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Gobierno y comunidades analizan si hay que replantear el plan de Semana Santa

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EFE/Fernando Villar/Archivo

Madrid, 24 mar (EFE).- El Gobierno y las comunidades autónomas vuelven a reunirse esta tarde preocupados por el incipiente repunte de los contagios a las puertas de la Semana Santa, con lo que sobre la mesa pondrán la pertinencia de endurecer aún más las restricciones para tratar de evitar la temida cuarta ola.

Aunque el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó hace un par de semanas una serie de actuaciones coordinadas para el Puente de San José y la Semana Santa para atajar la expansión del virus, estos días el Gobierno no ha descartado que puedan añadirse otras.

Cuando aún los efectos del puente no se han hecho notar en la curva, y mientras varios países europeos han decretado duros confinamientos para Pascua, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dejó el lunes la puerta abierta a replantear las medidas anticovid ante este cambio de tendencia.

Y es que el plan consensuado con las comunidades -que contemplaba, entre otras, el cierre perimetral, el toque de queda nocturno a partir de las 23 horas, limitaciones a las reuniones sociales de entre 4 y 6 personas y prohibición de encuentros entre no convivientes en domicilios- era «un acuerdo de mínimos» a los que las autonomías pueden añadir «medidas más restrictivas».

Pero «si la situación cambia mucho, puede plantearse otro acuerdo», advirtió.

En la misma línea, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, avanzó ayer que esta tarde el CISNS adoptará «medidas complementarias» para frenar la transmisión, porque la experiencia, como la de las pasadas Navidades, ya ha demostrado que las consecuencias de tratar de salvar estas festividades «son peores».

La reunión coincide con la polémica generada por el veto a los desplazamientos entre comunidades cuando sí están permitidos los viajes internacionales y la llegada de turistas extranjeros, algo que desde el Gobierno justifican con el principio de «reciprocidad».

De momento, en Andalucía descartan que se vayan a endurecer las restricciones tras el freno del descenso de los datos y ha pedido al Ejecutivo central que se intensifiquen la vigilancia y los controles de movilidad para tener mayor seguridad, tal y como expresaron ayer el vicepresidente de la Junta, Juan Marín y el consejero de la Presidencia y portavoz, Elías Bendodo.

Así, la Junta aboga por mantener el cierre de cada una de las provincias y ampliar horarios comerciales y de hostelería.

Mientras, la portavoz del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, avisó que ante los «pequeños incrementos» en algunos indicadores epidemiológicos, «con mucha probabilidad» se prorrogarán las restricciones ya en vigor para frenar el avance del virus durante dos semanas más, incluida la Semana Santa.

Budó quiso mostrarse cauta, puesto que la pandemia ha enseñado a «no hacer ninguna afirmación categórica». «No se puede descartar ningún escenario», añadió.

En Galicia no se relajarán las medidas vigentes hasta después de la Semana Santa; la Xunta optará por «consolidar» las medidas de apertura antes de dar «nuevos pasos» en el proceso de desescalada, según su vicepresidente, Alfonso Rueda.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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