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Gibraltar declara el confinamiento general de su población

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Algeciras (Cádiz), 2 ene (EFE).- El Gobierno de Gibraltar ha decretado el confinamiento general de su población por un periodo de catorce días, después de las cifras de contagios «notablemente altas y preocupantes» registradas en los últimos días en el Peñón, que sitúan los contagios en 973 casos activos.

Según ha señalado el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, en un comunicado, la medida supondrá un confinamiento total de 24 horas, por lo que los gibraltareños sólo podrán salir de sus casas para trabajar, hacer compras esenciales o pasear con niños.

A este confinamiento se incluyen otras excepciones como las salidas justificadas por razones sanitarias, niños y personas con necesidades especiales, custodias compartidas, visitas justificadas a ancianos o enfermos o pasear perros.

Estas medidas se suman a otras adoptadas ya como el toque de queda o el cierre de los comercios no esenciales, una situación que viene provocada porque «el virus se está propagando más rápido de lo que podemos controlarlo y no podemos permitir que esta presión aumente hasta el punto del colapso».

Así, ha destacado que el número total de casos confirmados desde que Gibraltar comenzó a hacer pruebas es de 2.304.

Hace justo un mes, el pasado 2 de diciembre, las cifras estaban en 5 nuevos casos, pero el incremento de contagios se ha hecho notorio en los últimos días, con 92 nuevos infectados en la jornada de ayer y 172 hoy.

Picardo ha reconocido que a esta situación «no ha ayudado que, mientras estamos tomando medidas aquí, hemos visto a algunos residentes en Gibraltar que han decidido viajar a España».

Sobre la presencia de la cepa británica, Picardo ha señalado que «el comportamiento del virus, con una infecciosidad tan masiva, sugiere que estamos ante la nueva variante más infecciosa, pero no podemos confirmarlo genéticamente».

El ministro principal ha informado también de que la vacuna llegará a Gibraltar procedente de Reino Unido el día 9 de enero, lo que permitirá vacunar a unas 5.000 personas, lo que supone la sexta parte de la población del Peñón.

Este nivel de cobertura sanitaria supone, en palabras de Picardo, que «sobre una base ‘per cápita’, estamos casi realizando más pruebas que en cualquier otra parte del mundo».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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