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Ana Obregón y la gestación subrogada en EEUU: Normas, precios y polémicas

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gestacion subrogada eeuu
¿Por qué realizó Obregón la gestación subrogada en Miami? Imagen: Pixabay

Esta mañana conocíamos la noticia de que Ana Obregón ha tenido una niña por gestación subrogada en Estados Unido. Esta noticia ha vuelto a llevar a los medios y las redes sociales el debate sobre esta práctica prohibida en España.

Vuelve la discusión sobre la gestación subrogada

La gestación subrogada, también conocida como vientre de alquiler o, en la legislación española «gestación por sustitución» es un tema que genera polémica cada vez que se da a conocer alguna noticia al respecto. Uno de los últimos momentos de debate intenso se había generado al comienzo de la guerra en Ucrania, pues la práctica es legal en este país, donde existen incluso «granjas de niños». La noticia de Ana Obregón esta mañana no ha llevado el debate a la esfera internacional, pero sí está generando revuelo en nuestro país.

¿Por qué Miami? Los vientres de alquiler en Estados Unidos

Ni siquiera en todo Estados Unidos la gestación subrogada es legal. Como es un estado federal, cada uno de sus estados tiene leyes diferentes al respecto. Hay estados donde está permitida y donde no y las condiciones en que se permite varían también.

En los estados que lo prohíben también hay variaciones en cuanto a la legislación. Dentro de ellos, estados como Arizona, Michigan y Nueva York lo consideran un delito penal. Las multas y penas pueden aplicarse a todos los involucrados. En otros estados no hay pena, pero el acuerdo se considera nulo. Esta nulidad en el acuerdo es contemplada también por la legislación española, motivo por el que Ana Obregón acudió a los Estados Unidos.

Hasta 170.000$: El precio de la gestación subrogada en EEUU

La gestación subrogada tiene un precio en los Estados Unidos de entre 11.000 y 170.000$. El precio dependerá de los honorarios de la agencia contratada, los honorarios legales, los costos médicos (recordemos que en Estados Unidos la sanidad es privada), si hay o no donación de óvulo… Toda una serie de factores que influyen en el precio final, que se situará en esa horquilla. Sin embargo, Fertility Center LV advierte que la demanda puede influir en el precio. Estados como California, donde son muchas las parejas que realizan esta práctica, el precio puede aumentar entre 5000 o 10000$ por compensación a la madre.

La legislación que rige en Miami

Las normas en Miami son las del estado de Florida. Está permitido el contrato de vientre de alquiler tanto con donante de óvulo como sin él. La práctica más común es la primera de ellas. En el caso del esperma, puede también pertenecer al padre biológico o tratarse de un donante. Según los medios, Ana Obregón habría recurrido a un donante.

La bióloga puede acceder a esta práctica debido a que el estado permite a personas de fuera del país recurrir a ellas tras firmar un contrato. En dicho contrato, la madre biológica renuncia al derecho de maternidad en favor de la persona que la contrata.

La gestación subrogada de Ana Obregón: ¿madre de su nieta?

Son muchos los aspectos de la noticia sobre Obregón que han ocasionado polémica: la foto, su edad, la práctica en sí misma… Y ahora el rumor de que la niña sea biológicamente su nieta.

Las redes llevan ardiendo toda la mañana ante la posibilidad de que Ana Obregón hubiese usado el esperma congelado de su hijo. La teoría conspiranoica nació en twitter y parte de que es común en los enfermos oncológicos congelar el semen. Sin embargo, como apunta EPE, este esperma solo puede usarse hasta 12 meses después del fallecimiento. El hijo de Obregón y Lequio ha muerto hace tres años, por lo que la teoría es en realidad… Nada más que una teoría.

La legislación española sobre los vientres de alquiler

Es necesario recordar que la gestación subrogada es un delito en España. El contrato por subrogación es nulo y así lo establece la ley. No solo eso, sino que está reconocida como una forma de violencia contra la mujer. El Tribunal Supremo de nuestro país ha confirmado mediante sentencias que los vientres de alquiler vulneran los derechos de la madre y del niño.

En Europa hay países que lo permiten, que lo prohíben y otros como Grecia, Bélgica o Finlandia donde no está regulado por ley, pero no existe una prohibición.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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