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Huelga y protestas en el último día de negociación del ERE de CaixaBank

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(EFE).- Los sindicatos de CaixaBank han convocado una nueva jornada de huelga para intentar presionar en el último día de negociación del Expediente de Regulación de Empleo planteado por la entidad, que supone la salida de 6.950 personas, ya que se niegan a que haya despidos forzosos.

Entre las 10.00 y las 12.00 horas, trabajadores de la entidad están celebrando concentraciones en diversas ciudades españolas, con miles de trabajadores, para rechazar el expediente. Según fuentes sindicales, el cierre de oficinas este martes es superior al 90 % y la bajada de la actividad superior al 95 %, y muchas comunidades registran cierres del cien por cien.

Tras la última reunión, la afectación del ERE ha aumentado para las provincias de Alicante y Castellón y ha bajado algo en la de Valencia, de manera que se plantean 188 en Alicante (253 según la propuesta de inicio), 514 en Valencia (antes 563) y 156 en Castellón (antes 161).

Para los representantes sindicales, la negociación «no va demasiado bien» porque hay despidos forzosos encima de la mesa y ninguna organización está «por firmar», y en la última reunión -que ha comenzado a las 9 de la mañana- se está intentando dar solución a los excedentes que plantea la dirección para las provincias, que están condicionadas por la cláusula de forzosidad.

Según UGT, la plantilla está concienciada de que los despidos forzosos ahora mismo son «innecesarios» y pude haber soluciones organizativas no forzosas, como tradicionalmente se ha hecho en CaixaBank. Para CCOO, la dirección «sigue empeñada» en que los despidos sean forzosos y en «quitar condiciones a los que se queden», por lo que en estos momentos se desconoce si se podrá llegar a un acuerdo in extremis o se podrá prorrogar la negociación.

Según la última rebaja planteada, los afectados por el ERE serían 6.750 empleados, 200 menos que la cifra anterior dada por la dirección de CaixaBank.

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El Tribunal Supremo ordena a la familia Franco devolver al Estado el Pazo de Meirás

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El Tribunal Supremo de España ha decidido por unanimidad que la familia Franco debe devolver al Estado el Pazo de Meirás, confirmando la sentencia previamente dictada por la Audiencia Provincial de La Coruña. La decisión pone fin a décadas de disputas legales sobre la propiedad de este emblemático inmueble.

La sentencia y sus fundamentos

La Audiencia Provincial de La Coruña ya había resuelto que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado. Los hermanos Martínez-Bordiú Franco debían devolver la posesión del inmueble, con derecho a ser indemnizados por los gastos necesarios y útiles realizados durante su tiempo de posesión, ya que no se les consideraba poseedores de mala fe.

El Tribunal Supremo ha confirmado todos los puntos de la sentencia, desestimando los recursos presentados por la familia Franco y otros afectados. Según la Sala Primera:

  • Desde 1938, el Pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado, similar al Palacio del Pardo, por lo que sus moradores no podían considerarse dueños legítimos.

  • No ha transcurrido el plazo legal de treinta años para adquirir la propiedad por prescripción.

  • No existió ninguna desafectación tácita que despojara al inmueble de su carácter de bien de dominio público.

  • La familia Franco conservará el derecho a indemnización por gastos realizados de buena fe durante su posesión, conforme al Código Civil.

Un caso histórico que concluye

Con esta decisión, el Pazo de Meirás pasará a titularidad pública, cerrando un capítulo histórico que se extendió durante décadas. Este fallo refleja la importancia de la protección de los bienes de dominio público y consolida la recuperación de un patrimonio histórico para el Estado.

El Tribunal Supremo confirma así plenamente la resolución de la Audiencia Provincial de La Coruña, subrayando la buena fe de los poseedores y el derecho a la compensación económica, pero reafirmando que la propiedad pertenece al Estado.

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