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GÜRTEL | Agentes de la UDEF confirman que gran parte de los actos electorales del PP de Camps se pagaron en negro

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(EUROPA PRESS)-Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que participaron en la investigación de la trama Gürtel han confirmado este martes ante el titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, que parte de los actos electorales del PP de la Comunitat Valenciana liderado por Francisco Camps se pagaron en negro.

Los investigadores, que han comparecido como testigos en el juicio por la presunta financiación ilegal de los ‘populares’ valencianos, han ratificado los informes que elaboraron y han explicado que los eventos que fueron contratados con la empresa de la trama Gürtel Orange Market fueron sufragados de forma ilegal. La red corrupta organizó los eventos y los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 para la formación política regional.

Uno de los agentes ha indicado que en la contabilidad de las empresas del ‘cabecilla’ de la trama, Francisco Correa, se hizo una distinción entre el dinero que se abonó dentro del «circuito legal» y el que se entregó de forma opaca. Según ha explicado, en uno de los documentos en formato Excel almacenado en el pendrive incautado al presunto contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo, los pagos se diferenciaron en dos columnas denominadas ‘Alicante’ y ‘Barcelona’.

REDUCCIONES DE DEUDA

El agente ha señalado que en ‘Alicante’ se incluyen aquellas «reducciones de deuda» que se han abonado con «dinero perteneciente al circuito legal» y para cuyos servicios se ha emitido una factura con liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA); mientras que en ‘Barcelona’ se apunta todo «lo contrario».

Ha concretado que los importes que aparecen en ‘Alicante’ hacen referencia a las facturas emitidas al PP regional por el conjunto de actos que realizó Orange Market; pero también a las que se mandaron a constructores que eran «adjudicatarios en la zona de análisis», en referencia a la Comunitat Valenciana, y que disminuyeron la deuda del partido. Nueve empresarios acusados en este juicio reconocieron, primero ante la Fiscalía Anticorrupción y después ante el juez, haber sufragado irregularmente los actos electorales de los ‘populares’ valencianos.

Este policía también ha afirmado que analizaron correos electrónicos enviados al ‘número dos’ de la Gürtel, Pablo Crespo, en el que se hacen mención a los ingresos en ‘Barcelona’. Asimismo, ha asegurado que el contable de Orange Market, Cándido Herrero, era conocedor de las formas de pago porque era la persona que elaboró esta documentación.

Precisamente, Herrero admitió en su declaración como acusado en este juicio la diferenciación de pagos que hacía la trama, aunque destacó que se encontró con este «sistema de trabajo» cuando entró en Orange Market. «Existen unas hojas donde ponen una serie de nombres y cosas que si Barcelona, que si Alicante y esa misma hoja es después para mi», subrayó.

LAS SIGLAS

Por otro lado, este investigador ha recordado que en dicho informe se hacía mención a unos nombres y pseudónimos que supuestamente hicieron aportaciones para sufragar estos servicios, además de las mercantiles constructoras, y que el equipo de la UDEF interpretó que hacían referencia a políticos y empresarios. Así, ‘El Príncipe’ se atribuyó a Felipe Almenar Manteca, vinculado a la sociedad CYES Infraestructuras SA; ‘Sonia’, a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo; ‘El Cantante’, a Rafael Martínez Berna, vinculado con el Grupo empresarial Villalba; o ‘El Tuerto’, al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra.

El otro agente que ha confirmado este martes los pagos en ‘b’ del PP de la Comunitat Valenciana ha enfatizado que el 80 por ciento de los pagos a Orange Market se apuntaron en la columna de ‘Barcelona’. También que en la contabilidad de la Gürtel aparecían escritas otras letras y siglas como ‘P’, que relacionaron con el partido y ‘PROV’, que identificaron como las sedes provinciales del PP en Alicante, Valencia y Castellón que pagaron a Orange Market.

Otro de los agentes de la UDEF, que también ha testificado este martes en la vista oral, y que participó en los registros de las oficinas de la Gürtel, ha aseverado que en el pendrive de Izquierdo aparece con claridad la «dinámica» de movimientos de fondos entre Orange Market y las empresas de Francisco Correa entre 2007 y 2009, año en el que estalló la trama. Unos traspasos que nutrían la contabilidad «ajena a la ilegalidad», ha asegurado.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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