El ex primer ministro japonés Shinzo Abe, de 67 años ha muerto pocas horas después de entrar en estado crítico tras recibir dos disparos cuando daba un discurso en la ciudad de Nara.
Abe cayó al suelo, inconsciente, y fue trasladado al hospital, donde recibió transfusiones de sangre que no pudieron salvarle la vida. El presunto atacante ha sido detenido.
Los hechos se han producido mientras el antiguo jefe del Ejecutivo japonés, en un acto público, pronunciaba un discurso en un mitin frente a una estación de tren en la antigua capital japonesa como parte de la campaña para las elecciones a la Cámara alta previstas para el domingo.
En torno a las 11.30 horas locales (4.30 hora peninsular española), después de que comenzara a hablar, se pudieron escuchar al menos dos disparos. Abe cayó al suelo con sangre en el pecho. El ex primer ministro fue trasladado de inmediato al hospital, donde los médicos luchan por salvarle la vida.
“Condenamos este ataque en los términos más contundentes”, ha declarado Kishida casi entre lágrimas en su comparecencia ante los medios. “Es un acto bárbaro y malicioso”, ha subrayado el primer ministro, que ha insistido en que se desconoce aún el motivo del atentado. “Ha ocurrido en medio de unas elecciones, la base de la democracia, y eso no se puede tolerar”.
Detención
Yamagami Tetsuya se enfrenta a los funcionarios de seguridad, antes de ser detenido. twitter
La Policía nipona ha informado de que ha detenido a un hombre al que está interrogando como sospechoso de intento de asesinato.
El sujeto ha sido identificado como Tetsuya Yamagami, de 41 años, quien según Kyodo era un antiguo miembro de las Fuerzas de Autodefensa japonesas, las fuerzas armadas del país. Según NHK, el atacante disparó por la espalda en dos ocasiones contra Abe. Su arma, según esta información, era de fabricación casera.
Abe gobernó entre 2012 y septiembre de 2020 antes de dejar el poder por razones de salud.
Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.
24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos
El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE. La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:
Organización criminal
Cohecho
Tráfico de influencias
Malversación
Uso de información privilegiada
Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.
19 años y medio de cárcel para Koldo García
Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.
La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:
Ineco: 34.477,86 euros
Tragsatec: 9.500,54 euros
Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.
Atenuante de confesión para Víctor de Aldama
En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:
Organización criminal
Cohecho
Uso de información privilegiada
También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.
El origen de la causa
El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.
Puente dividió la causa en dos piezas:
La principal, centrada en los contratos de mascarillas.
Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.
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