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Illa: «No habrá lista pública de las personas que rechacen vacunarse»

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Barcelona, 24 dic (EFE).- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que «no habrá una lista pública» de personas que rechacen vacunarse contra el coronavirus, pero ha defendido la necesidad de saber, «por garantías», que se les ha ofrecido recibir el fármaco y han declinado.

La campaña de vacunación arrancará en España el próximo domingo con una primera remesa de dosis del fármaco de Pfizer/BioNTech, del que llegarán a nuestro país algo más de 4,5 millones de dosis en las próximas doce semanas a un ritmo de alrededor de 350.000 unidades semanales, ha recordado Illa en declaraciones a Efe.

Esta primera tanda llegará el sábado a Guadalajara, donde la farmacéutica tiene un almacén; «por esta razón, por ninguna otra», ha aclarado el ministro, quien ha incidido en que «lo relevante» es que todas las comunidades van a empezar a administrar el preparado a los grupos prioritarios de riesgo más vulnerables.

Comunidades como Madrid han lamentado la cantidad de dosis que van a recibir, pero el ministro ha sido tajante: «Quien quiera convertir una esperanza en una disputa política volverá a cometer un error».

«Habrá sin duda quien quiera convertir esto en un terreno de disputa política, pero nosotros no lo haremos. Yo creo que se equivocan mucho y me parece que es un mal camino, pero cada uno decide lo que quiere hacer en la vida», ha reflexionado.

Illa ha explicado que el proceso de vacunación va a ser gradual y que «no va a depender del bolsillo, del poder adquisitivo o del estatus social», sino de «lo que han dicho los expertos», y tampoco «discrimina por ningún tipo de razón».

Preguntado por si los inmigrantes en una situación administrativa irregular también podrán acceder de forma gratuita al fármaco, el ministro ha respondido que «a las personas que llegan a nuestro país se les hace una PCR y no se les pregunta cómo han llegado. En este sentido, España nunca ha tenido una actitud discriminatoria con nadie, al contrario».

¿Habrá una cartilla de vacunación? El ministro ha dejado esta posibilidad en el aire: «Esto no está decidido, ya lo veremos», ha respondido.

Lo que sí contempla la estrategia de vacunación contra el coronavirus aprobada el pasado 2 de diciembre y actualizada el día 18, es la creación de un registro específico de vacunación, que recogerá, entre otros aspectos, la identificación de la persona vacunada, pero también de los que declinen hacerlo.

Según el documento, es importante registrar los casos que rechacen inmunizarse para conocer «las posibles razones de reticencia» en diferentes grupos de población.

Y ello se va a hacer, ha precisado Illa, «con todas las garantías de privacidad (…) Pero hemos de poder comprobar, a medida que vaya evolucionando el proceso de vacunación, que no hay nadie que, siendo ciudadano español o residente en nuestro país, no le ha sido ofrecida la posibilidad de una vacuna», ha añadido.

«Todo ciudadano español tendrá acceso a una vacuna segura y eficaz si se la quiere poner. Nosotros tenemos que saber que al ‘ciudadano X’ se le ha ofrecido la posibilidad de vacunarse y él ha decidido no hacerlo», ha argumentado.

En este sentido, ha dejado claro que «no va a haber ninguna lista pública, ni mucho menos, es una práctica habitual y se hace con todas las garantías de la ley de protección de datos».

La mejor estrategia para asegurar el éxito de la campaña de vacunación de covid-19 «no es tanto la sanción o la amenaza, sino el convencimiento y la persuasión, explicando que las vacunas salvan vidas, que lo han hecho históricamente y lo volverán a hacer» y resolviendo «todas las dudas legítimas que pueda tener la ciudadanía».

Pero vacunarse «es un acto de solidaridad, no es solo un acto de egoísmo de ‘yo me vacuno para que no me contagie», sino que es también para evitar contagiar a otros».

«La vía no es la de obligar, amenazar, penalizar, sino la de explicar, persuadir, convencer, ser transparente, tener un programa de farmacovigilancia muy estricto, un plan especial que se está haciendo… esa es la vía por la que apostamos en España», ha concluido.

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Ábalos y Koldo a prisión provisional por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Supremo ordena prisión sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al elevarse el riesgo de fuga antes del juicio por la presunta trama de mascarillas.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares del PP habían solicitado su ingreso inmediato en prisión.

El Supremo ordena prisión provisional para Ábalos y Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, investigados por las supuestas irregularidades en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia.

Se trata de un hecho histórico: es la primera vez que un diputado en ejercicio deberá entrar en prisión provisional antes de ser juzgado.

La decisión llega tras revisar las medidas cautelares que mantenían hasta hoy (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales). El riesgo de fuga se considera ahora “muy elevado” ante la gravedad de las penas solicitadas.


La Fiscalía Anticorrupción alertó de un riesgo de fuga “disparado”

La medida adoptada responde a la petición expresa del jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como de las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular.
Anticorrupción sostiene que, ante la posibilidad de que ambos se enfrenten a hasta 30 años de cárcel, existe un riesgo de fuga “inequívoco”.


La llegada de Ábalos al Supremo: “No tengo dinero ni a dónde ir”

Ábalos fue el primero en llegar al Supremo, a las 9:12 horas, solo y con una mochila de cuero. En su intervención durante la vistilla, aseguró al magistrado:

“No me voy a fugar. No tengo dinero ni a dónde ir.”

Fuentes jurídicas aseguran que el exministro estaba “visiblemente destrozado”, fumando nervioso en los patios del Palacio de Justicia mientras esperaba la resolución.

Su abogado defendió que su ingreso en prisión, siendo diputado, supondría vulnerar su derecho a representación política y acusó a Anticorrupción de querer “forzar” una declaración colaborativa similar a la del empresario Víctor de Aldama.


Koldo García: “No me voy a ir a ningún sitio”

Koldo García llegó justo a la hora señalada, acompañado de su abogada, y también negó cualquier intención de fugarse:

“No me voy a ir a ningún sitio. Todos tenemos derecho a aprender poco a poco.”

Esta última frase ha sido interpretada por presentes como un reconocimiento implícito de haber cometido errores.

Su defensa alegó arraigo familiar: una madre mayor y una hija pequeña.


El fiscal, contundente: “Ningún poder del Estado puede eludir la acción penal”

El fiscal Luzón fue especialmente duro respecto a Ábalos:

“Fue su pertenencia al Gobierno lo que permitió cometer estos delitos.
Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. La Justicia es ciega por eso.”


Camino al juicio por la presunta trama de mascarillas

El pasado 3 de noviembre, el magistrado Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por su presunta participación en una trama para adjudicar contratos millonarios de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario.

Penas solicitadas por Fiscalía

  • Ábalos: 24 años de prisión

  • Koldo García: 19 años y medio

  • Víctor de Aldama: 7 años (pena reducida por su confesión)

Los delitos atribuidos incluyen:

  • organización criminal

  • cohecho

  • tráfico de influencias

  • malversación

  • uso de información privilegiada

Penas solicitadas por las acusaciones populares

Las acusaciones que lidera el PP elevan las penas a 30 años al añadir:

  • prevaricación

  • falsedad documental


Un caso que sacude al Gobierno y tensa el clima político

El ingreso inmediato en prisión del exministro socialista supone un terremoto político en vísperas del juicio. La resolución marca un paso decisivo en una de las causas de corrupción más mediáticas derivadas de la pandemia.

 

 

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