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ESTUDIO| El 26% de los valencianos comprará un coche eléctrico en los próximos dos años

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El 26% de los conductores en la Comunidad Valenciana tiene intención de comprar en los próximos dos años un coche 100% eléctrico, 2 puntos porcentuales por debajo del total de España, según una encuesta realizada por Cetelem.

Del porcentaje restante, el 64% de los valencianos que no comprará vehículo de estas características dice que el motivo principal para no hacerlo es la insuficiencia de autonomía, seguido del 55% que cree que un coche eléctrico es demasiado caro, y del 49% que considera que no hay puestos de carga cercanos.

El Observatorio Cetelem Motor 2019 de la Comunidad Valenciana, dado a conocer este viernes recoge también que el 62% de los valencianos que ha comprado un coche en los últimos 12 meses lo ha hecho en un concesionario monomarca (frente al 49% del total de España), seguido por el 20% que la ha comprado en concesionarios multimarca (frente al 29% de España), y por el 8% que lo ha hecho en un compra-venta de segunda mano ( frente al 16% del total de España).

Según el estudio, el 81% de los valencianos con intención de comprarse un coche en los próximos 12 meses optaría por un vehículo nuevo en lugar de uno de ocasión, mismo porcentaje que el del total de España. El 43% de los valencianos con intención de comprarse un coche en los próximos 12 meses optaría por un vehículo híbrido, seguido por el 24% que compraría un coche gasolina, y por el 19% que optaría por el diesel.

Para el total de España el ranking es el mismo, encontrando la mayor diferencia en el porcentaje de la futura compra de híbridos, que está 6 puntos por debajo del porcentaje de los conductores valencianos.

A la hora de pagar, el 61% de los conductores valencianos con intención de comprarse un coche en los próximos 12 meses solicitará financiación para realizar la compra, 4 puntos porcentuales por debajo del total de España.

Asimismo, según la encuesta, el 83% de los conductores en la Comunidad Valenciana utiliza internet como medio de consulta durante el proceso de compra de su coche, mismo porcentaje que el del total de España.

Fuente: Europa Press

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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

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Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.


Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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