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Generalitat y Ayuntamientos consensuan más de 300 medidas para reactivar la Comunitat Valenciana

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado que la Alianza Institucional consensuada con los ayuntamientos, las diputaciones, las mancomunidades y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) será «fundamental para la reactivación económica y social de la Comunitat Valenciana».

En este sentido, el jefe del Consell ha apelado a la unión y firmeza de las instituciones para proporcionar «orientación colectiva» en «tiempos convulsos» y llevar a cabo el «triple mandato de proteger, salvar y reactivar» la Comunitat Valenciana.

«Juntos hemos demostrado que no tienen que haber colores políticos, ni diferencias territoriales en este momento de incertidumbres», ha afirmado el jefe del Ejecutivo valenciano, quien ha definido el diálogo «como un valor en sí mismo» y ha situado el acuerdo como «un paso fundamental». «Acordar no es traicionar. Es poner por encima de uno mismo el interés general».

«Son tiempos difíciles – ha continuado Puig- y viene un periodo de turbulencias económicas y sociales. Por eso, el mástil de las instituciones tiene que estar fuerte». Para el president, los ayuntamientos, «la primera puerta donde las personas y empresas inmersas en dificultades buscarán cobijo y auxilio», debe contar con la asistencia de la Generalitat y las diputaciones «para proteger del virus con eficiencia y responsabilidad; para salvar a personas, familias, trabajadores y empresas, y para reactivar nuestro tejido productivo».

Según el máximo responsable del Consell, que ha avanzado que la Generalitat contará con los ayuntamientos y las diputaciones «en la aplicación en la Comunitat Valenciana del programa de recuperación europeo», es «momento de levantarnos» porque, en su opinión, quedarse quietos «no es una opción» y, en este sentido, ha hecho un llamamiento al esfuerzo y unión de las instituciones y la ciudadanía y a la confianza en el futuro, «que será mejor que el pasado y el presente».

En estos términos se ha pronunciado el president de la Generalitat en su discurso tras la reunión de la mesa y firma de la alianza institucional del Acuerdo ‘Alcem-nos’ para la recuperación de la Comunitat Valenciana, que ha contado con la asistencia del presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar; el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón; el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí; el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro; el alcalde de València, Joan Ribó; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco; el alcalde de Elche, Carlos González; el presidente del Foro de Municipios del Interior y alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas; y el presidente de la Comisión de Mancomunidades de la FVMP y presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez; el secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, Alfred Boix, y el director general de Administración Local, Toni Such.

Más de 300 acciones en 13 ejes
El president de la Generalitat ha explicado que las instituciones valencianas, «que representan a los 5 millones de valencianos y valencianas», han diseñado el contenido de la alianza institucional firmada esta mañana, con la que se establece «el camino de nuestro futuro». Así, el segundo pacto de ‘Alcem-nos’, ha sido rubricado por la Generalitat, las tres diputaciones, las cuatro grandes ciudades y los 542 ayuntamientos representados por la FVMP.
«Estamos ante un acuerdo sin precedentes», ha remarcado Puig, para a continuación a agradecer el trabajo de las 300 personas que han participado en la mesa institucional a lo largo de dos meses de negociación.

El documento consensuado desgrana 303 acciones, repartidas en 13 ejes, entre las que el jefe del Gobierno valenciano ha destacado 10 actuaciones inmediatas: planes municipales de recuperación; planes de empleo local; estímulo del comercio local y de la economía circular; refuerzo de los servicios sociales contra la exclusión; ventajas fiscales para los afectados, adaptando el IBI, el IAE o las tasas municipales a la situación actual; máxima eficiencia de los recursos públicos; refuerzo ante las emergencias y la protección de la salud; apoyo al tejido productivo local; transición a una administración digital, y más colaboración público-privada que estimule la economía y el empleo.

Más concretamente, en el ámbito de los servicios sociales se ha acordado el refuerzo de la atención domiciliaria, la teleasistencia, los planes en barrios humildes y la coordinación del Ingreso Mínimo Vital; en el área de
salud pública se apuesta por la elaboración de planes de salud municipal que primen la detección de casos, la intensificación de la desinfección general y el establecimiento de programas de atención psicológica por los efectos de la pandemia.

En cuanto a la promoción económica y la industria se contempla, entre otros aspectos, la reducción de la presión fiscal, la reforma de la regla de gasto, la orientación al modelo hacia los ODS y el desarrollo verde, y en lo que se refiere a la movilidad y el territorio se preven planes de movilidad urbana sostenible y el impulso hacia la transición energética.

