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IMELSA | El exgerente de Turismo Valencia niega haber dado órdenes para destruir documentos

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(EUROPA PRESS)-José Salinas, ex director gerente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), ha negado ante el juez haber dado órdenes para destruir cualquier tipo de documentación de la entidad y ha afirmado que esta tarea no dependía de él, sino de otros departamentos inferiores, según ha podido saber Europa Press.

Salinas estaba citado este jueves a declarar, en calidad de investigado, en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el conocido caso Imelsa. En concreto, al ex director gerente de Turismo Valencia se le citó en la pieza de Taula que indaga sobre los pagos a la empresa Laterne Product Council, consultora de comunicación que organizó la campaña municipal del PP para los comicios de 2007.

Según un informe incorporado a la causa, FTVCB eludió la ley en sus contratos con Laterne. En concreto, los contratos de la fundación con esta empresa ascienden a 616.00 euros entre 2006 y 2008 (531.034 más IVA) por el concepto en las siete facturas emitidas por la mercantil para justificar los cobros de ‘Proyección Turística Pla’.

Sobre estos contratos, el subdirector de Marketing y actual adjunto a dirección de la fundación; el jefe de área de Promociones y hoy en día responsable del área Comercial; la subdirectora de Administración, adjunta ahora a subdirección; la jefa de Contabilidad y la jefa jurídica aseguraron que no se les pidió participación o no la recuerdan. Asimismo, señalaron que las órdenes de pago de las facturas procedían de José Salinas o la subdirectora de Administración y que se efectuaban los pagos cuando llegaban las facturas.

Por otro lado, en esta pieza se investiga, tal y como detalla un informe elaborado por la dirección actual de la Fundación Turismo Valencia, la compra por parte de la entidad en abril de 2015 de dos destructoras de papel y el contrato a una empresa especialista en ese cometido en julio de ese año.

Sobre este último aspecto, Salinas ha afirmado al juez que esta tarea no dependía de él y que desconoce lo que se hizo exactamente. También ha negado haber dado ninguna orden de destrucción de papeles.

Por su parte, la subdirectora de gestión de la entidad, Loles Edo, sí ha indicado al órgano judicial que antes del año 2015 había una pequeña trituradora en la empresa y posteriormente se compraron otros dos más grandes. Ha aseverado que había una orden del abogado de la entidad de no destruir ningún tipo de documento contable de entre los años 2006 a 2008 por estar inmersos en un procedimiento judicial, pero ha afirmado que no sabe si se hizo caso de esta recomendación, ha podido saber Europa Press.

CONTRATOS CON LATERNE

Salinas, preguntado por los contratos con Laterne, no ha aportado muchos datos. Ha explicado que era el encargado de la contratación pero ha matizado que desconoce si en concreto estos contratos con la mercantil los firmó él o los derivó. «No lo puedo precisar», ha señalado.

Así mismo, ha justificado estas contrataciones en la promoción de la ciudad de València con motivo de la America’s Cup y otra serie de eventos, además de un plan estratégico sobre el que no ha dado más detalles.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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