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Generalitat y Ayuntamientos consensuan más de 300 medidas para reactivar la Comunitat Valenciana

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado que la Alianza Institucional consensuada con los ayuntamientos, las diputaciones, las mancomunidades y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) será «fundamental para la reactivación económica y social de la Comunitat Valenciana».

En este sentido, el jefe del Consell ha apelado a la unión y firmeza de las instituciones para proporcionar «orientación colectiva» en «tiempos convulsos» y llevar a cabo el «triple mandato de proteger, salvar y reactivar» la Comunitat Valenciana.

«Juntos hemos demostrado que no tienen que haber colores políticos, ni diferencias territoriales en este momento de incertidumbres», ha afirmado el jefe del Ejecutivo valenciano, quien ha definido el diálogo «como un valor en sí mismo» y ha situado el acuerdo como «un paso fundamental». «Acordar no es traicionar. Es poner por encima de uno mismo el interés general».

«Son tiempos difíciles – ha continuado Puig- y viene un periodo de turbulencias económicas y sociales. Por eso, el mástil de las instituciones tiene que estar fuerte». Para el president, los ayuntamientos, «la primera puerta donde las personas y empresas inmersas en dificultades buscarán cobijo y auxilio», debe contar con la asistencia de la Generalitat y las diputaciones «para proteger del virus con eficiencia y responsabilidad; para salvar a personas, familias, trabajadores y empresas, y para reactivar nuestro tejido productivo».

Según el máximo responsable del Consell, que ha avanzado que la Generalitat contará con los ayuntamientos y las diputaciones «en la aplicación en la Comunitat Valenciana del programa de recuperación europeo», es «momento de levantarnos» porque, en su opinión, quedarse quietos «no es una opción» y, en este sentido, ha hecho un llamamiento al esfuerzo y unión de las instituciones y la ciudadanía y a la confianza en el futuro, «que será mejor que el pasado y el presente».

En estos términos se ha pronunciado el president de la Generalitat en su discurso tras la reunión de la mesa y firma de la alianza institucional del Acuerdo ‘Alcem-nos’ para la recuperación de la Comunitat Valenciana, que ha contado con la asistencia del presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar; el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón; el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí; el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro; el alcalde de València, Joan Ribó; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco; el alcalde de Elche, Carlos González; el presidente del Foro de Municipios del Interior y alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas; y el presidente de la Comisión de Mancomunidades de la FVMP y presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez; el secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, Alfred Boix, y el director general de Administración Local, Toni Such.

Más de 300 acciones en 13 ejes
El president de la Generalitat ha explicado que las instituciones valencianas, «que representan a los 5 millones de valencianos y valencianas», han diseñado el contenido de la alianza institucional firmada esta mañana, con la que se establece «el camino de nuestro futuro». Así, el segundo pacto de ‘Alcem-nos’, ha sido rubricado por la Generalitat, las tres diputaciones, las cuatro grandes ciudades y los 542 ayuntamientos representados por la FVMP.
«Estamos ante un acuerdo sin precedentes», ha remarcado Puig, para a continuación a agradecer el trabajo de las 300 personas que han participado en la mesa institucional a lo largo de dos meses de negociación.

El documento consensuado desgrana 303 acciones, repartidas en 13 ejes, entre las que el jefe del Gobierno valenciano ha destacado 10 actuaciones inmediatas: planes municipales de recuperación; planes de empleo local; estímulo del comercio local y de la economía circular; refuerzo de los servicios sociales contra la exclusión; ventajas fiscales para los afectados, adaptando el IBI, el IAE o las tasas municipales a la situación actual; máxima eficiencia de los recursos públicos; refuerzo ante las emergencias y la protección de la salud; apoyo al tejido productivo local; transición a una administración digital, y más colaboración público-privada que estimule la economía y el empleo.

Más concretamente, en el ámbito de los servicios sociales se ha acordado el refuerzo de la atención domiciliaria, la teleasistencia, los planes en barrios humildes y la coordinación del Ingreso Mínimo Vital; en el área de
salud pública se apuesta por la elaboración de planes de salud municipal que primen la detección de casos, la intensificación de la desinfección general y el establecimiento de programas de atención psicológica por los efectos de la pandemia.

En cuanto a la promoción económica y la industria se contempla, entre otros aspectos, la reducción de la presión fiscal, la reforma de la regla de gasto, la orientación al modelo hacia los ODS y el desarrollo verde, y en lo que se refiere a la movilidad y el territorio se preven planes de movilidad urbana sostenible y el impulso hacia la transición energética.

