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Generalitat amplía las plazas para las estancias formativas de profesores en Irlanda y Reino Unido

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La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha publicado la convocatoria para la realización de estancias formativas en Irlanda y Reino Unido para el profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria este verano.

Según el conseller, Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, «ampliamos a 1.000 las plazas para estancias formativas del profesorado en Irlanda y Gran Bretaña. Es una muestra más de las medidas que estamos emprendiendo para formar a los docentes valencianos en inglés con la aplicación progresiva de la nueva Ley de plurilingüismo, que se iniciará el próximo curso».

Con esta convocatoria, Educación tiene como objetivo prioritario que el profesorado valenciano pueda conocer y actualizar las herramientas metodológicas propias de la enseñanza de inglés y en inglés en un contexto intercultural que facilite el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua inglesa.

Se ofrecerán un total de mil plazas para la realización de estancias, un 66,67 % más que la convocatoria anterior. En concreto, 100 plazas para los docentes de Educación Infantil, 550 para el profesorado de Educación Primaria y 350 para el profesorado de Educación Secundaria.

Para las estancias de cuatro semanas habrá dos períodos de realización. El primero se llevará a cabo durante el mes de julio de 2018 y el segundo durante el mes de agosto de 2018.

La estancia incluirá transporte, alojamiento y manutención, sin ningún coste para los participantes. Además, durante las cuatro semanas de estancia en el extranjero se llevará a cabo un curso de un mínimo de 25 horas semanales y un máximo de 15 alumnos por clase, también sin ningún coste. Los participantes también dispondrán de un seguro de viaje para cubrir posibles incidencias.

El plazo de presentación de solicitudes empieza el 29 de marzo y finaliza el 23 de abril de 2018. El profesorado puede hacer las solicitudes por vía telemática en el siguiente enlace: consultar aquí. Una vez solicitada la estancia, se podrá hacer el seguimiento del proceso mediante la misma plataforma.

FORMACIÓN EN INGLÉS PARA EL PROFESORADO VALENCIANO
Para llevar a cabo el plurilingüismo real que garantice un mejor conocimiento del inglés por parte de los alumnos, es necesario que el profesorado esté formado en inglés y en la enseñanza de lenguas.

Según el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, «hemos emprendido desde el curso pasado varias actuaciones en esta línea. Aparte de las estancias formativas en verano en Gran Bretaña e Irlanda, más de 10.000 docentes están actualmente haciendo cursos de inglés gratuitos en las escuelas oficiales de idiomas, una iniciativa que tendrá continuidad cada curso y que ampliará aún más la oferta de plazas para el profesorado», y ha continuado, «además, se ha creado un Centro de Formación del Profesorado (Cefire) específico de plurilingüismo, que ofrece formación específica en didáctica de lenguas al profesorado valenciano».

Hay que señalar que el próximo curso 2018-2019 se pondrá en marcha el nuevo Programa plurilingüe e intercultural (PEPLI) en las etapas de segundo ciclo de Infantil (3,4 y 5 años) y primer ciclo de Primaria (1.º y 2.º de Primaria).

La implantación completa del PEPLI en todo el sistema educativo obligatorio se hará efectiva el curso 2020-2021: «Esta implantación es progresiva y es por eso que Educación está acompañando y acompañará al profesorado en la formación de lenguas, fundamentalmente en inglés», ha asegurado Miquel Soler.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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