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Iglesias a Rajoy sobre el veto presupuestario: «Se la bufa porque ya tiene atados los presupuestos»

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El veto presupuestario ha sido el motivo del último enfrentamiento que el líder de Podemos ha protagonizado con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Sesión de Control en el Congreso.

Pablo Iglesias instaba al Jefe del Ejecutivo a responder qué función cumple para él el veto presupuestario, un mecanismo que permite al Gobierno frenar iniciativas aprobadas por el Congreso si no se adaptan a lo previsto en las cuentas públicas y que según ha argumentado Rajoy busca «preservar rigor en las cuentas públicas».

Iglesias, que considera que el Gobierno de Rajoy ha abusado de ese mecanismo, le ha reprochado este aspecto y le ha señalado que el informe de los letrados señala que la capacidad de veto debería usarse en términos excepcionales porque si no se impide que las Cámaras ejerzan la potestad legislativa.

El líder de Podemos ha recordado que el actual Ejecutivo ha frenado hasta 23 iniciativas, por tanto ante ello Iglesias le ha dado querido referir variar opciones lingüísticas para justificar su conducta: «Me importa un comino el informe de los letrados; me importa un pimiento; me importa un huevo; me importa un rábano o me importa un pepino. Incluso tiene usted otras fórmulas más directas: Me la suda; me la pela; me la trae al fresco; me la trae floja, me la repamplinfa…Incluso he encontrado una idónea: me la bufa. A usted el informe de los letrados se la bufa porque ya tiene atados los presupuestos».

Rajoy le ha agradecido con ironía que ofrezca «una primicia» anunciando que ya hay pacto presupuestario. «Celebro saber que ya he conseguido el apoyo a los Presupuestos y espero que todos los grupos a los que usted ha citado tomen buena nota de ello».

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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