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VÍDEO| Feijóo a Sánchez: Esta investidura «nace de un fraude» y de un «ejercicio de corrupción política»

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Foto: PARTIDO POPULAR

El candidato a la presidencia del Gobierno y presidente del PP Alberto Nuñez Feijóo ha cargado duramente contra Pedro Sánchez en el debate de investidura del socialista. Ha explicado que “fuera de la Constitución no hay Democracia” y ha señalado que no va a defender “ni la amnistía, ni el referéndum o cualquier fórmula análoga” para Cataluña. “Ningún fin, ni siquiera la presidencia del Gobierno, justifica los medios. Por donde otros han pasado y parecen dispuestos a pasar, yo no”.

Feijóo carga contra Sánchez en su investidura:

Ha anunciado que incorporará al Código Penal un delito de deslealtad constitucional, como ocurre en todos los países de nuestro entorno y volverá a castigar el delito de malversación de acuerdo a su gravedad.

“No paso por renunciar a la igualdad de los españoles y a todo lo que compartimos; no paso por ningún aro que me impongan en contra del interés general y no paso por traicionar la confianza de los españoles que me votaron, para ser presidente del Gobierno”.

Los principales titulares de Feijóo

Asegura que tiene “principios, límites y palabra” y que se debe a los más de ocho millones de compatriotas que le votaron, a tres millones de otras formaciones que le respaldan y a miles de ciudadanos que votaron a partidos que no llevaban ni amnistía, ni autodeterminación en sus programas. “Me debo a la mayoría de los españoles”.

Se retrata como quien acude al debate como un candidato libre para cumplir su palabra con los electores y a quien no lo hizo ni lo hará; a quien ha llegado a acuerdos con diferentes partidos sin renunciar a sus compromisos y a quien no lo hizo ni lo hará; a quien antepone el interés general a la ambición personal, y a quien ni lo hizo ni lo hará. “Me retrata a mí y le retrata a usted, señor Sánchez”.

Manifiesta que España vive un “deterioro institucional sin precedentes y con riesgo de agravarse todavía más, las familias soportan cada vez más cargas y tenemos importantes fragilidades económicas que afrontar”.

«El futuro de España no está descontado. Depende de todos nosotros”. “Hay quien reniega de la transición. Yo vengo a reivindicarla y a reclamar su vigencia. Es lo mejor que hemos hecho, porque lo hicimos juntos”.

Destaca que “tiene a su alcance los votos para ser presidente, pero no acepta pagar el precio que me piden para serlo y recuerda que esta respuesta es la que darían Suárez, González, Aznar, Rajoy e incluso Zapatero” -en referencia a su rechazo al plan Ibarretxe.

Argumenta que es “una falacia que la investidura tenga que pasar por aceptar esas reivindicaciones de los partidos independentistas porque los españoles no votaron que fuesen decisivos y porque para lo que exigen ni se pidió consentimiento a los españoles ni estos se lo concedieron”.

 “Los votantes no independentistas son casi el triple de los que no lo son”.

Pide el apoyo para “un Ejecutivo del PP para abrir una nueva etapa de grandes pactos de Estado “tomando como ejemplo la Transición y sus objetivos: garantizar la estabilidad de la Nación, asegurar la igualdad de todos los españoles mediante el impulso de seis grandes áreas de trabajo en común: Institucional, por la Economía, por las Familias, por el Estado de Bienestar, el Pacto del Agua y un Pacto Territorial.

“Aspiro a gobernar para todos, no a gusto de todos porque es imposible. El cambio que defiendo no es sustituir un sectarismo por otro. Ni acepto la tutela moral de nadie ni pretendo imponer la mía a los demás. Creo en la libertad”.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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