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Gibraltar declara el confinamiento general de su población

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Algeciras (Cádiz), 2 ene (EFE).- El Gobierno de Gibraltar ha decretado el confinamiento general de su población por un periodo de catorce días, después de las cifras de contagios «notablemente altas y preocupantes» registradas en los últimos días en el Peñón, que sitúan los contagios en 973 casos activos.

Según ha señalado el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, en un comunicado, la medida supondrá un confinamiento total de 24 horas, por lo que los gibraltareños sólo podrán salir de sus casas para trabajar, hacer compras esenciales o pasear con niños.

A este confinamiento se incluyen otras excepciones como las salidas justificadas por razones sanitarias, niños y personas con necesidades especiales, custodias compartidas, visitas justificadas a ancianos o enfermos o pasear perros.

Estas medidas se suman a otras adoptadas ya como el toque de queda o el cierre de los comercios no esenciales, una situación que viene provocada porque «el virus se está propagando más rápido de lo que podemos controlarlo y no podemos permitir que esta presión aumente hasta el punto del colapso».

Así, ha destacado que el número total de casos confirmados desde que Gibraltar comenzó a hacer pruebas es de 2.304.

Hace justo un mes, el pasado 2 de diciembre, las cifras estaban en 5 nuevos casos, pero el incremento de contagios se ha hecho notorio en los últimos días, con 92 nuevos infectados en la jornada de ayer y 172 hoy.

Picardo ha reconocido que a esta situación «no ha ayudado que, mientras estamos tomando medidas aquí, hemos visto a algunos residentes en Gibraltar que han decidido viajar a España».

Sobre la presencia de la cepa británica, Picardo ha señalado que «el comportamiento del virus, con una infecciosidad tan masiva, sugiere que estamos ante la nueva variante más infecciosa, pero no podemos confirmarlo genéticamente».

El ministro principal ha informado también de que la vacuna llegará a Gibraltar procedente de Reino Unido el día 9 de enero, lo que permitirá vacunar a unas 5.000 personas, lo que supone la sexta parte de la población del Peñón.

Este nivel de cobertura sanitaria supone, en palabras de Picardo, que «sobre una base ‘per cápita’, estamos casi realizando más pruebas que en cualquier otra parte del mundo».

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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