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Generalitat y Ayuntamientos consensuan más de 300 medidas para reactivar la Comunitat Valenciana

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado que la Alianza Institucional consensuada con los ayuntamientos, las diputaciones, las mancomunidades y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) será «fundamental para la reactivación económica y social de la Comunitat Valenciana».

En este sentido, el jefe del Consell ha apelado a la unión y firmeza de las instituciones para proporcionar «orientación colectiva» en «tiempos convulsos» y llevar a cabo el «triple mandato de proteger, salvar y reactivar» la Comunitat Valenciana.

«Juntos hemos demostrado que no tienen que haber colores políticos, ni diferencias territoriales en este momento de incertidumbres», ha afirmado el jefe del Ejecutivo valenciano, quien ha definido el diálogo «como un valor en sí mismo» y ha situado el acuerdo como «un paso fundamental». «Acordar no es traicionar. Es poner por encima de uno mismo el interés general».

«Son tiempos difíciles – ha continuado Puig- y viene un periodo de turbulencias económicas y sociales. Por eso, el mástil de las instituciones tiene que estar fuerte». Para el president, los ayuntamientos, «la primera puerta donde las personas y empresas inmersas en dificultades buscarán cobijo y auxilio», debe contar con la asistencia de la Generalitat y las diputaciones «para proteger del virus con eficiencia y responsabilidad; para salvar a personas, familias, trabajadores y empresas, y para reactivar nuestro tejido productivo».

Según el máximo responsable del Consell, que ha avanzado que la Generalitat contará con los ayuntamientos y las diputaciones «en la aplicación en la Comunitat Valenciana del programa de recuperación europeo», es «momento de levantarnos» porque, en su opinión, quedarse quietos «no es una opción» y, en este sentido, ha hecho un llamamiento al esfuerzo y unión de las instituciones y la ciudadanía y a la confianza en el futuro, «que será mejor que el pasado y el presente».

En estos términos se ha pronunciado el president de la Generalitat en su discurso tras la reunión de la mesa y firma de la alianza institucional del Acuerdo ‘Alcem-nos’ para la recuperación de la Comunitat Valenciana, que ha contado con la asistencia del presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar; el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón; el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí; el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro; el alcalde de València, Joan Ribó; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco; el alcalde de Elche, Carlos González; el presidente del Foro de Municipios del Interior y alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas; y el presidente de la Comisión de Mancomunidades de la FVMP y presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez; el secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, Alfred Boix, y el director general de Administración Local, Toni Such.

Más de 300 acciones en 13 ejes
El president de la Generalitat ha explicado que las instituciones valencianas, «que representan a los 5 millones de valencianos y valencianas», han diseñado el contenido de la alianza institucional firmada esta mañana, con la que se establece «el camino de nuestro futuro». Así, el segundo pacto de ‘Alcem-nos’, ha sido rubricado por la Generalitat, las tres diputaciones, las cuatro grandes ciudades y los 542 ayuntamientos representados por la FVMP.
«Estamos ante un acuerdo sin precedentes», ha remarcado Puig, para a continuación a agradecer el trabajo de las 300 personas que han participado en la mesa institucional a lo largo de dos meses de negociación.

El documento consensuado desgrana 303 acciones, repartidas en 13 ejes, entre las que el jefe del Gobierno valenciano ha destacado 10 actuaciones inmediatas: planes municipales de recuperación; planes de empleo local; estímulo del comercio local y de la economía circular; refuerzo de los servicios sociales contra la exclusión; ventajas fiscales para los afectados, adaptando el IBI, el IAE o las tasas municipales a la situación actual; máxima eficiencia de los recursos públicos; refuerzo ante las emergencias y la protección de la salud; apoyo al tejido productivo local; transición a una administración digital, y más colaboración público-privada que estimule la economía y el empleo.

Más concretamente, en el ámbito de los servicios sociales se ha acordado el refuerzo de la atención domiciliaria, la teleasistencia, los planes en barrios humildes y la coordinación del Ingreso Mínimo Vital; en el área de
salud pública se apuesta por la elaboración de planes de salud municipal que primen la detección de casos, la intensificación de la desinfección general y el establecimiento de programas de atención psicológica por los efectos de la pandemia.

En cuanto a la promoción económica y la industria se contempla, entre otros aspectos, la reducción de la presión fiscal, la reforma de la regla de gasto, la orientación al modelo hacia los ODS y el desarrollo verde, y en lo que se refiere a la movilidad y el territorio se preven planes de movilidad urbana sostenible y el impulso hacia la transición energética.

Para la agricultura y medio ambiente se acuerda impulsar el cooperativismo, recuperar tierras abandonadas y beneficiar con un IBI mínimo a las tierras productivas; en el área de vivienda se ha convenido un impulso a la vivienda pública con promociones directas, rehabilitaciones, alquileres sociales y medidas fiscales para cascos antiguos y zonas despobladas, y en el ámbito de seguridad, emergencias y protección civil se contempla el asentamiento de una dimensión local de las Emergencias donde las mancomunidades lideren la prestación de este servicio.

En educación, cultura y deporte quedan recogidas acciones como la reprogramación de actividades suspendidas, la habilitación de nuevos espacios y bonos culturales, y el apoyo a los clubs y empresas deportivas; por lo que se refiere a financiación y fondos europeos se prevé la suspensión, aplazamiento o reducción de tasas municipales a sectores dañados y el aplazamiento o bonificación de impuestos como el IBI o el IAE.

Finalmente, en el área de innovación y digitalización se acuerda, entre otros puntos, disminuir la brecha digital entre municipios; en el ámbito de la participación y cooperación, se conviene la existencia de orientadores laborales para los municipios de más de 10.000 habitantes; en cuanto a la despoblación se acuerda la dotación de nuevos agentes de desarrollo local para dinamizar el interior, el establecimiento de una fiscalidad diferenciada y disminución de la burocracia y la puesta en marcha de una plataforma digital con los servicios de cada municipio, y en turismo, se recogen puntos como el fomento del turismo local y creación de nuevos productos dentro de la estrategia marca-pueblo.

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Consumo

Comunicado de Airbnb

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Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM

Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.

La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».


Airbnb defiende la legalidad de su plataforma

Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».

Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.


Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales

La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.

Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.


Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios

En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.

Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.


Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento

En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.

Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.

Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.


Colaboraciones recientes con gobiernos regionales

Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».


¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?

La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:

1. Falta de número de licencia

Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.

2. Falta de información sobre el arrendador

Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.

3. Licencias no válidas o falsificadas

Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.


Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico

El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.

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