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FSIE pide a Marzà que el próximo curso ponga «fin a la segregación formativa» de los docentes de la concertada

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sobresalientes Bachillerato

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) – FSIE-Comunitat Valenciana ha reclamado este jueves a la Conselleria de Educación, dirigida por Vicent Marzà, que empiece el curso «con buen pie» y «ponga fin a la segregación formativa» y la «discriminación» de los profesores de la concertada a la hora de acceder a las diferentes ayudas para que en la Comunitat haya «de verdad, una escuela para todos».

El sindicato ha señalado en un comunicado que en el pasado ejercicio los docentes de la enseñanza concertada, más de 15.000 profesionales, «no tuvieron las mismas oportunidades para acceder a los cursos y a las ayudas ofrecidas por la Conselleria».

Por ello, ha reclamado al Consell que «acabe con el clasismo» y destine el 35 por ciento de las ayudas y de la oferta formativa a los profesores de los centros concertados, «la misma proporción del mapa educativo de la Comunitat Valenciana».

«El desequilibrio provocado por la Conselleria genera dos velocidades educativas» ya que el año pasado solo el 1% de los docentes de la escuela concertada pudieron acceder a los cursos en el extranjero», ha criticado el sindicato, que ha añadido que esto supone que el conseller «destinó a la concertada sólo 13 de las 1.000 plazas para formación en el extranjero minusvalorando su trabajo y sus derechos».

Además, «los auxiliares de conversación fueron a parar solo a los centros públicos, por lo que FSIE seguirá reclamando que se oferten a todos los centros sostenidos con fondos públicos».

A esto el sindicato une que sólo el 5% de las ayudas para la innovación fueron a parar a estos profesionales «lo que supuso que el Consell destinara 1,3 millones para los centros públicos mientras que a los concertados solo 63.582 euros, cuando la escuela concertada representa el 35% de la enseñanza y proporcionalmente le corresponderían 450.000 euros».

A juicio del sindicato, «tanto es así que la ratio de ayuda por alumnos debería ser del 2,33 pero, en el caso de la pública, se dispara en detrimento de la concertada hasta un 20,45».

FSIE ha señalado que se trata de «justicia e igualdad» en el reparto de los servicios que pagan todos los valencianos y, por ello, ha solicitado que las bases del próximo curso permitan que los profesores de la concertada «puedan acceder con los mismos derechos que los compañeros de la función pública».

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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