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Illa: «No habrá lista pública de las personas que rechacen vacunarse»

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Barcelona, 24 dic (EFE).- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que «no habrá una lista pública» de personas que rechacen vacunarse contra el coronavirus, pero ha defendido la necesidad de saber, «por garantías», que se les ha ofrecido recibir el fármaco y han declinado.

La campaña de vacunación arrancará en España el próximo domingo con una primera remesa de dosis del fármaco de Pfizer/BioNTech, del que llegarán a nuestro país algo más de 4,5 millones de dosis en las próximas doce semanas a un ritmo de alrededor de 350.000 unidades semanales, ha recordado Illa en declaraciones a Efe.

Esta primera tanda llegará el sábado a Guadalajara, donde la farmacéutica tiene un almacén; «por esta razón, por ninguna otra», ha aclarado el ministro, quien ha incidido en que «lo relevante» es que todas las comunidades van a empezar a administrar el preparado a los grupos prioritarios de riesgo más vulnerables.

Comunidades como Madrid han lamentado la cantidad de dosis que van a recibir, pero el ministro ha sido tajante: «Quien quiera convertir una esperanza en una disputa política volverá a cometer un error».

«Habrá sin duda quien quiera convertir esto en un terreno de disputa política, pero nosotros no lo haremos. Yo creo que se equivocan mucho y me parece que es un mal camino, pero cada uno decide lo que quiere hacer en la vida», ha reflexionado.

Illa ha explicado que el proceso de vacunación va a ser gradual y que «no va a depender del bolsillo, del poder adquisitivo o del estatus social», sino de «lo que han dicho los expertos», y tampoco «discrimina por ningún tipo de razón».

Preguntado por si los inmigrantes en una situación administrativa irregular también podrán acceder de forma gratuita al fármaco, el ministro ha respondido que «a las personas que llegan a nuestro país se les hace una PCR y no se les pregunta cómo han llegado. En este sentido, España nunca ha tenido una actitud discriminatoria con nadie, al contrario».

¿Habrá una cartilla de vacunación? El ministro ha dejado esta posibilidad en el aire: «Esto no está decidido, ya lo veremos», ha respondido.

Lo que sí contempla la estrategia de vacunación contra el coronavirus aprobada el pasado 2 de diciembre y actualizada el día 18, es la creación de un registro específico de vacunación, que recogerá, entre otros aspectos, la identificación de la persona vacunada, pero también de los que declinen hacerlo.

Según el documento, es importante registrar los casos que rechacen inmunizarse para conocer «las posibles razones de reticencia» en diferentes grupos de población.

Y ello se va a hacer, ha precisado Illa, «con todas las garantías de privacidad (…) Pero hemos de poder comprobar, a medida que vaya evolucionando el proceso de vacunación, que no hay nadie que, siendo ciudadano español o residente en nuestro país, no le ha sido ofrecida la posibilidad de una vacuna», ha añadido.

«Todo ciudadano español tendrá acceso a una vacuna segura y eficaz si se la quiere poner. Nosotros tenemos que saber que al ‘ciudadano X’ se le ha ofrecido la posibilidad de vacunarse y él ha decidido no hacerlo», ha argumentado.

En este sentido, ha dejado claro que «no va a haber ninguna lista pública, ni mucho menos, es una práctica habitual y se hace con todas las garantías de la ley de protección de datos».

La mejor estrategia para asegurar el éxito de la campaña de vacunación de covid-19 «no es tanto la sanción o la amenaza, sino el convencimiento y la persuasión, explicando que las vacunas salvan vidas, que lo han hecho históricamente y lo volverán a hacer» y resolviendo «todas las dudas legítimas que pueda tener la ciudadanía».

Pero vacunarse «es un acto de solidaridad, no es solo un acto de egoísmo de ‘yo me vacuno para que no me contagie», sino que es también para evitar contagiar a otros».

«La vía no es la de obligar, amenazar, penalizar, sino la de explicar, persuadir, convencer, ser transparente, tener un programa de farmacovigilancia muy estricto, un plan especial que se está haciendo… esa es la vía por la que apostamos en España», ha concluido.

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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