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IMELSA | El exgerente de Turismo Valencia niega haber dado órdenes para destruir documentos

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(EUROPA PRESS)-José Salinas, ex director gerente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), ha negado ante el juez haber dado órdenes para destruir cualquier tipo de documentación de la entidad y ha afirmado que esta tarea no dependía de él, sino de otros departamentos inferiores, según ha podido saber Europa Press.

Salinas estaba citado este jueves a declarar, en calidad de investigado, en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el conocido caso Imelsa. En concreto, al ex director gerente de Turismo Valencia se le citó en la pieza de Taula que indaga sobre los pagos a la empresa Laterne Product Council, consultora de comunicación que organizó la campaña municipal del PP para los comicios de 2007.

Según un informe incorporado a la causa, FTVCB eludió la ley en sus contratos con Laterne. En concreto, los contratos de la fundación con esta empresa ascienden a 616.00 euros entre 2006 y 2008 (531.034 más IVA) por el concepto en las siete facturas emitidas por la mercantil para justificar los cobros de ‘Proyección Turística Pla’.

Sobre estos contratos, el subdirector de Marketing y actual adjunto a dirección de la fundación; el jefe de área de Promociones y hoy en día responsable del área Comercial; la subdirectora de Administración, adjunta ahora a subdirección; la jefa de Contabilidad y la jefa jurídica aseguraron que no se les pidió participación o no la recuerdan. Asimismo, señalaron que las órdenes de pago de las facturas procedían de José Salinas o la subdirectora de Administración y que se efectuaban los pagos cuando llegaban las facturas.

Por otro lado, en esta pieza se investiga, tal y como detalla un informe elaborado por la dirección actual de la Fundación Turismo Valencia, la compra por parte de la entidad en abril de 2015 de dos destructoras de papel y el contrato a una empresa especialista en ese cometido en julio de ese año.

Sobre este último aspecto, Salinas ha afirmado al juez que esta tarea no dependía de él y que desconoce lo que se hizo exactamente. También ha negado haber dado ninguna orden de destrucción de papeles.

Por su parte, la subdirectora de gestión de la entidad, Loles Edo, sí ha indicado al órgano judicial que antes del año 2015 había una pequeña trituradora en la empresa y posteriormente se compraron otros dos más grandes. Ha aseverado que había una orden del abogado de la entidad de no destruir ningún tipo de documento contable de entre los años 2006 a 2008 por estar inmersos en un procedimiento judicial, pero ha afirmado que no sabe si se hizo caso de esta recomendación, ha podido saber Europa Press.

CONTRATOS CON LATERNE

Salinas, preguntado por los contratos con Laterne, no ha aportado muchos datos. Ha explicado que era el encargado de la contratación pero ha matizado que desconoce si en concreto estos contratos con la mercantil los firmó él o los derivó. «No lo puedo precisar», ha señalado.

Así mismo, ha justificado estas contrataciones en la promoción de la ciudad de València con motivo de la America’s Cup y otra serie de eventos, además de un plan estratégico sobre el que no ha dado más detalles.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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