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FGV anuncia la contratación de 25 maquinistas para «mantener el servicio» ante «la falta de personal»

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La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha anunciado la contratación temporal en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) de 25 maquinistas y siete oficiales de talleres que suponen “un balón de oxígeno que permitirá mantener el servicio que se presta en Metrovalencia y TRAM d’Alacant que se veía comprometido por la situación crítica de falta de personal que vive la empresa después del ERE que aplicó el gobierno anterior”. Estas incorporaciones son, a juicio de Salvador, “una buena noticia tanto para la empresa pública como para los usuarios del transporte público”.

Así lo ha comunicado la consellera a los representantes del Comité de Empresa de FGV en la reunión que ha mantenido este lunes acompañada del secretario autonómico, Josep Vicent Boira, el subsecretario Francesc Signes, el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, y el director gerente de FGV, Juan Andrés Sánchez Jordán.

La incorporación de estos trabajadores, autorizada por la Conselleria de Hacienda, será inmediata, ya que esta misma semana comenzarán el proceso de formación necesario para obtener la habilitación establecida en el Sistema de Gestión de Seguridad de la empresa pública. El inicio efectivo de sus labores se prevé que se pueda comenzar en enero y febrero. La agilidad en estas contrataciones temporales se debe a las Bolsas de Trabajo Temporal que ha impulsado FGV para atender las necesidades de personal.

Salvador ha señalado que “con soluciones como esta se demuestra la apuesta de la Generalitat por la empresa pública de FGV por sus trabajadores y sus usuarios para seguir ofreciendo un servicio esencial de transporte público a los valencianos”.

Según ha explicado la consellera, “como venimos denunciando desde hace tiempo la situación del personal de FGV es crítica debido al ERE que impuso el anterior Gobierno valenciano, por el que se despidió a más de 300 trabajadores”. Por ello, hay que recordar que el actual gobierno valenciano está trabajando desde el primer momento para encontrar una solución ante las limitaciones impuestas por el Ministerio de Hacienda a la hora de cubrir la tasa de reposición en la plantilla de la empresa pública.

“La perversidad del sistema nos ha motivado a buscar todas las opciones posibles para seguir manteniendo el servicio hasta que el Ministerio de Hacienda levante las limitaciones de la tasa de reposición”, ha indicado la consellera antes de explicar que estas nuevas contrataciones autorizadas por la Conselleria de Hacienda permitirán compensar estos puestos de trabajo con las futuras tasas de reposición cuando el Ministerio de Hacienda levante la restricción.

Para la consellera, “la apuesta de la Generalitat por el transporte público es clara y decidida y hemos hecho todo lo posible para desbloquear la situación crítica que vivíamos y poder contratar a más maquinistas”, de hecho, ha asegurado que la Generalitat tenía presupuestado dinero para la contratación de personal que estaba bloqueado por las restricciones. Sin embargo, después de las conversaciones mantenidas se ha conseguido que el Ministerio sea “sensible con la situación de FGV y las justificaciones aportadas ante la necesidad de contratar a más personal para mantener un servicio público esencial como el transporte público”.

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Un grupo de hackers chantajea a Hacienda con publicar los datos robados de 47 millones de españoles

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Esta es la lista de morosos de Hacienda 2022

Un grupo de hackers que se hace llamar HaciendaSec ha lanzado una grave amenaza contra el Ministerio de Hacienda, asegurando haber vulnerado sus sistemas informáticos y robado los datos personales y financieros de más de 47 millones de españoles. Los ciberdelincuentes exigen un pago para no publicar ni vender la información en la internet oscura (Dark Web).

Según la información difundida por la propia banda, el ataque habría permitido acceder a una base de datos actualizada con información sensible de 47,3 millones de ciudadanos, entre la que se incluirían números de DNI y NIF, nombres y apellidos, direcciones postales, teléfonos, correos electrónicos y datos bancarios como el IBAN.

Datos fiscales y financieros entre la información robada

El chantaje no se limita únicamente a datos personales. Los hackers aseguran disponer también de información fiscal y financiera relacionada con declaraciones de impuestos, tanto de ciudadanos particulares como de empresas, lo que incrementa notablemente el riesgo de fraudes, estafas y suplantaciones de identidad.

La alerta sobre este presunto ciberataque procede de la plataforma especializada en ciberseguridad Hackmanac, dedicada a monitorizar ataques informáticos verificados y a advertir de posibles brechas de seguridad de gran impacto.

Venta de los datos en la Dark Web

Según las advertencias de los expertos, los datos robados estarían ya ofreciéndose a la venta en foros clandestinos, donde podrían ser adquiridos por redes criminales para phishing dirigido, extorsión, fraude bancario o chantaje personalizado.

Por el momento, no se ha confirmado un uso masivo de la información, aunque los especialistas alertan de que el riesgo aumenta con el paso del tiempo, especialmente si los datos permanecen accesibles en mercados ilegales.

España, objetivo recurrente de ciberataques

Este presunto ataque se suma a otros incidentes recientes sufridos por grandes entidades en España. Según estimaciones del sector de la ciberseguridad, el país registra una media de unas 30 incidencias informáticas graves al mes que afectan tanto a empresas privadas como a organismos públicos.

Antes de este supuesto hackeo al Ministerio de Hacienda, el último objetivo de los ciberdelincuentes en España habría sido un portal nacional de citas de carácter sexual, cuyos datos de usuarios ya estarían circulando libremente por la red oscura.

Investigación en curso

Hasta el momento, Hacienda no ha confirmado oficialmente la brecha de seguridad, aunque fuentes del sector señalan que las autoridades estarían analizando la veracidad de la información y el alcance real del ataque.

De confirmarse, se trataría de uno de los mayores robos de datos de la historia en España, con millones de ciudadanos potencialmente afectados.


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