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Huelga y protestas en el último día de negociación del ERE de CaixaBank

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(EFE).- Los sindicatos de CaixaBank han convocado una nueva jornada de huelga para intentar presionar en el último día de negociación del Expediente de Regulación de Empleo planteado por la entidad, que supone la salida de 6.950 personas, ya que se niegan a que haya despidos forzosos.

Entre las 10.00 y las 12.00 horas, trabajadores de la entidad están celebrando concentraciones en diversas ciudades españolas, con miles de trabajadores, para rechazar el expediente. Según fuentes sindicales, el cierre de oficinas este martes es superior al 90 % y la bajada de la actividad superior al 95 %, y muchas comunidades registran cierres del cien por cien.

Tras la última reunión, la afectación del ERE ha aumentado para las provincias de Alicante y Castellón y ha bajado algo en la de Valencia, de manera que se plantean 188 en Alicante (253 según la propuesta de inicio), 514 en Valencia (antes 563) y 156 en Castellón (antes 161).

Para los representantes sindicales, la negociación «no va demasiado bien» porque hay despidos forzosos encima de la mesa y ninguna organización está «por firmar», y en la última reunión -que ha comenzado a las 9 de la mañana- se está intentando dar solución a los excedentes que plantea la dirección para las provincias, que están condicionadas por la cláusula de forzosidad.

Según UGT, la plantilla está concienciada de que los despidos forzosos ahora mismo son «innecesarios» y pude haber soluciones organizativas no forzosas, como tradicionalmente se ha hecho en CaixaBank. Para CCOO, la dirección «sigue empeñada» en que los despidos sean forzosos y en «quitar condiciones a los que se queden», por lo que en estos momentos se desconoce si se podrá llegar a un acuerdo in extremis o se podrá prorrogar la negociación.

Según la última rebaja planteada, los afectados por el ERE serían 6.750 empleados, 200 menos que la cifra anterior dada por la dirección de CaixaBank.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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