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Estas son las ratios de alumnos aprobadas para el curso escolar 2017-2018

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El Pleno del Consell ha aprobado el decreto que modifica las disposiciones transitorias del Decreto 59/2016 y que tiene como objetivo regular, para el curso 2017-18 y sucesivos, el número máximo de alumnos por aula, unidad o profesor, y la jornada lectiva del personal docente en los centros docentes públicos y concertados de la Comunitat Valenciana.

La nueva redacción del decreto determina un calendario de implantación progresiva de las ratios establecidas en el Decreto 59/2016 durante el curso 2017-2018 y sucesivos.

Cabe recordar, por tanto, que las ratios máximas por unidad o grupo para cada nivel educativo, según el Decreto 59/2016, son:

-Educación Infantil (primer ciclo): para alumnado menor de un año es de 8 alumnos máximo por unidad; para alumnado de uno a dos años es de 13 por unidad; para alumnado de dos a tres años es de 20 por unidad.

-Educación Infantil (segundo ciclo): 25 alumnos por unidad

-Educación Primaría: 25 alumnos por unidad

-Educación Secundaría Obligatoria: 30 alumnos por unidad

-Bachillerato: 35 alumnos por unidad (45 en régimen nocturno o en régimen semipresencial o a distancia);

-Formación Profesional Inicial: 18 alumnos por unidad en la Básica y 30 alumnos por unidad en la de Grado Medio o Superior (45 en régimen semipresencial o a distancia)

-Enseñanzas de Idiomas: entre 20 y 35 alumnos por unidad, según el nivel (50 para la modalidad a distancia)

-Educación Personas Adultas: entre 12 y 35 alumnos por unidad, según el nivel y ciclo.

-Enseñanzas deportivas, enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, enseñanzas artísticas profesionales de Artes Plásticas y Diseño y enseñanzas artísticas superiores: el número máximo de alumnado por profesor o profesora será el que se determine en la normativa básica vigente.

Implantación

Según la disposición primera, desde el curso 2016-2017, la implantación se irá realizando de manera progresiva, curso a curso, a partir del primer nivel de cada una de las etapas, excepto en Educación Primaria, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias.

En lo que respecta a la Educación Primaria, la implantación de la ratio máxima se realizará progresivamente curso a curso, a partir del primer nivel del curso 2019-2020, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias.

Además, la disposición segunda establece que, durante el período de implantación, se aprovecharán las bajas del alumnado para regularizar las ratios.

También especifica que, una vez empezado el curso escolar y en caso de que se produzca escolarización de alumnado de incorporación tardía, corresponderá a la Comisión Municipal de Escolarización efectuar la propuesta de reparto.

Por otra parte, la disposición tercera indica que los centros que tengan dos o más unidades en sexto de Educación Primaria, podrán establecer, en el arreglo escolar del curso siguiente, un número de unidades para primero de Educación Primaria que permita fijar una ratio máxima de 25 alumnos por unidad, sin que ello pueda comportar variaciones del número de unidades de Educación Primaria ni de la plantilla del centro, y siempre que se disponga de los espacios suficientes.

Esta medida se podrá aplicar solo durante los cursos 2017-2018 y 2018-2019 y siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permiten.

Por último, la disposición cuarta hace extensiva a todo el período de implantación progresiva, la referencia, que se hace en el Decreto 59/2016, a que en el curso 2016-2017, y para los cursos no afectados por el calendario de implantación, habría que ajustarse a lo dispuesto la Orden 19/2012.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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