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IMELSA | El exgerente de Turismo Valencia niega haber dado órdenes para destruir documentos

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(EUROPA PRESS)-José Salinas, ex director gerente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), ha negado ante el juez haber dado órdenes para destruir cualquier tipo de documentación de la entidad y ha afirmado que esta tarea no dependía de él, sino de otros departamentos inferiores, según ha podido saber Europa Press.

Salinas estaba citado este jueves a declarar, en calidad de investigado, en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el conocido caso Imelsa. En concreto, al ex director gerente de Turismo Valencia se le citó en la pieza de Taula que indaga sobre los pagos a la empresa Laterne Product Council, consultora de comunicación que organizó la campaña municipal del PP para los comicios de 2007.

Según un informe incorporado a la causa, FTVCB eludió la ley en sus contratos con Laterne. En concreto, los contratos de la fundación con esta empresa ascienden a 616.00 euros entre 2006 y 2008 (531.034 más IVA) por el concepto en las siete facturas emitidas por la mercantil para justificar los cobros de ‘Proyección Turística Pla’.

Sobre estos contratos, el subdirector de Marketing y actual adjunto a dirección de la fundación; el jefe de área de Promociones y hoy en día responsable del área Comercial; la subdirectora de Administración, adjunta ahora a subdirección; la jefa de Contabilidad y la jefa jurídica aseguraron que no se les pidió participación o no la recuerdan. Asimismo, señalaron que las órdenes de pago de las facturas procedían de José Salinas o la subdirectora de Administración y que se efectuaban los pagos cuando llegaban las facturas.

Por otro lado, en esta pieza se investiga, tal y como detalla un informe elaborado por la dirección actual de la Fundación Turismo Valencia, la compra por parte de la entidad en abril de 2015 de dos destructoras de papel y el contrato a una empresa especialista en ese cometido en julio de ese año.

Sobre este último aspecto, Salinas ha afirmado al juez que esta tarea no dependía de él y que desconoce lo que se hizo exactamente. También ha negado haber dado ninguna orden de destrucción de papeles.

Por su parte, la subdirectora de gestión de la entidad, Loles Edo, sí ha indicado al órgano judicial que antes del año 2015 había una pequeña trituradora en la empresa y posteriormente se compraron otros dos más grandes. Ha aseverado que había una orden del abogado de la entidad de no destruir ningún tipo de documento contable de entre los años 2006 a 2008 por estar inmersos en un procedimiento judicial, pero ha afirmado que no sabe si se hizo caso de esta recomendación, ha podido saber Europa Press.

CONTRATOS CON LATERNE

Salinas, preguntado por los contratos con Laterne, no ha aportado muchos datos. Ha explicado que era el encargado de la contratación pero ha matizado que desconoce si en concreto estos contratos con la mercantil los firmó él o los derivó. «No lo puedo precisar», ha señalado.

Así mismo, ha justificado estas contrataciones en la promoción de la ciudad de València con motivo de la America’s Cup y otra serie de eventos, además de un plan estratégico sobre el que no ha dado más detalles.

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El DAO José Ángel González Jiménez dimite tras ser acusado de violación: de pacificador de la Policía a hombre de confianza de Marlaska

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El comisario principal José Ángel González Jiménez, conocido como ‘Jota’, de 66 años y natural de Aguilar del Río Alhama, ha dimitido como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional tras ser denunciado por agresión sexual por una subordinada, en un caso que ha sacudido a la institución y a la opinión pública.

Trayectoria del DAO: de pacificador a figura de confianza

González Jiménez llegó a la DAO en 2018 en un momento convulso para la Policía Nacional, tras escándalos como la ‘policía patriótica’ o el caso Villarejo. Su perfil discreto y profesional le permitió recuperar la normalidad en la operativa policial y mejorar la imagen de la institución, especialmente en tareas de seguridad ciudadana y gestión de crisis.

Entre sus logros destacan la coordinación con los Mossos d’Esquadra tras los altercados por la sentencia del procés y su papel en el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, gestionando los confinamientos durante la pandemia, lo que le convirtió en rostro familiar para los ciudadanos en ruedas de prensa junto a Fernando Simón y responsables de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Renovación legal para mantenerse en el cargo

En diciembre de 2024, al cumplir los 65 años, González Jiménez debía jubilarse. Sin embargo, el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, promovió un cambio legal que le permitió seguir en el puesto, mostrando plena confianza en él, aunque generando tensiones internas entre otros altos mandos que sí debieron retirarse a esa edad.

Fuentes cercanas al DAO indican que “desde hace un año no era el mismo, se notaba que algo le pasaba”, y lamentan que no hubiera dimitido antes de que estallara el escándalo que ahora marca su destino profesional y personal.

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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