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Generalitat y Ayuntamientos consensuan más de 300 medidas para reactivar la Comunitat Valenciana

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado que la Alianza Institucional consensuada con los ayuntamientos, las diputaciones, las mancomunidades y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) será «fundamental para la reactivación económica y social de la Comunitat Valenciana».

En este sentido, el jefe del Consell ha apelado a la unión y firmeza de las instituciones para proporcionar «orientación colectiva» en «tiempos convulsos» y llevar a cabo el «triple mandato de proteger, salvar y reactivar» la Comunitat Valenciana.

«Juntos hemos demostrado que no tienen que haber colores políticos, ni diferencias territoriales en este momento de incertidumbres», ha afirmado el jefe del Ejecutivo valenciano, quien ha definido el diálogo «como un valor en sí mismo» y ha situado el acuerdo como «un paso fundamental». «Acordar no es traicionar. Es poner por encima de uno mismo el interés general».

«Son tiempos difíciles – ha continuado Puig- y viene un periodo de turbulencias económicas y sociales. Por eso, el mástil de las instituciones tiene que estar fuerte». Para el president, los ayuntamientos, «la primera puerta donde las personas y empresas inmersas en dificultades buscarán cobijo y auxilio», debe contar con la asistencia de la Generalitat y las diputaciones «para proteger del virus con eficiencia y responsabilidad; para salvar a personas, familias, trabajadores y empresas, y para reactivar nuestro tejido productivo».

Según el máximo responsable del Consell, que ha avanzado que la Generalitat contará con los ayuntamientos y las diputaciones «en la aplicación en la Comunitat Valenciana del programa de recuperación europeo», es «momento de levantarnos» porque, en su opinión, quedarse quietos «no es una opción» y, en este sentido, ha hecho un llamamiento al esfuerzo y unión de las instituciones y la ciudadanía y a la confianza en el futuro, «que será mejor que el pasado y el presente».

En estos términos se ha pronunciado el president de la Generalitat en su discurso tras la reunión de la mesa y firma de la alianza institucional del Acuerdo ‘Alcem-nos’ para la recuperación de la Comunitat Valenciana, que ha contado con la asistencia del presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar; el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón; el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí; el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro; el alcalde de València, Joan Ribó; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco; el alcalde de Elche, Carlos González; el presidente del Foro de Municipios del Interior y alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas; y el presidente de la Comisión de Mancomunidades de la FVMP y presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez; el secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, Alfred Boix, y el director general de Administración Local, Toni Such.

Más de 300 acciones en 13 ejes
El president de la Generalitat ha explicado que las instituciones valencianas, «que representan a los 5 millones de valencianos y valencianas», han diseñado el contenido de la alianza institucional firmada esta mañana, con la que se establece «el camino de nuestro futuro». Así, el segundo pacto de ‘Alcem-nos’, ha sido rubricado por la Generalitat, las tres diputaciones, las cuatro grandes ciudades y los 542 ayuntamientos representados por la FVMP.
«Estamos ante un acuerdo sin precedentes», ha remarcado Puig, para a continuación a agradecer el trabajo de las 300 personas que han participado en la mesa institucional a lo largo de dos meses de negociación.

El documento consensuado desgrana 303 acciones, repartidas en 13 ejes, entre las que el jefe del Gobierno valenciano ha destacado 10 actuaciones inmediatas: planes municipales de recuperación; planes de empleo local; estímulo del comercio local y de la economía circular; refuerzo de los servicios sociales contra la exclusión; ventajas fiscales para los afectados, adaptando el IBI, el IAE o las tasas municipales a la situación actual; máxima eficiencia de los recursos públicos; refuerzo ante las emergencias y la protección de la salud; apoyo al tejido productivo local; transición a una administración digital, y más colaboración público-privada que estimule la economía y el empleo.

Más concretamente, en el ámbito de los servicios sociales se ha acordado el refuerzo de la atención domiciliaria, la teleasistencia, los planes en barrios humildes y la coordinación del Ingreso Mínimo Vital; en el área de
salud pública se apuesta por la elaboración de planes de salud municipal que primen la detección de casos, la intensificación de la desinfección general y el establecimiento de programas de atención psicológica por los efectos de la pandemia.

