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Estos son los municipios valencianos que tendrán wifi gratis

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VALÈNCIA, May.- La Comisión Europea ha anunciado la concesión de 15.000 euros a 3.400 municipios europeos con el objetivo de financiar instalaciones de red ‘wifi’ gratuitas en espacios públicos. Más de 500 de los municipios que recibirán esta ayuda económica se encuentran en España, constituyendo junto con Italia y Alemania los países con más ayuntamientos beneficiados.

Esta iniciativa se enmarca en el programa ‘Wifi4EU’ (Wifi para la UE), que pretende garantizar la conexión en red en todas las localidades posibles del continente. La participación se ha disparado hasta los 10.000 municipios de toda Europa, que deberán presentar un proyecto en el que se selecccione la empresa que llevará acabo la instalación en menos de 18 meses desde la concesión de la ayuda.

Estos son todos los municipios de la Comunitat Valenciana que recibirán la financiación de la Unión Europea: Albalat dels Sorells, Alberic, Alborache, l’Alcora, Alcoy, Alginet, Altea, Andilla, Aras de los Olmos, Beniarbeig, Benicasim, Benifaió, Beniflá, Buñol, Burjassot, Canet d’En Berenguer, Carcaixent, Carlet, Castellón de la Plana, Chilches, Finestrat, Gandia, Gata de Gorgos, Gátova, Gestalgar, Manises, Marines, Massalfassar, Mutxamel, Nules, Onil, Orihuela, Paterna, Peníscola, Polinyà,Rafelbunyol, Real de Gandia, San Antonio de Benagéber, San Vicente del Raspeig, Senyera, Serra, Utiel, Valencia, Villena y Xirivella.

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Ábalos tras el registro de la UCO en su casa de València: «Lo único que les interesaba era el teléfono»

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El exministro José Luis Ábalos. EFE/Archivo

València, 10 de junio de 2025 – El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha manifestado su tranquilidad tras el registro realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su domicilio de València, en el marco de las diligencias judiciales relacionadas con el ‘caso Koldo’ y supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

El teléfono móvil, principal objetivo del registro

En declaraciones a los medios, Ábalos ha confirmado que el registro —que se prolongó durante más de nueve horas— tuvo como principal objetivo acceder al contenido de su teléfono móvil. “Lo único que les interesaba era el teléfono”, ha asegurado el exministro, quien también ha explicado que los agentes se llevaron memorias digitales que no pudieron copiar completamente en el momento y que podrá recuperar en los próximos días.

Ábalos ha añadido que no se siente inquieto por el procedimiento judicial:

«Más allá de las cosas íntimas, que espero que se preserven, mi móvil no registra una gran actividad desde hace tiempo. Todo lo que sea aclarar no me molesta. Así que estoy muy bien», declaró.

Diligencias ordenadas por el Tribunal Supremo

El registro se enmarca en unas diligencias secretas ordenadas por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga presuntas irregularidades en contratos adjudicados durante la pandemia. Según fuentes jurídicas, la actuación de la UCO se basa en un informe fechado el 5 de junio, cuya información clave aún no se ha hecho pública.

La operación también estaría relacionada con documentación entregada por Víctor de Aldama, empresario considerado como uno de los principales implicados en la trama del ‘caso Koldo’, que afecta a contratos vinculados al Ministerio de Transportes.

Documentación sobre obras públicas

Las mismas fuentes indican que la Guardia Civil buscaba documentación relacionada con obra civil, supuestamente amañada en procesos de licitación durante la etapa de Ábalos al frente del ministerio. El foco estaría en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, y en especial en proyectos gestionados por la Dirección General de Carreteras.

Ábalos insiste en su inocencia

José Luis Ábalos, que ya ha declarado ante el juez en dos ocasiones, ha reiterado su disposición a colaborar con la justicia. En anteriores declaraciones, negó rotundamente haber recibido comisiones o beneficios personales a cambio de adjudicaciones.

El exministro también ha solicitado en otras fases del proceso la exclusión de la UCO de la investigación, alegando posibles filtraciones interesadas, aunque tanto el juez instructor como la Sala de Apelación del Supremo rechazaron sus peticiones y ratificaron la legalidad del procedimiento.

 

 

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