecia exigirá también la inmunización a los trabajadores de las residencias de mayores desde mediados de este mes.

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GALERÍA| Del Fiesta a la crisis de los semiconductores: 45 años de Ford en Valencia

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45 años de Ford en Valencia

València, 16 oct (EFE).- La planta valenciana de Ford se acerca al medio siglo de vida desde que inició la fabricación de su icónico y económico modelo Fiesta y ahora, 45 años después, ve cómo la demanda de su producción se sostiene con el Kuga tras la sacudida de la pandemia y sufre los efectos de la falta de semiconductores.

Pero también, desde Almussafes, aspira a estar en la primera línea de la movilidad eléctrica y a ser imprescindible para la compañía en Europa.

El problema de suministro de semiconductores o chips ha impactado a lo largo de este año en toda la industria automovilística y Ford incluso llegó a parar una semana completa el pasado mes de julio. A esta crisis se une el rediseño del modelo de negocio de la multinacional en Europa que ya anunció hace tres años y que genera multitud de incógnitas, hasta que se despeje, en la planta de Almussafes y su entorno industrial.

En los últimos tres años, la planta valenciana ha estado sometida a regulaciones de empleo para adaptarse a la demanda y la falta de suministros y para afrontar la pandemia, que se han aplicado a través de despidos y suspensiones temporales de empleo.

Cuarenta y cinco años dan para mucho y, desde su inauguración en 1976, ha tenido éxitos de ventas, mucha lucha sindical y también paz social en una factoría en la que trabajan 6.700 personas que han vivido crisis de todo tipo, la peor la causada por la covid, que en 2020 dejó paralizada la planta durante 7 semanas y a sus trabajadores sometidos a un ERTE tras otro.

Después de varios meses de incertidumbre, Ford Europa dio en marzo de 2021 un respiro a la continuidad de la factoría en Almussafes con el anuncio de fabricación de motores híbridos para el mercado europeo, aunque sigue preocupando la adjudicación de nuevos vehículos, que darían garantía a la plantilla.

La pandemia se hizo visible en Ford el 28 de febrero de 2020, cuando en una nota interna se informó a los trabajadores de qué era el coronavirus y se daban unas recomendaciones para prevenirlo, y asestó un duro golpe, como al resto de la economía, el 16 de marzo, día en que comenzó un paro de la actividad que no se retomaría hasta siete semanas después y a un ritmo escalonado a partir del 4 de mayo.

Desde entonces la montaña rusa que ha supuesto vivir en pandemia ha afectado a los trabajadores de Ford con sucesivas suspensiones temporales de empleo y dos ERE en dos años, uno con el que 350 empleados salieron de la factoría en 2020 y otro para 630 en 2021.

Tras el primer susto que fue para todos la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno, el 1 de abril un grupo de empleados de la factoría comenzó a fabricar mascarillas para uso sanitario y posteriormente también se dedicó a los protectores faciales, contribuyendo de esta manera a ayudar a la sociedad a protegerse frente al virus.

Para sus trabajadores, la planta diseñó un extenso plan de protección que se iniciaba desde antes de salir de sus casas con la obligación de comunicar vía telemática el estado de salud.

Si en 2019 -año en que se anunció una planta de baterías y el traslado de Valencia a Norteamérica de la producción de los motores Ecoboost 2.0 y 2.3- la producción anual fue del 9,4 % menos que el anterior, 2020 se cerró con una caída del 33 % (230.000 vehículos), y para este 2021 se ha ajustado la producción a partir de abril con una disminución de la fabricación diaria de 280 unidades y jornadas enteras sin producción.

Lejos quedan los récords de fabricación de vehículos de 1991, 1999, 2001 y 2003, todos por encima de los 300.000 vehículos, y de 2004 con una doble marca, en ventas y en producción, esta última de 449.000 unidades. Hasta 2006, la planta valenciana fabricó 8,9 millones de vehículos, el 75 % destinado a la exportación, según la cifra que se manejaba en el trigésimo aniversario de la factoría, momento en que la plantilla se aproximaba a los 7.700 empleados.

Las máquinas y las manos de Ford han montado Fiesta, Mondeo, Orion, Focus, Galaxy, Escort, Ka, Kuga, Mazda 2, S-MAX y C-MAX y Transit Connect en diferentes versiones en toda su historia valenciana, que comenzó con la producción de un coche económico y de consumo moderado que llegó a ser el modelo más fabricado en Almussafes hasta 2012 y el más vendido entre 1978 y 1980, el Fiesta.

La llegada de la factoría a Almussafes revolucionó un pueblo agrícola cuyo ayuntamiento lidera hoy un plan para impulsar proyectos estratégicos relacionados con la industria automovilística a cargo de los fondos europeos.

El 18 de octubre de 1976 se inauguró la planta, de forma oficial el 25 de octubre por el entonces rey Juan Carlos; en 1990 se abrió el centro de formación y capacitación; y seis años después se inauguró el parque industrial de proveedores en el mismo municipio, situado a 25 kilómetros de la capital valenciana.

Desde aquellos primeros años, los sindicatos de una planta con una plantilla de gran volumen han sido muy combativos, como cuando en 1998 se opusieron al abuso de las horas extra y realizaron una gran manifestación por las calles de València en defensa de un convenio justo; o en el 2000, con concentraciones por un plan de viabilidad que garantizara el empleo de motores ante la sede del Gobierno valenciano.

También en 2001, coincidiendo con el 25 aniversario de la planta, en concreto en octubre, cuando 3.500 trabajadores hicieron una marcha hasta el Ayuntamiento de Almussafes por un convenio justo y días después se manifestaron en València; en 2006 con un encierro de 24 horas de delegados de UGT por la incertidumbre sobre el futuro de la factoría; o en 2009 cuando miles de trabajadores salieron a la calle para reclamar que no hubiera despidos.

Al mismo tiempo, el compromiso de los trabajadores siempre se ha hecho efectivo con las llamadas a trabajar en sábado o domingo cuando la demanda lo ha requerido, y con posiciones constructivas desde los sindicatos.

De aquí, en concreto de la sección sindical del mayoritario UGT, han salido dos secretarios generales de este sindicato en la Comunitat Valenciana, Rafa Recuenco y Gonzalo Pino, y la conexión de la marca con la sociedad valenciana ha quedado patente en numerosas ocasiones, como cuando fue escenario de una etapa de la Vuelta Ciclista a España en 2004.

La factoría ha recibido desde los diferentes gobiernos de la Generalitat continuas ayudas económicas, como los 5,2 millones para la planta de baterías eléctricas y de 1,5 millones para las inversiones vinculadas a la fabricación del Kuga, ambas en 2020.

La multinacional ha invertido alrededor de 3.000 millones de dólares desde 2011 (aproximadamente 2.535 millones de euros) en su planta de Valencia, donde más de la mitad de la producción ya es híbrida o híbrida enchufable y en el caso del Kuga llega al 60 %.

En el camino de la electrificación iniciado por las compañías automovilísticas, Valencia será donde se construya a partir de finales de 2022 el motor Duratec de 2,5 litros que se equipa en el Kuga PEHV (híbrido enchufable).

El escenario de electrificación que afronta toda la industria automovilística y la incertidumbre que planea sobre las plantas de producción ha llevado a los sindicatos de Ford Almussafes a querer proteger los intereses de los trabajadores y han propuesto una mesa de negociación que aborde el futuro de esta planta.

Inmaculada Martínez

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