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Huelga y protestas en el último día de negociación del ERE de CaixaBank

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(EFE).- Los sindicatos de CaixaBank han convocado una nueva jornada de huelga para intentar presionar en el último día de negociación del Expediente de Regulación de Empleo planteado por la entidad, que supone la salida de 6.950 personas, ya que se niegan a que haya despidos forzosos.

Entre las 10.00 y las 12.00 horas, trabajadores de la entidad están celebrando concentraciones en diversas ciudades españolas, con miles de trabajadores, para rechazar el expediente. Según fuentes sindicales, el cierre de oficinas este martes es superior al 90 % y la bajada de la actividad superior al 95 %, y muchas comunidades registran cierres del cien por cien.

Tras la última reunión, la afectación del ERE ha aumentado para las provincias de Alicante y Castellón y ha bajado algo en la de Valencia, de manera que se plantean 188 en Alicante (253 según la propuesta de inicio), 514 en Valencia (antes 563) y 156 en Castellón (antes 161).

Para los representantes sindicales, la negociación «no va demasiado bien» porque hay despidos forzosos encima de la mesa y ninguna organización está «por firmar», y en la última reunión -que ha comenzado a las 9 de la mañana- se está intentando dar solución a los excedentes que plantea la dirección para las provincias, que están condicionadas por la cláusula de forzosidad.

Según UGT, la plantilla está concienciada de que los despidos forzosos ahora mismo son «innecesarios» y pude haber soluciones organizativas no forzosas, como tradicionalmente se ha hecho en CaixaBank. Para CCOO, la dirección «sigue empeñada» en que los despidos sean forzosos y en «quitar condiciones a los que se queden», por lo que en estos momentos se desconoce si se podrá llegar a un acuerdo in extremis o se podrá prorrogar la negociación.

Según la última rebaja planteada, los afectados por el ERE serían 6.750 empleados, 200 menos que la cifra anterior dada por la dirección de CaixaBank.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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