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Fiscalía solicitó en febrero medida de alejamiento del padre de Castellón tanto de la madre como de las niñas a 250 metros

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CASTELLÓN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) – El ministerio fiscal pidió el pasado mes de febrero en una comparecencia ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Castellón de la Plana una medida cautelar de alejamiento del padre que se ha suicidado en la madrugada de este jueves tras presuntamente acabar con la vida de sus dos hijas de tres y seis años, una protección que incluía la prohibición de aproximarse a menos de 250 metros tanto de la denunciante como de las niñas, así como a su domicilio, residencia y lugar de trabajo u ocio.

Así consta en el escrito de comparecencia ante un trámite judicial celebrado en febrero, en una causa por amenazas, en el que la acusación particular que representó a la madre de las víctimas se adhirió a la solicitud del ministerio fiscal y añadió que se incluyera la prohibición de comunicación del denunciado con ella por cualquier medio.

La defensa, por su parte, se opuso a lo alegado y pedía que se limitara esa distancia de alejamiento al menos en la calle Río Adra, dada la cercanía de domicilio de ambos progenitores y el «propio beneficio de las menores» ya que las medidas provisionales en el convenio incluían una entrega económica para las niñas y su cliente había encontrado trabajo una semana antes y no podía dejar la vivienda. El investigado intervino para pedir «justicia y objetividad».

El mismo día, según la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado dictó un auto en el que acordaba denegar la orden de protección solicitada ante las «versiones contradictorias» de lo sucedido entre las partes y porque el juzgado de guardia que valoró con anterioridad los hechos no apreció «la concurrencia de la situación objetiva de riesgo» que exige la ley.

En esta línea, este Juzgado de Violencia sobre la Mujer no estimó necesaria la adopción de medidas de protección para la madre «siendo desproporcionada, en sentido estricto, la imposición al investigado de medidas que restrinjan sus derechos».

Este órgano judicial alcanzó esta decisión por la carencia de antecedentes penales del investigado y por la «propia conducta mantenida por la denunciante, quien ni ha dado una explicación razonable al miedo que dice sentir cuando existe una importante distancia espacial entre las primeras expresiones que imputa a su marido, en julio de 2017 hasta la actualidad, ni dicho miedo es compatible con sus propios actos, ya que parece ser que, tras salir voluntariamente del domicilio familiar, donde se ha quedado el marido, ha fijado su residencia en la misma calle donde vive él». Además, valoraba que las Fuerzas de Seguridad valoraron un riesgo «bajo» para la mujer.

El fiscal jefe de la Fiscalía de Castellón, José Luis Cuesta, ha mostrado su «malestar» ante la información que considera «incorrecta» que sobre este caso ha facilitado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que ha asegurado que sobre este episodio de amenazas, el fiscal no consideró necesaria la adopción de medida cautelar y se opuso a la concesión del alejamiento en el juzgado de guardia primero, y después, en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer cuando se le volvió a denegar esa protección «de conformidad» con su criterio, según el TSJCV.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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