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Gobierno y comunidades analizan si hay que replantear el plan de Semana Santa

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EFE/Fernando Villar/Archivo

Madrid, 24 mar (EFE).- El Gobierno y las comunidades autónomas vuelven a reunirse esta tarde preocupados por el incipiente repunte de los contagios a las puertas de la Semana Santa, con lo que sobre la mesa pondrán la pertinencia de endurecer aún más las restricciones para tratar de evitar la temida cuarta ola.

Aunque el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó hace un par de semanas una serie de actuaciones coordinadas para el Puente de San José y la Semana Santa para atajar la expansión del virus, estos días el Gobierno no ha descartado que puedan añadirse otras.

Cuando aún los efectos del puente no se han hecho notar en la curva, y mientras varios países europeos han decretado duros confinamientos para Pascua, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dejó el lunes la puerta abierta a replantear las medidas anticovid ante este cambio de tendencia.

Y es que el plan consensuado con las comunidades -que contemplaba, entre otras, el cierre perimetral, el toque de queda nocturno a partir de las 23 horas, limitaciones a las reuniones sociales de entre 4 y 6 personas y prohibición de encuentros entre no convivientes en domicilios- era «un acuerdo de mínimos» a los que las autonomías pueden añadir «medidas más restrictivas».

Pero «si la situación cambia mucho, puede plantearse otro acuerdo», advirtió.

En la misma línea, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, avanzó ayer que esta tarde el CISNS adoptará «medidas complementarias» para frenar la transmisión, porque la experiencia, como la de las pasadas Navidades, ya ha demostrado que las consecuencias de tratar de salvar estas festividades «son peores».

La reunión coincide con la polémica generada por el veto a los desplazamientos entre comunidades cuando sí están permitidos los viajes internacionales y la llegada de turistas extranjeros, algo que desde el Gobierno justifican con el principio de «reciprocidad».

De momento, en Andalucía descartan que se vayan a endurecer las restricciones tras el freno del descenso de los datos y ha pedido al Ejecutivo central que se intensifiquen la vigilancia y los controles de movilidad para tener mayor seguridad, tal y como expresaron ayer el vicepresidente de la Junta, Juan Marín y el consejero de la Presidencia y portavoz, Elías Bendodo.

Así, la Junta aboga por mantener el cierre de cada una de las provincias y ampliar horarios comerciales y de hostelería.

Mientras, la portavoz del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, avisó que ante los «pequeños incrementos» en algunos indicadores epidemiológicos, «con mucha probabilidad» se prorrogarán las restricciones ya en vigor para frenar el avance del virus durante dos semanas más, incluida la Semana Santa.

Budó quiso mostrarse cauta, puesto que la pandemia ha enseñado a «no hacer ninguna afirmación categórica». «No se puede descartar ningún escenario», añadió.

En Galicia no se relajarán las medidas vigentes hasta después de la Semana Santa; la Xunta optará por «consolidar» las medidas de apertura antes de dar «nuevos pasos» en el proceso de desescalada, según su vicepresidente, Alfonso Rueda.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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