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Gobierno y comunidades analizan si hay que replantear el plan de Semana Santa

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EFE/Fernando Villar/Archivo

Madrid, 24 mar (EFE).- El Gobierno y las comunidades autónomas vuelven a reunirse esta tarde preocupados por el incipiente repunte de los contagios a las puertas de la Semana Santa, con lo que sobre la mesa pondrán la pertinencia de endurecer aún más las restricciones para tratar de evitar la temida cuarta ola.

Aunque el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó hace un par de semanas una serie de actuaciones coordinadas para el Puente de San José y la Semana Santa para atajar la expansión del virus, estos días el Gobierno no ha descartado que puedan añadirse otras.

Cuando aún los efectos del puente no se han hecho notar en la curva, y mientras varios países europeos han decretado duros confinamientos para Pascua, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dejó el lunes la puerta abierta a replantear las medidas anticovid ante este cambio de tendencia.

Y es que el plan consensuado con las comunidades -que contemplaba, entre otras, el cierre perimetral, el toque de queda nocturno a partir de las 23 horas, limitaciones a las reuniones sociales de entre 4 y 6 personas y prohibición de encuentros entre no convivientes en domicilios- era «un acuerdo de mínimos» a los que las autonomías pueden añadir «medidas más restrictivas».

Pero «si la situación cambia mucho, puede plantearse otro acuerdo», advirtió.

En la misma línea, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, avanzó ayer que esta tarde el CISNS adoptará «medidas complementarias» para frenar la transmisión, porque la experiencia, como la de las pasadas Navidades, ya ha demostrado que las consecuencias de tratar de salvar estas festividades «son peores».

La reunión coincide con la polémica generada por el veto a los desplazamientos entre comunidades cuando sí están permitidos los viajes internacionales y la llegada de turistas extranjeros, algo que desde el Gobierno justifican con el principio de «reciprocidad».

De momento, en Andalucía descartan que se vayan a endurecer las restricciones tras el freno del descenso de los datos y ha pedido al Ejecutivo central que se intensifiquen la vigilancia y los controles de movilidad para tener mayor seguridad, tal y como expresaron ayer el vicepresidente de la Junta, Juan Marín y el consejero de la Presidencia y portavoz, Elías Bendodo.

Así, la Junta aboga por mantener el cierre de cada una de las provincias y ampliar horarios comerciales y de hostelería.

Mientras, la portavoz del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, avisó que ante los «pequeños incrementos» en algunos indicadores epidemiológicos, «con mucha probabilidad» se prorrogarán las restricciones ya en vigor para frenar el avance del virus durante dos semanas más, incluida la Semana Santa.

Budó quiso mostrarse cauta, puesto que la pandemia ha enseñado a «no hacer ninguna afirmación categórica». «No se puede descartar ningún escenario», añadió.

En Galicia no se relajarán las medidas vigentes hasta después de la Semana Santa; la Xunta optará por «consolidar» las medidas de apertura antes de dar «nuevos pasos» en el proceso de desescalada, según su vicepresidente, Alfonso Rueda.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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