En cuanto a la promoción económica y la industria se contempla, entre otros aspectos, la reducción de la presión fiscal, la reforma de la regla de gasto, la orientación al modelo hacia los ODS y el desarrollo verde, y en lo que se refiere a la movilidad y el territorio se preven planes de movilidad urbana sostenible y el impulso hacia la transición energética.

Para la agricultura y medio ambiente se acuerda impulsar el cooperativismo, recuperar tierras abandonadas y beneficiar con un IBI mínimo a las tierras productivas; en el área de vivienda se ha convenido un impulso a la vivienda pública con promociones directas, rehabilitaciones, alquileres sociales y medidas fiscales para cascos antiguos y zonas despobladas, y en el ámbito de seguridad, emergencias y protección civil se contempla el asentamiento de una dimensión local de las Emergencias donde las mancomunidades lideren la prestación de este servicio.

En educación, cultura y deporte quedan recogidas acciones como la reprogramación de actividades suspendidas, la habilitación de nuevos espacios y bonos culturales, y el apoyo a los clubs y empresas deportivas; por lo que se refiere a financiación y fondos europeos se prevé la suspensión, aplazamiento o reducción de tasas municipales a sectores dañados y el aplazamiento o bonificación de impuestos como el IBI o el IAE.

Finalmente, en el área de innovación y digitalización se acuerda, entre otros puntos, disminuir la brecha digital entre municipios; en el ámbito de la participación y cooperación, se conviene la existencia de orientadores laborales para los municipios de más de 10.000 habitantes; en cuanto a la despoblación se acuerda la dotación de nuevos agentes de desarrollo local para dinamizar el interior, el establecimiento de una fiscalidad diferenciada y disminución de la burocracia y la puesta en marcha de una plataforma digital con los servicios de cada municipio, y en turismo, se recogen puntos como el fomento del turismo local y creación de nuevos productos dentro de la estrategia marca-pueblo.

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La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude con fondos de la UE para las pulseras antimaltrato en España

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La investigación afecta a las ayudas europeas destinadas a los dispositivos telemáticos de control de agresores y contempla actuaciones en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas.

La Fiscalía Europea (EPPO) investiga un presunto fraude relacionado con los fondos de la Unión Europea destinados a la adquisición de las pulseras telemáticas utilizadas para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y otras medidas judiciales en casos de violencia de género en España.

El organismo europeo ha anunciado este jueves que está llevando a cabo actuaciones de investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, en el marco de las diligencias abiertas para esclarecer posibles irregularidades en el uso de los fondos comunitarios destinados a estos dispositivos.

La investigación pone el foco en el sistema de control telemático empleado para supervisar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género. Se trata de los dispositivos conocidos como pulseras antimaltrato, utilizados para detectar posibles incumplimientos de las órdenes judiciales de alejamiento.

La investigación afecta a los fondos europeos para las pulseras telemáticas

La Fiscalía Europea tiene entre sus competencias investigar posibles delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea, entre ellos el fraude relacionado con fondos comunitarios.

En este caso, las actuaciones se centran en los recursos europeos destinados a la adquisición de los dispositivos de seguimiento telemático utilizados en España para controlar a los agresores y reforzar la protección de las víctimas.

La investigación deberá esclarecer si se produjeron irregularidades en la gestión o utilización de estas partidas económicas. Por el momento, la existencia de una investigación por presunto fraude no implica que se hayan acreditado responsabilidades penales.

Las pulseras antimaltrato, bajo el foco por sus problemas de funcionamiento

El sistema de pulseras telemáticas ha estado en el centro de la polémica por los problemas técnicos registrados en los últimos años y las dudas sobre su funcionamiento.

El Tribunal de Cuentas ya había señalado en septiembre de 2026 graves deficiencias en la contratación y supervisión del servicio. Entre los problemas detectados figuraban interrupciones, errores de geolocalización, fallos en la autonomía de las baterías y retrasos en las reparaciones.

Estas incidencias habían generado preocupación por la eficacia del sistema, cuya finalidad es controlar las medidas de alejamiento y contribuir a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

La nueva investigación de la Fiscalía Europea abre ahora otro frente sobre la gestión de los recursos económicos procedentes de la Unión Europea destinados a estos dispositivos.

 

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