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Generalitat aumentará los controles para evitar la venta y adiestramiento ilegal de animales

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La Generalitat intensificará los controles para perseguir las prácticas fraudulentas de venta y de adiestramiento ilegal de animales, debido al gran intrusismo de personas que realizan esta actividad de forma ilegal, sin estar registrados en el Registro de Núcleos Zoológicos, y que no cumplen la normativa sobre la venta y adiestramiento de animales.

Las consellerias de Economía y de Agricultura van a actuar de forma coordinada, junto con el sector de venta de animales, y van a solicitar la colaboración de la polícia autonómica y de las policías locales, para detectar estas prácticas ilegales, y abrir los correspondientes expedientes informativos y sancionadores.

Así lo anunciaron el director general de Comercio y Consumo, Natxo Costa, y el director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, Roller Llanes, tras la reunión conjunta mantenida con el presidente y miembros del Gremio de Comercios para de Animales de Compañía (Grecoacom).

Esta asociación trasladó al Consell esta problemática en el comercio de animales de compañía y presentó más de un centenar de casos identificados de este tipo de prácticas fraudulentas en la zona de València, mediante Internet y las redes sociales.

Natxo Costa explicó que «debemos ser conscientes que no se pueden comprar mascotas por internet al que lo ofrece más barato, ya que la venta de animales es una actividad regulada, en la que se debe cumplir la normativa, porque de lo contrario genera problemas como el desconocimiento de la trazabilidad del animal, de las condiciones veterinarias en la que se pueda producir su venta y, en general el estado sanitario de los animales».

Por su parte, Roger Llanes explicó que «además de la venta ilegal, los ciudadanos deben saber que el intrusismo en el ámbito del adiestramiento, puede suponer problemas para la salud de los animales y también para los propietarios de estos animales, ya que no existen garantías de que un adiestrador ilegal cumpla la normativa o de que esté capacitado para ejercer esta actividad».

Por ello «la nueva ley de Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía, cuyo anteproyecto ya ha redactado la Conselleria de Agricultura, recoge esta casuística de actividades ilegales y endurece las sanciones, con cuantías de hasta 30.000 euros».

Las medidas del Consell van en consonancia con la gran preocupación por el bienestar animal en todo el marco europeo y, en concreto, sobre el control de la venta ilegal de animales.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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