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Fiscalía investiga el «alarmante» descenso de los niveles de agua en la Albufera

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La Fiscalía Provincial de Valencia ha incoado por una parte diligencias de investigación penal y por otra preprocesales contencioso administrativas, tras haber tenido conocimiento del «alarmante» descenso de los niveles de agua del lago de la Albufera, causado de la Junta de Desagüe, a raíz de las noticias publicadas en diferentes medios de comunicación durante este mes de julio.

Según informado Fiscalía en una nota de prensa, la sección de lo Contencioso Administrativo ha dirigido un requerimiento a la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental de la Generalitat, en la que le pide que proceda a la ejecución forzosa de una resolución de 23 de octubre de 2017, dentro de un expediente por el que se fijaron medidas relativas al manejo y gestión de las compuertas del lago de la Albufera, por parte de la Junta de Desagüe y control por parte de la Oficina Técnica del Parque Natural.

Esa resolución fue complementada por la Orden 5/2018, de 1 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático de Desarrollo Rural, «relativa a la regulación del nivel y comunicación con el mar del Parque Natural de la Albufera», que fija los «niveles mínimos» de agua en el lago, así como el régimen de autorizaciones en el manejo de las compuertas por parte de la Junta de Desagüe.

 

«GRAVEDAD DEL DAÑO»

Sin embargo, dada la «gravedad del daño al equilibrio y sostenibilidad medioambiental» y ante la «persistencia y reiteración en los hechos», que dieron lugar a que se tramitara con anterioridad y a instancias del Ministerio Fiscal un expediente administrativo de responsabilidad medioambiental, cuya resolución también se ha «incumplido», Fiscalía ha propuesto a la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental la adopción de dos medios de «ejecución forzosa».

El primero, según Fiscalía, es la imposición de multas «coercitivas» a la Junta de Desagüe y el segundo es que, si hay «persistencia» en el incumplimiento de la resolución, y con el fin de acabar «de forma efectiva y definitiva» con la situación de «daño medioambiental al lago de la Albufera», Fiscalía acuerda que la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental sustituya «por sí o a través quien designe, a la Junta de Desagüe en la gestión del manejo de las compuertas y el bombeo de desagüe del lago».

 

RESPONSABILIDADES PENALES

Así mismo la Sección de lo Contencioso Administrativo de la Fiscalía Provincial ha remitido testimonio a la Sección Penal de Medio Ambiente y Urbanismo, que ha incoado diligencias de investigación penal para «valorar la existencia de posibles responsabilidades penales».

La decisión se adopta tras haber recabado informes a la Dirección General del Medio Natural y Evaluación Ambiental; a la Oficina Técnica del Parque Natural de la Albufera; al Ayuntamiento de València; al Ecotoxicólogo Forense del Instituto de Medicina Legal y al Seprona de la Guardia Civil.

 

Fuente: Europa Press

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El DAO José Ángel González Jiménez dimite tras ser acusado de violación: de pacificador de la Policía a hombre de confianza de Marlaska

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El comisario principal José Ángel González Jiménez, conocido como ‘Jota’, de 66 años y natural de Aguilar del Río Alhama, ha dimitido como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional tras ser denunciado por agresión sexual por una subordinada, en un caso que ha sacudido a la institución y a la opinión pública.

Trayectoria del DAO: de pacificador a figura de confianza

González Jiménez llegó a la DAO en 2018 en un momento convulso para la Policía Nacional, tras escándalos como la ‘policía patriótica’ o el caso Villarejo. Su perfil discreto y profesional le permitió recuperar la normalidad en la operativa policial y mejorar la imagen de la institución, especialmente en tareas de seguridad ciudadana y gestión de crisis.

Entre sus logros destacan la coordinación con los Mossos d’Esquadra tras los altercados por la sentencia del procés y su papel en el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, gestionando los confinamientos durante la pandemia, lo que le convirtió en rostro familiar para los ciudadanos en ruedas de prensa junto a Fernando Simón y responsables de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Renovación legal para mantenerse en el cargo

En diciembre de 2024, al cumplir los 65 años, González Jiménez debía jubilarse. Sin embargo, el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, promovió un cambio legal que le permitió seguir en el puesto, mostrando plena confianza en él, aunque generando tensiones internas entre otros altos mandos que sí debieron retirarse a esa edad.

Fuentes cercanas al DAO indican que “desde hace un año no era el mismo, se notaba que algo le pasaba”, y lamentan que no hubiera dimitido antes de que estallara el escándalo que ahora marca su destino profesional y personal.

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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