El candidato a la presidencia del Gobierno y presidente del PP Alberto Nuñez Feijóo ha cargado duramente contra Pedro Sánchez en el debate de investidura del socialista. Ha explicado que “fuera de la Constitución no hay Democracia” y ha señalado que no va a defender “ni la amnistía, ni el referéndum o cualquier fórmula análoga” para Cataluña. “Ningún fin, ni siquiera la presidencia del Gobierno, justifica los medios. Por donde otros han pasado y parecen dispuestos a pasar, yo no”.
Feijóo carga contra Sánchez en su investidura:
Ha anunciado que incorporará al Código Penal un delito de deslealtad constitucional, como ocurre en todos los países de nuestro entorno y volverá a castigar el delito de malversación de acuerdo a su gravedad.
“No paso por renunciar a la igualdad de los españoles y a todo lo que compartimos; no paso por ningún aro que me impongan en contra del interés general y no paso por traicionar la confianza de los españoles que me votaron, para ser presidente del Gobierno”.
Los principales titulares de Feijóo
Asegura que tiene “principios, límites y palabra” y que se debe a los más de ocho millones de compatriotas que le votaron, a tres millones de otras formaciones que le respaldan y a miles de ciudadanos que votaron a partidos que no llevaban ni amnistía, ni autodeterminación en sus programas. “Me debo a la mayoría de los españoles”.
Se retrata como quien acude al debate como un candidato libre para cumplir su palabra con los electores y a quien no lo hizo ni lo hará; a quien ha llegado a acuerdos con diferentes partidos sin renunciar a sus compromisos y a quien no lo hizo ni lo hará; a quien antepone el interés general a la ambición personal, y a quien ni lo hizo ni lo hará. “Me retrata a mí y le retrata a usted, señor Sánchez”.
Manifiesta que España vive un “deterioro institucional sin precedentes y con riesgo de agravarse todavía más, las familias soportan cada vez más cargas y tenemos importantes fragilidades económicas que afrontar”.
«El futuro de España no está descontado. Depende de todos nosotros”. “Hay quien reniega de la transición. Yo vengo a reivindicarla y a reclamar su vigencia. Es lo mejor que hemos hecho, porque lo hicimos juntos”.
Destaca que “tiene a su alcance los votos para ser presidente, pero no acepta pagar el precio que me piden para serlo y recuerda que esta respuesta es la que darían Suárez, González, Aznar, Rajoy e incluso Zapatero” -en referencia a su rechazo al plan Ibarretxe.
Argumenta que es “una falacia que la investidura tenga que pasar por aceptar esas reivindicaciones de los partidos independentistas porque los españoles no votaron que fuesen decisivos y porque para lo que exigen ni se pidió consentimiento a los españoles ni estos se lo concedieron”.
“Los votantes no independentistas son casi el triple de los que no lo son”.
Pide el apoyo para “un Ejecutivo del PP para abrir una nueva etapa de grandes pactos de Estado “tomando como ejemplo la Transición y sus objetivos: garantizar la estabilidad de la Nación, asegurar la igualdad de todos los españoles mediante el impulso de seis grandes áreas de trabajo en común: Institucional, por la Economía, por las Familias, por el Estado de Bienestar, el Pacto del Agua y un Pacto Territorial.
“Aspiro a gobernar para todos, no a gusto de todos porque es imposible. El cambio que defiendo no es sustituir un sectarismo por otro. Ni acepto la tutela moral de nadie ni pretendo imponer la mía a los demás. Creo en la libertad”.
El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.
El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.
Vuelta a las 35 horas tras años de recortes
La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.
Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.
Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”
Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.
Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.
Nueva figura del cuidador para la conciliación
La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.
Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.
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