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Grezzi sobre su polémico vídeo: «Esto es cosa de la extrema derecha que ya no manda en Valencia»

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El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi, reaparecía este martes públicamente tras su polémico vídeo en el que él mismo publicaba en sus redes sociales grabándose con el móvil mientras circula en bicicleta por Valencia, incumpliendo así varias normas de tráfico.

Tras presentar el anillo ciclista y con cierta tensión, el edil hacía mención a los hechos refiriéndose a las palabras que este lunes hacía el alcalde de Valencia, Joan Ribó sobre los hechos, en las que defendía la «buena gestión» del italiano pero alegaba que «debía cumplir la ley como todos».

«Hay un procedimiento sancionador y como cualquier otro ciudadano se me tiene que aplicar la ley y no voy a ser menos porque tengo máximo respeto a la legalidad y a la ley y si he cometido una infracción pues que se me sancione», a lo que agregaba que «lo ha dicho el alcalde y en eso estoy».

Al ser preguntado si piensa dimitir tras las críticas recibidas por el controvertido vídeo, Grezzi respondía contundente: «Quién pide la dimisión? Yo he escuchado que la ha pedido un concejal imputado por corrupción», en referencia al concejal del grupo municipal del PP, Alberto Mendoza.

Sobre la polémica surgida el edil ha señalado que «esto es todo una cosa que viene de la extrema derecha que le interesaría que en Valencia se hablara de otra cosa y no se habla de otra cosa que de este tema», en referencia al anillo ciclista.

«Pero la extrema derecha ya no manda en esta ciudad, la extrema derecha ya no manda en Valencia así que no vamos a alimentar más este asunto», ha concluido.

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Nueva Ley ‘Antiokupas’ en España: Adiós a la ocupación de viviendas, esta será su fecha de entrada en vigor

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nueva ley antiokupas

El Congreso aprueba una enmienda para agilizar los juicios por usurpación y allanamiento de morada

La ocupación ilegal de viviendas en España está cerca de un cambio significativo.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que establece que los delitos de usurpación y allanamiento de morada sean tramitados en juicios abreviados, permitiendo que se resuelvan en un máximo de 15 días desde que los ‘okupas’ son puestos a disposición judicial.

La iniciativa fue aprobada con el respaldo del PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, ERC y Bildu, aunque este último reconoció su voto como un error y se disculpó públicamente. Vox se abstuvo, mientras que PSOE, Sumar, Podemos y BNG votaron en contra.

 

Siguientes pasos para la aprobación definitiva

La reforma forma parte de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia y ahora se encuentra en el Senado, que tiene hasta dos meses para debatir la propuesta. Sin embargo, al no ser un proyecto declarado urgente, los plazos pueden extenderse. En el Senado pueden suceder tres escenarios:

  1. Aprobación sin cambios: La ley pasa directamente al proceso de sanción, promulgación y publicación.
  2. Veto absoluto: La iniciativa vuelve al Congreso sin ser aprobada, aunque no se espera que ocurra debido a la mayoría del PP en la Cámara Alta.
  3. Enmiendas parciales: El texto es modificado y regresaría al Congreso para su debate final.

Si se aprueba sin modificaciones, el Rey procederá a sancionar y promulgar la ley, un acto formal que no puede ser revocado. Posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor en el plazo indicado por la ley o, en su defecto, en 20 días.

Impacto de la nueva ley en los plazos legales actuales
El cambio permitirá agilizar notablemente los procesos judiciales. En la actualidad, el 80% de los casos de desahucio en España tardan entre 4 y 9 meses en resolverse. Con la reforma, estos casos se resolverán en 15 días.

 

Comparativa con otros países europeos

En otros países de Europa, las medidas contra la ocupación ilegal son más inmediatas:

  • Francia: La Policía puede desalojar sin autorización judicial en 48 horas. Las penas llegan a tres años de prisión y multas de hasta 45.000 euros.
  • Alemania: El desalojo se produce en 24 horas y las penas alcanzan hasta dos años de cárcel si se utiliza violencia.
  • Reino Unido: La Policía puede actuar sin permiso judicial y la pena máxima es de 51 semanas de prisión y multas de hasta 5.700 euros, salvo si los ‘okupas’ abandonan la vivienda antes de las primeras 24 horas.

 

 

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