Para la agricultura y medio ambiente se acuerda impulsar el cooperativismo, recuperar tierras abandonadas y beneficiar con un IBI mínimo a las tierras productivas; en el área de vivienda se ha convenido un impulso a la vivienda pública con promociones directas, rehabilitaciones, alquileres sociales y medidas fiscales para cascos antiguos y zonas despobladas, y en el ámbito de seguridad, emergencias y protección civil se contempla el asentamiento de una dimensión local de las Emergencias donde las mancomunidades lideren la prestación de este servicio.

En educación, cultura y deporte quedan recogidas acciones como la reprogramación de actividades suspendidas, la habilitación de nuevos espacios y bonos culturales, y el apoyo a los clubs y empresas deportivas; por lo que se refiere a financiación y fondos europeos se prevé la suspensión, aplazamiento o reducción de tasas municipales a sectores dañados y el aplazamiento o bonificación de impuestos como el IBI o el IAE.

Finalmente, en el área de innovación y digitalización se acuerda, entre otros puntos, disminuir la brecha digital entre municipios; en el ámbito de la participación y cooperación, se conviene la existencia de orientadores laborales para los municipios de más de 10.000 habitantes; en cuanto a la despoblación se acuerda la dotación de nuevos agentes de desarrollo local para dinamizar el interior, el establecimiento de una fiscalidad diferenciada y disminución de la burocracia y la puesta en marcha de una plataforma digital con los servicios de cada municipio, y en turismo, se recogen puntos como el fomento del turismo local y creación de nuevos productos dentro de la estrategia marca-pueblo.

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El Gobierno obligará a patinetes eléctricos a contratar un seguro a partir de esta fecha

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Seguro patinete eléctrico
En la imagen, una persona circula en un patinete bajo la lluvia en la ciudad de València. EFE / Manuel Lorenzo/Archivo

El Gobierno ha aprobado un proyecto de ley que introduce la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil para los propietarios de un patinete eléctrico. Además, se establecerá un registro para estos vehículos ligeros que deberá estar operativo antes del 2 de enero de 2026.

Asimismo, se ampliará la definición de vehículo de motor para incluir una amplia gama de maquinaria, como la agrícola y la de construcción. Los propietarios de estos equipos deberán contratar un seguro obligatorio del automóvil, con el objetivo de facilitar la resolución de siniestros.

A partir de ahora, se considerarán vehículos a motor aquellos que puedan alcanzar una velocidad máxima de fabricación superior a 25 kilómetros por hora o que tengan un peso neto superior a 25 kg y una velocidad máxima de fabricación de más de 14 km/h.

MÁS DE 2 MILLONES DE MÁQUINAS ASEGURADAS Y 200 MILLONES DE EUROS

En total, más de dos millones de máquinas deberán asegurarse, lo que representará un negocio de 200 millones de euros, de los cuales 30 millones repercutirán en los distribuidores, según la Fundación Inade.

El objetivo es «mejorar la cobertura, las indemnizaciones y la seguridad de las víctimas de accidentes de tráfico», según anunció la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.

El Gobierno ha dado luz verde a la ley que modifica el texto refundido de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor de 2004, colocando a España entre los países que han adoptado la última directiva europea aprobada en noviembre de 2021. Esta directiva aclara qué debe considerarse un vehículo a motor y el «hecho de la circulación».

EL SEGURO PARA PATINETES ELÉCTRICOS

Conforme a la jurisprudencia europea, el concepto de «hecho de la circulación» se amplía para incluir «toda utilización de un vehículo» en el momento del accidente, independientemente de sus características, el terreno y si el vehículo está parado o en movimiento.

La nueva legislación también introduce mejoras en el sistema de valoración de indemnizaciones por daños personales causados por accidentes de circulación, empleando un nuevo «baremo». Además, una comisión de expertos estudiará la conveniencia de un seguro obligatorio para los nuevos vehículos de movilidad personal.

El procedimiento para el cálculo y pago de indemnizaciones se agiliza, con el objetivo de lograr una resolución rápida sin necesidad de recurrir a los juzgados. Las coberturas se actualizarán conforme al Índice de Precios al Consumo.

INDEMNIZACIONES CUBIERTAS EN CASO DE INSOLVENCIA DE LA ASEGURADORA

La directiva también ordena que un fondo de garantía en cada país cubra las indemnizaciones a las víctimas en caso de insolvencia de la entidad aseguradora, tarea que en España corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros.

La norma introduce cambios en la ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras, mejorando las facultades de control para garantizar la idoneidad de las personas que dirigen las aseguradoras y mediante la implementación de planes preventivos de recuperación.

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