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FSIE pide a Marzà que el próximo curso ponga «fin a la segregación formativa» de los docentes de la concertada

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sobresalientes Bachillerato

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) – FSIE-Comunitat Valenciana ha reclamado este jueves a la Conselleria de Educación, dirigida por Vicent Marzà, que empiece el curso «con buen pie» y «ponga fin a la segregación formativa» y la «discriminación» de los profesores de la concertada a la hora de acceder a las diferentes ayudas para que en la Comunitat haya «de verdad, una escuela para todos».

El sindicato ha señalado en un comunicado que en el pasado ejercicio los docentes de la enseñanza concertada, más de 15.000 profesionales, «no tuvieron las mismas oportunidades para acceder a los cursos y a las ayudas ofrecidas por la Conselleria».

Por ello, ha reclamado al Consell que «acabe con el clasismo» y destine el 35 por ciento de las ayudas y de la oferta formativa a los profesores de los centros concertados, «la misma proporción del mapa educativo de la Comunitat Valenciana».

«El desequilibrio provocado por la Conselleria genera dos velocidades educativas» ya que el año pasado solo el 1% de los docentes de la escuela concertada pudieron acceder a los cursos en el extranjero», ha criticado el sindicato, que ha añadido que esto supone que el conseller «destinó a la concertada sólo 13 de las 1.000 plazas para formación en el extranjero minusvalorando su trabajo y sus derechos».

Además, «los auxiliares de conversación fueron a parar solo a los centros públicos, por lo que FSIE seguirá reclamando que se oferten a todos los centros sostenidos con fondos públicos».

A esto el sindicato une que sólo el 5% de las ayudas para la innovación fueron a parar a estos profesionales «lo que supuso que el Consell destinara 1,3 millones para los centros públicos mientras que a los concertados solo 63.582 euros, cuando la escuela concertada representa el 35% de la enseñanza y proporcionalmente le corresponderían 450.000 euros».

A juicio del sindicato, «tanto es así que la ratio de ayuda por alumnos debería ser del 2,33 pero, en el caso de la pública, se dispara en detrimento de la concertada hasta un 20,45».

FSIE ha señalado que se trata de «justicia e igualdad» en el reparto de los servicios que pagan todos los valencianos y, por ello, ha solicitado que las bases del próximo curso permitan que los profesores de la concertada «puedan acceder con los mismos derechos que los compañeros de la función pública».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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