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Generalitat aumentará los controles para evitar la venta y adiestramiento ilegal de animales

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La Generalitat intensificará los controles para perseguir las prácticas fraudulentas de venta y de adiestramiento ilegal de animales, debido al gran intrusismo de personas que realizan esta actividad de forma ilegal, sin estar registrados en el Registro de Núcleos Zoológicos, y que no cumplen la normativa sobre la venta y adiestramiento de animales.

Las consellerias de Economía y de Agricultura van a actuar de forma coordinada, junto con el sector de venta de animales, y van a solicitar la colaboración de la polícia autonómica y de las policías locales, para detectar estas prácticas ilegales, y abrir los correspondientes expedientes informativos y sancionadores.

Así lo anunciaron el director general de Comercio y Consumo, Natxo Costa, y el director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, Roller Llanes, tras la reunión conjunta mantenida con el presidente y miembros del Gremio de Comercios para de Animales de Compañía (Grecoacom).

Esta asociación trasladó al Consell esta problemática en el comercio de animales de compañía y presentó más de un centenar de casos identificados de este tipo de prácticas fraudulentas en la zona de València, mediante Internet y las redes sociales.

Natxo Costa explicó que «debemos ser conscientes que no se pueden comprar mascotas por internet al que lo ofrece más barato, ya que la venta de animales es una actividad regulada, en la que se debe cumplir la normativa, porque de lo contrario genera problemas como el desconocimiento de la trazabilidad del animal, de las condiciones veterinarias en la que se pueda producir su venta y, en general el estado sanitario de los animales».

Por su parte, Roger Llanes explicó que «además de la venta ilegal, los ciudadanos deben saber que el intrusismo en el ámbito del adiestramiento, puede suponer problemas para la salud de los animales y también para los propietarios de estos animales, ya que no existen garantías de que un adiestrador ilegal cumpla la normativa o de que esté capacitado para ejercer esta actividad».

Por ello «la nueva ley de Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía, cuyo anteproyecto ya ha redactado la Conselleria de Agricultura, recoge esta casuística de actividades ilegales y endurece las sanciones, con cuantías de hasta 30.000 euros».

Las medidas del Consell van en consonancia con la gran preocupación por el bienestar animal en todo el marco europeo y, en concreto, sobre el control de la venta ilegal de animales.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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