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Fernando Simón pone fecha al fin de las mascarillas en el transporte público

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¿Hasta cuándo es obligatorio llevar mascarillas en el transporte público? La eliminación de las mascarillas en el transporte público era la medida que faltaba para dejar atrás todas las restricciones por la pandemia de coronavirus, y parece que, ahora sí, está más cerca que nunca.

Así lo ha adelantado Fernando Simón, quien fuera el rostro de lo peor de la enfermedad en España y el encargado de anunciar cada día durante meses cuánto subían el número de fallecidos por coronavirus en nuestro país.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha adelantado que las mascarillas en un plazo «muy corto» de tiempo, precisando que se aprobará «la semana que viene o la siguiente».

Eso sí. Simón ha querido añadir un apunte de prudencia, indicando que la decisión «no es mía únicamente y las propuestas vienen de los técnicos, los expertos y las comunidades autónomas».

Además, ha añadido que esto será solo una recomendación y sigue pidiendo a la población que sea responsable en caso de presentar síntomas: «Hay que entender que nuestra salud afecta de alguna forma a la de los demás, sobre todo cuando hay una enfermedad infecciosa de por medio», ha agregado.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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