Para la agricultura y medio ambiente se acuerda impulsar el cooperativismo, recuperar tierras abandonadas y beneficiar con un IBI mínimo a las tierras productivas; en el área de vivienda se ha convenido un impulso a la vivienda pública con promociones directas, rehabilitaciones, alquileres sociales y medidas fiscales para cascos antiguos y zonas despobladas, y en el ámbito de seguridad, emergencias y protección civil se contempla el asentamiento de una dimensión local de las Emergencias donde las mancomunidades lideren la prestación de este servicio.

En educación, cultura y deporte quedan recogidas acciones como la reprogramación de actividades suspendidas, la habilitación de nuevos espacios y bonos culturales, y el apoyo a los clubs y empresas deportivas; por lo que se refiere a financiación y fondos europeos se prevé la suspensión, aplazamiento o reducción de tasas municipales a sectores dañados y el aplazamiento o bonificación de impuestos como el IBI o el IAE.

Finalmente, en el área de innovación y digitalización se acuerda, entre otros puntos, disminuir la brecha digital entre municipios; en el ámbito de la participación y cooperación, se conviene la existencia de orientadores laborales para los municipios de más de 10.000 habitantes; en cuanto a la despoblación se acuerda la dotación de nuevos agentes de desarrollo local para dinamizar el interior, el establecimiento de una fiscalidad diferenciada y disminución de la burocracia y la puesta en marcha de una plataforma digital con los servicios de cada municipio, y en turismo, se recogen puntos como el fomento del turismo local y creación de nuevos productos dentro de la estrategia marca-pueblo.

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Cambios en el sistema de pensiones en España: qué debes saber si te jubilas a partir de 2026

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Forbes elige Valencia jubilación

El sistema público de pensiones en España sigue adaptándose a los retos del envejecimiento poblacional y la sostenibilidad financiera. Los trabajadores que planeen su jubilación a partir del 1 de enero de 2026 deben tener en cuenta que entran en vigor varios ajustes clave en la edad de retiro, los requisitos de cotización y el cálculo de la pensión.

Estos cambios forman parte de la reforma de las pensiones aprobada en la Ley 27/2011 y ratificada posteriormente por el Real Decreto-ley 2/2023.


Edad legal de jubilación en 2026

Desde 2026, la edad de jubilación en España se estructura en un sistema dual en función de los años cotizados:

  • 65 años → para quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses de cotización.

  • 66 años y 10 meses → para quienes no lleguen a esa cifra mínima.

Este cambio supone un incremento respecto a 2025, cuando la jubilación estaba fijada en 66 años y 8 meses para los trabajadores sin cotización suficiente.

El calendario progresivo culminará en 2027, cuando la edad legal de jubilación será de 67 años, salvo para quienes tengan carreras de cotización largas que les permitan retirarse antes.


Requisito mínimo de cotización para cobrar la pensión

Para acceder a una pensión contributiva de jubilación, se requiere:

  • Haber cotizado al menos 15 años.

  • Que dos de esos años estén dentro de los 15 previos a la jubilación.

🔹 Si no se cumple este mínimo, la persona no pierde del todo el derecho a prestaciones, pero no podrá acceder a una pensión contributiva. En su lugar, puede solicitar el subsidio para mayores de 65 años, siempre que cumpla los requisitos de residencia y nivel de renta.


Nuevo sistema de cálculo de la pensión desde 2026

Uno de los cambios más destacados es la introducción de un sistema dual de cómputo de la base reguladora, que se aplicará de forma progresiva:

  • Opción 1: se mantiene la fórmula actual → últimos 25 años cotizados.

  • Opción 2: se podrán elegir los mejores 27 años dentro de un periodo de 29, descartando los dos peores.

La Seguridad Social aplicará automáticamente el cálculo más favorable para el trabajador, lo que beneficia especialmente a quienes hayan tenido periodos de desempleo o salarios bajos en los últimos años.


Impacto para trabajadores y empresas

  • Para los trabajadores, se recomienda revisar con antelación la vida laboral y las bases de cotización, usando los simuladores de pensión de la Seguridad Social.

  • Para las empresas y autónomos societarios, será clave llevar un control exhaustivo de cotizaciones, ya que lagunas laborales pueden reducir la futura pensión.


Por qué se aplican estos cambios

El objetivo de esta reforma es garantizar la viabilidad del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico. Según el INE, en 2050 casi un 30% de la población española tendrá edad de jubilación, mientras que Eurostat sitúa la esperanza de vida en más de 83 años, una de las más altas de Europa.

Con estas medidas, la Seguridad Social busca equilibrar la solidaridad entre generaciones y asegurar que los futuros jubilados cuenten con pensiones dignas y sostenibles.

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