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FGV anuncia la contratación de 25 maquinistas para «mantener el servicio» ante «la falta de personal»

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La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha anunciado la contratación temporal en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) de 25 maquinistas y siete oficiales de talleres que suponen “un balón de oxígeno que permitirá mantener el servicio que se presta en Metrovalencia y TRAM d’Alacant que se veía comprometido por la situación crítica de falta de personal que vive la empresa después del ERE que aplicó el gobierno anterior”. Estas incorporaciones son, a juicio de Salvador, “una buena noticia tanto para la empresa pública como para los usuarios del transporte público”.

Así lo ha comunicado la consellera a los representantes del Comité de Empresa de FGV en la reunión que ha mantenido este lunes acompañada del secretario autonómico, Josep Vicent Boira, el subsecretario Francesc Signes, el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, y el director gerente de FGV, Juan Andrés Sánchez Jordán.

La incorporación de estos trabajadores, autorizada por la Conselleria de Hacienda, será inmediata, ya que esta misma semana comenzarán el proceso de formación necesario para obtener la habilitación establecida en el Sistema de Gestión de Seguridad de la empresa pública. El inicio efectivo de sus labores se prevé que se pueda comenzar en enero y febrero. La agilidad en estas contrataciones temporales se debe a las Bolsas de Trabajo Temporal que ha impulsado FGV para atender las necesidades de personal.

Salvador ha señalado que “con soluciones como esta se demuestra la apuesta de la Generalitat por la empresa pública de FGV por sus trabajadores y sus usuarios para seguir ofreciendo un servicio esencial de transporte público a los valencianos”.

Según ha explicado la consellera, “como venimos denunciando desde hace tiempo la situación del personal de FGV es crítica debido al ERE que impuso el anterior Gobierno valenciano, por el que se despidió a más de 300 trabajadores”. Por ello, hay que recordar que el actual gobierno valenciano está trabajando desde el primer momento para encontrar una solución ante las limitaciones impuestas por el Ministerio de Hacienda a la hora de cubrir la tasa de reposición en la plantilla de la empresa pública.

“La perversidad del sistema nos ha motivado a buscar todas las opciones posibles para seguir manteniendo el servicio hasta que el Ministerio de Hacienda levante las limitaciones de la tasa de reposición”, ha indicado la consellera antes de explicar que estas nuevas contrataciones autorizadas por la Conselleria de Hacienda permitirán compensar estos puestos de trabajo con las futuras tasas de reposición cuando el Ministerio de Hacienda levante la restricción.

Para la consellera, “la apuesta de la Generalitat por el transporte público es clara y decidida y hemos hecho todo lo posible para desbloquear la situación crítica que vivíamos y poder contratar a más maquinistas”, de hecho, ha asegurado que la Generalitat tenía presupuestado dinero para la contratación de personal que estaba bloqueado por las restricciones. Sin embargo, después de las conversaciones mantenidas se ha conseguido que el Ministerio sea “sensible con la situación de FGV y las justificaciones aportadas ante la necesidad de contratar a más personal para mantener un servicio público esencial como el transporte público”.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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