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Illa: «No habrá lista pública de las personas que rechacen vacunarse»

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Barcelona, 24 dic (EFE).- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que «no habrá una lista pública» de personas que rechacen vacunarse contra el coronavirus, pero ha defendido la necesidad de saber, «por garantías», que se les ha ofrecido recibir el fármaco y han declinado.

La campaña de vacunación arrancará en España el próximo domingo con una primera remesa de dosis del fármaco de Pfizer/BioNTech, del que llegarán a nuestro país algo más de 4,5 millones de dosis en las próximas doce semanas a un ritmo de alrededor de 350.000 unidades semanales, ha recordado Illa en declaraciones a Efe.

Esta primera tanda llegará el sábado a Guadalajara, donde la farmacéutica tiene un almacén; «por esta razón, por ninguna otra», ha aclarado el ministro, quien ha incidido en que «lo relevante» es que todas las comunidades van a empezar a administrar el preparado a los grupos prioritarios de riesgo más vulnerables.

Comunidades como Madrid han lamentado la cantidad de dosis que van a recibir, pero el ministro ha sido tajante: «Quien quiera convertir una esperanza en una disputa política volverá a cometer un error».

«Habrá sin duda quien quiera convertir esto en un terreno de disputa política, pero nosotros no lo haremos. Yo creo que se equivocan mucho y me parece que es un mal camino, pero cada uno decide lo que quiere hacer en la vida», ha reflexionado.

Illa ha explicado que el proceso de vacunación va a ser gradual y que «no va a depender del bolsillo, del poder adquisitivo o del estatus social», sino de «lo que han dicho los expertos», y tampoco «discrimina por ningún tipo de razón».

Preguntado por si los inmigrantes en una situación administrativa irregular también podrán acceder de forma gratuita al fármaco, el ministro ha respondido que «a las personas que llegan a nuestro país se les hace una PCR y no se les pregunta cómo han llegado. En este sentido, España nunca ha tenido una actitud discriminatoria con nadie, al contrario».

¿Habrá una cartilla de vacunación? El ministro ha dejado esta posibilidad en el aire: «Esto no está decidido, ya lo veremos», ha respondido.

Lo que sí contempla la estrategia de vacunación contra el coronavirus aprobada el pasado 2 de diciembre y actualizada el día 18, es la creación de un registro específico de vacunación, que recogerá, entre otros aspectos, la identificación de la persona vacunada, pero también de los que declinen hacerlo.

Según el documento, es importante registrar los casos que rechacen inmunizarse para conocer «las posibles razones de reticencia» en diferentes grupos de población.

Y ello se va a hacer, ha precisado Illa, «con todas las garantías de privacidad (…) Pero hemos de poder comprobar, a medida que vaya evolucionando el proceso de vacunación, que no hay nadie que, siendo ciudadano español o residente en nuestro país, no le ha sido ofrecida la posibilidad de una vacuna», ha añadido.

«Todo ciudadano español tendrá acceso a una vacuna segura y eficaz si se la quiere poner. Nosotros tenemos que saber que al ‘ciudadano X’ se le ha ofrecido la posibilidad de vacunarse y él ha decidido no hacerlo», ha argumentado.

En este sentido, ha dejado claro que «no va a haber ninguna lista pública, ni mucho menos, es una práctica habitual y se hace con todas las garantías de la ley de protección de datos».

La mejor estrategia para asegurar el éxito de la campaña de vacunación de covid-19 «no es tanto la sanción o la amenaza, sino el convencimiento y la persuasión, explicando que las vacunas salvan vidas, que lo han hecho históricamente y lo volverán a hacer» y resolviendo «todas las dudas legítimas que pueda tener la ciudadanía».

Pero vacunarse «es un acto de solidaridad, no es solo un acto de egoísmo de ‘yo me vacuno para que no me contagie», sino que es también para evitar contagiar a otros».

«La vía no es la de obligar, amenazar, penalizar, sino la de explicar, persuadir, convencer, ser transparente, tener un programa de farmacovigilancia muy estricto, un plan especial que se está haciendo… esa es la vía por la que apostamos en España», ha concluido.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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