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Gobierno y comunidades analizan si hay que replantear el plan de Semana Santa

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EFE/Fernando Villar/Archivo

Madrid, 24 mar (EFE).- El Gobierno y las comunidades autónomas vuelven a reunirse esta tarde preocupados por el incipiente repunte de los contagios a las puertas de la Semana Santa, con lo que sobre la mesa pondrán la pertinencia de endurecer aún más las restricciones para tratar de evitar la temida cuarta ola.

Aunque el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó hace un par de semanas una serie de actuaciones coordinadas para el Puente de San José y la Semana Santa para atajar la expansión del virus, estos días el Gobierno no ha descartado que puedan añadirse otras.

Cuando aún los efectos del puente no se han hecho notar en la curva, y mientras varios países europeos han decretado duros confinamientos para Pascua, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dejó el lunes la puerta abierta a replantear las medidas anticovid ante este cambio de tendencia.

Y es que el plan consensuado con las comunidades -que contemplaba, entre otras, el cierre perimetral, el toque de queda nocturno a partir de las 23 horas, limitaciones a las reuniones sociales de entre 4 y 6 personas y prohibición de encuentros entre no convivientes en domicilios- era «un acuerdo de mínimos» a los que las autonomías pueden añadir «medidas más restrictivas».

Pero «si la situación cambia mucho, puede plantearse otro acuerdo», advirtió.

En la misma línea, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, avanzó ayer que esta tarde el CISNS adoptará «medidas complementarias» para frenar la transmisión, porque la experiencia, como la de las pasadas Navidades, ya ha demostrado que las consecuencias de tratar de salvar estas festividades «son peores».

La reunión coincide con la polémica generada por el veto a los desplazamientos entre comunidades cuando sí están permitidos los viajes internacionales y la llegada de turistas extranjeros, algo que desde el Gobierno justifican con el principio de «reciprocidad».

De momento, en Andalucía descartan que se vayan a endurecer las restricciones tras el freno del descenso de los datos y ha pedido al Ejecutivo central que se intensifiquen la vigilancia y los controles de movilidad para tener mayor seguridad, tal y como expresaron ayer el vicepresidente de la Junta, Juan Marín y el consejero de la Presidencia y portavoz, Elías Bendodo.

Así, la Junta aboga por mantener el cierre de cada una de las provincias y ampliar horarios comerciales y de hostelería.

Mientras, la portavoz del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, avisó que ante los «pequeños incrementos» en algunos indicadores epidemiológicos, «con mucha probabilidad» se prorrogarán las restricciones ya en vigor para frenar el avance del virus durante dos semanas más, incluida la Semana Santa.

Budó quiso mostrarse cauta, puesto que la pandemia ha enseñado a «no hacer ninguna afirmación categórica». «No se puede descartar ningún escenario», añadió.

En Galicia no se relajarán las medidas vigentes hasta después de la Semana Santa; la Xunta optará por «consolidar» las medidas de apertura antes de dar «nuevos pasos» en el proceso de desescalada, según su vicepresidente, Alfonso Rueda.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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