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Ford adelanta los días de ERTE a junio por el descenso acusado de la demanda

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València, 25 may (EFE).- Ford España ha adelantado los días de aplicación del expediente de suspensión temporal de empleo (ERTE) de julio al mes de junio, tanto en vehículos como en motores, debido al descenso acusado de la demanda.

En la Comisión de seguimiento del ERTE celebrada este martes se ha revisado el programa de producción y el calendario de aplicación y se ha acordado trasladar los días previstos para el mes de julio a junio, según informan fuentes sindicales.

Así, en junio habrá 10 días de ERTE (7, 8, 9, 10 y 11, 14 y 15, y 28, 29 y 30) en operaciones de vehículos y 11 (3 y 4, 7, 8, 9, 10 y 11, 14 y 15, y 28 y 29) en fabricación de motores, que tiene pendiente el 28 de mayo, según el nuevo calendario.

En la planta de mecanizados quedan tres días en mayo (28, 29 y 30) y ocho en junio (4, 5 y 6, y 7, 8, 9, 10 y 11, incluyendo los días 12 y 13 para los empleados de turnos especiales trabajando fin de semana).

Adicionalmente a los días de parada completa de producción, durante el resto de días se irá adaptando la disminución de producción de los diferentes sistemas y modelos dentro del límite pactado de afectación de 1.400 empleados diarios.

Este ERTE comprende veinte días de aplicación y la suspensión de la actividad del turno de noche y de la fabricación de la furgoneta Transit Connect durante dos meses y medio (alrededor de 30.000 unidades), y cuando fue aprobado concluía el 19 de julio.

El ajuste en la planta de Ford Almussafes (Valencia), que tiene unos 7.000 empleados, está motivado por la falta de suministro de semiconductores (chips que se montan en diferentes elementos del vehículo) a nivel mundial.

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Francisco D’Agostino obtiene el embargo total de bienes de Manuel March tras sentencia por incumplimiento contractual

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El empresario hispanovenezolano Francisco D’Agostino, residente en España y con larga experiencia en el ámbito de las inversiones internacionales, ha obtenido una resolución favorable del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Madrid.

La jueza ordenó el embargo total de los bienes de Manuel March Cencillo, nieto del banquero Juan March Ordinas, fundador de la Banca March, por no haber cumplido con una sentencia de 2024 que lo obligaba a pagar más de tres millones de euros.

La disputa se originó tras la fallida venta de la finca Son Galcerán, una propiedad situada en las afueras de Valldemossa y con gran valor histórico. En 2021, March firmó un contrato para venderla a una sociedad vinculada a Francisco Javier D’Agostino Casado por 8 millones de euros, recibiendo 2,4 millones en concepto de arras y anticipo.

No obstante, el vendedor rompió el acuerdo unilateralmente y vendió el inmueble a otro comprador por una suma superior, sin devolver el adelanto previamente recibido.

En abril de 2024, el tribunal madrileño falló a favor de la parte compradora, obligando a March a reembolsar los 2,4 millones de euros y a pagar 300.000 euros adicionales por los daños y perjuicios pactados en el contrato.

Dado que no realizó el pago dentro del plazo establecido, la justicia procedió al embargo de sus bienes personales, cuentas bancarias, inversiones y propiedades, tanto en España como en el extranjero. Con intereses acumulados y costas judiciales, la deuda asciende a 3,5 millones de euros.

La finca Son Galcerán es una residencia histórica que perteneció al archiduque Luis Salvador de Austria y recibió visitas de la emperatriz Sissí.

La jueza del caso subrayó que no se había aportado una justificación válida ni creíble para la cancelación del contrato original, señalando que el único interés probado por parte del vendedor era obtener un beneficio económico mayor con la segunda venta.

Francisco D’Agostino Casado es cuñado de Luis Alfonso de Borbón, figura de la nobleza española y descendiente directo del rey Alfonso XIII.

Esta relación ha sido mencionada en distintos medios pero no ha influido en ningún aspecto del proceso judicial.

A principios de 2025, Francisco Javier D’Agostino Casado fue retirado de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que una investigación concluyera que sus actividades empresariales no guardaban relación alguna con el régimen de Nicolás Maduro.

 

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