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FSIE pide a Marzà que el próximo curso ponga «fin a la segregación formativa» de los docentes de la concertada

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sobresalientes Bachillerato

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) – FSIE-Comunitat Valenciana ha reclamado este jueves a la Conselleria de Educación, dirigida por Vicent Marzà, que empiece el curso «con buen pie» y «ponga fin a la segregación formativa» y la «discriminación» de los profesores de la concertada a la hora de acceder a las diferentes ayudas para que en la Comunitat haya «de verdad, una escuela para todos».

El sindicato ha señalado en un comunicado que en el pasado ejercicio los docentes de la enseñanza concertada, más de 15.000 profesionales, «no tuvieron las mismas oportunidades para acceder a los cursos y a las ayudas ofrecidas por la Conselleria».

Por ello, ha reclamado al Consell que «acabe con el clasismo» y destine el 35 por ciento de las ayudas y de la oferta formativa a los profesores de los centros concertados, «la misma proporción del mapa educativo de la Comunitat Valenciana».

«El desequilibrio provocado por la Conselleria genera dos velocidades educativas» ya que el año pasado solo el 1% de los docentes de la escuela concertada pudieron acceder a los cursos en el extranjero», ha criticado el sindicato, que ha añadido que esto supone que el conseller «destinó a la concertada sólo 13 de las 1.000 plazas para formación en el extranjero minusvalorando su trabajo y sus derechos».

Además, «los auxiliares de conversación fueron a parar solo a los centros públicos, por lo que FSIE seguirá reclamando que se oferten a todos los centros sostenidos con fondos públicos».

A esto el sindicato une que sólo el 5% de las ayudas para la innovación fueron a parar a estos profesionales «lo que supuso que el Consell destinara 1,3 millones para los centros públicos mientras que a los concertados solo 63.582 euros, cuando la escuela concertada representa el 35% de la enseñanza y proporcionalmente le corresponderían 450.000 euros».

A juicio del sindicato, «tanto es así que la ratio de ayuda por alumnos debería ser del 2,33 pero, en el caso de la pública, se dispara en detrimento de la concertada hasta un 20,45».

FSIE ha señalado que se trata de «justicia e igualdad» en el reparto de los servicios que pagan todos los valencianos y, por ello, ha solicitado que las bases del próximo curso permitan que los profesores de la concertada «puedan acceder con los mismos derechos que los compañeros de la función pública».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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