(EFE).- La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha revisado el listado de casi 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia -907 de ellos en la Comunitat Valenciana- entre 1998 y 2015, y tras depurar la información, reconoce 32.401; numerosas fincas rústicas, viviendas, locales y alguna ermita, afirma, no deberían estar en ese catálogo.

De los 907 registros de la Comunitat incluidos en el listado, se han verificado de manera correcta un total de 842 por las diócesis respectivas.

El resto de registros presenta la siguientes características: 4 son bienes que pertenecen a comunidades religiosas u otras entidades religiosas; 2 son registros duplicados; en 7 faltan datos para su identificación y 20 son bienes inmatriculados o adquiridos por otros títulos anteriores al periodo 1998-2015.

Además, en la Comunitat figura también un bien en el que se ha detectado un error, dos que son de otros titulares por estar vendido, donado o expropiado, y 29 adquisiciones por métodos diferentes a la certificación.

El presidente de la CEE, Juan José Omella, ha entregado este lunes su informe al presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, un análisis que muestra que hay alrededor de un millar de bienes que se han adjudicado erróneamente a la Iglesia, lo que abre la vía a posibles regularizaciones, según han destacado en un comunicado conjunto.

La CEE resalta el «gran esfuerzo» realizado por las diócesis para contrastar con sus archivos la información del listado elaborado por el Gobierno y que le remitió el Congreso hace un año y recuerda que el Ministerio de Justicia dejó ya claro la legalidad de las inmatriculaciones realizadas al amparo de la reforma de la ley hipotecaria de 1998.

Además del millar de bienes sobre los que no reconoce la titularidad, el informe apunta que otros 1.500 no deberían aparecer en el listado porque fueron inmatriculados antes de 1998 o porque llegaron a manos de la Iglesia por otra vía.

Aunque ya la ley hipotecaria de 1946 permitía a la Iglesia registrar a su nombre bienes inmuebles con un procedimiento más sencillo del exigido al resto de personas físicas o jurídicas, en 1998, con el PP en el Gobierno, la norma se reformó y le permitió registrar también templos de culto, con lo que las inmatriculaciones se aceleraron.

La ley se modificó en 2015 y, desde entonces, la Iglesia está sometida al mismo proceso que los demás para reclamar la propiedad de los bienes.

Según el informe presentado este lunes por la CEE, en el listado elaborado por el Gobierno hay 84 bienes pertenecientes a comunidades religiosas u otras entidades religiosas.

Aparecen en ese apartado iglesias o colegios inmatriculados por distintas órdenes, de los franciscanos a las ursulinas, pero también bienes de otras religiones, como un terreno de la Comunidad Judía de Madrid, un solar de la Iglesia Evangélica de Buenas Noticias de Almansa (Albacete) o dos locales de la Iglesia Bíblica Comunidad Cristiana de Tarragona.

Hay además 111 bienes «duplicados», que aparecen dos veces en el listado.

Según la revisión de los obispos, 608 bienes asignados a la Iglesia no han podido ser identificados por las diócesis por la falta de información, o porque les resultan desconocidos.

Hay en ese grupo, por ejemplo, alrededor de sesenta bienes -fundamentalmente «edificaciones de una planta»- inscritos en el registro de Sepúlveda (Segovia) con el Obispado de Segovia como titular y que la diócesis no puede identificar porque faltan datos.

En la provincia de Soria se atribuyen al Obispado de Osma-Soria varias iglesias y decenas de fincas rústicas sobre las que no hay documentación, según la diócesis. «Quizás al inscribir no se pidió certificado o se ha traspapelado, la mayoría son antiguos», se anota en el estudio.

Un total de 31 bienes del listado, continúa, no constan como inmatriculados, un bloque en el que aparecen, por ejemplo, la ermita de Udías (Santander), el cementerio de Pedroso (Zamora), una cochera en Montánchez (Cáceres) o una era de trillar en Dos Torres de Mercader (Teruel).

En 28 bienes se habla directamente de «errores», ermitas que no existen en las localidades en las que las sitúa el listado o que la diócesis no reconoce como propiedad.

El listado del Gobierno incluye asimismo, según el informe de la CEE, 276 bienes que tienen otros titulares, muchos de ellos porque han sido vendidos por alguna diócesis y algunos que han sido donados a diversos ayuntamientos. Aparecen por ejemplo en este bloque ermitas y cementerios en terrenos del Estado y sumergidos bajo las aguas de distintos pantanos.

EL informe de la Conferencia Episcopal detecta además 746 bienes que no deberían estar incluidos en el listado porque fueron inmatriculados antes de 1998 o porque son fruto de herencias donaciones o compras.

Se incluye en ese grupo, por ejemplo, 48 fincas rústicas en Puerto del Rosario (Las Palmas) que fueron donadas a la Diócesis de Canarias en 1971, según sus escrituras.

Tampoco deberían aparecer, según la CEE, 691 bienes que llegaron a manos de la Iglesia en el periodo en cuestión (1998-2015) pero no por inmatriculaciones, sino por otras vías, desde donaciones a permutas o compraventas. Se trata fundamentalmente de fincas, viviendas y locales.