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Fiscalía solicitó en febrero medida de alejamiento del padre de Castellón tanto de la madre como de las niñas a 250 metros

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CASTELLÓN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) – El ministerio fiscal pidió el pasado mes de febrero en una comparecencia ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Castellón de la Plana una medida cautelar de alejamiento del padre que se ha suicidado en la madrugada de este jueves tras presuntamente acabar con la vida de sus dos hijas de tres y seis años, una protección que incluía la prohibición de aproximarse a menos de 250 metros tanto de la denunciante como de las niñas, así como a su domicilio, residencia y lugar de trabajo u ocio.

Así consta en el escrito de comparecencia ante un trámite judicial celebrado en febrero, en una causa por amenazas, en el que la acusación particular que representó a la madre de las víctimas se adhirió a la solicitud del ministerio fiscal y añadió que se incluyera la prohibición de comunicación del denunciado con ella por cualquier medio.

La defensa, por su parte, se opuso a lo alegado y pedía que se limitara esa distancia de alejamiento al menos en la calle Río Adra, dada la cercanía de domicilio de ambos progenitores y el «propio beneficio de las menores» ya que las medidas provisionales en el convenio incluían una entrega económica para las niñas y su cliente había encontrado trabajo una semana antes y no podía dejar la vivienda. El investigado intervino para pedir «justicia y objetividad».

El mismo día, según la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado dictó un auto en el que acordaba denegar la orden de protección solicitada ante las «versiones contradictorias» de lo sucedido entre las partes y porque el juzgado de guardia que valoró con anterioridad los hechos no apreció «la concurrencia de la situación objetiva de riesgo» que exige la ley.

En esta línea, este Juzgado de Violencia sobre la Mujer no estimó necesaria la adopción de medidas de protección para la madre «siendo desproporcionada, en sentido estricto, la imposición al investigado de medidas que restrinjan sus derechos».

Este órgano judicial alcanzó esta decisión por la carencia de antecedentes penales del investigado y por la «propia conducta mantenida por la denunciante, quien ni ha dado una explicación razonable al miedo que dice sentir cuando existe una importante distancia espacial entre las primeras expresiones que imputa a su marido, en julio de 2017 hasta la actualidad, ni dicho miedo es compatible con sus propios actos, ya que parece ser que, tras salir voluntariamente del domicilio familiar, donde se ha quedado el marido, ha fijado su residencia en la misma calle donde vive él». Además, valoraba que las Fuerzas de Seguridad valoraron un riesgo «bajo» para la mujer.

El fiscal jefe de la Fiscalía de Castellón, José Luis Cuesta, ha mostrado su «malestar» ante la información que considera «incorrecta» que sobre este caso ha facilitado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que ha asegurado que sobre este episodio de amenazas, el fiscal no consideró necesaria la adopción de medida cautelar y se opuso a la concesión del alejamiento en el juzgado de guardia primero, y después, en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer cuando se le volvió a denegar esa protección «de conformidad» con su criterio, según el TSJCV.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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