(EUROPA PRESS)-El Juzgado de Instrucción 18 de València ha abierto una nueva pieza separada en el caso Imelsa con el expresidente de la Diputación Alfonso Rus y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla e investiga el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de la empresa pública Ciegsa, dependiente de la Conselleria de Educación y encargada de la construcción de las infraestructuras educativas en la Comunitat.

Junto a Rus y Caturla, en esta pieza separada tienen la condición de investigados por cohecho, prevaricación y malversación, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, considerado el ‘recaudador’; cuatro técnicos de Ciegsa y los responsables de mercantiles adjudicatarias Cleop, BM3 y Dragados.

Por el momento el magistrado rechaza investigar al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a los exvicepresidentes Víctor Campos y Gerardo Camps. Al respecto, indica que aparecen mencionados en las conversaciones intervenidas pero «constituyen referencias indirectas genéricas e imprecisas en un contexto conversacional de difícil interpretación» y, por tanto, «no justifican en este momento dirigir la investigación contra las mismas».

En relación con Camps, un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostenía que el exjefe del Consell «tendría en gran parte conocimiento de los hechos» relacionados con una presunta financiación irregular tanto del PPCV como del PP provincial.

En esta pieza el juez investiga la adjudicación de contratos sin respetar los principios de legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad con la finalidad de «favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dádiva», según consta en el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En su resolución, añade que esas irregularidades en la contratación entre 2003 y 2007 podrían tener una «finalidad de lucro que podría tener su origen o propósito en la financiación de un determinado partido político o alternativa o conjuntamente a ello, en el propio lucro personal, ya confesado por el principal investigado en esta causa», Marcos Benavent.

Respecto de los técnicos, el juez investiga si pudieran haber colaborado dando una cobertura de aparente legalidad a decisiones que venían a estar establecidas arbitrariamente y de antemano, y si justificaron sobrecostes «sobre una base ficticia o carentes de verdadera justificación» para obtener más financiación o compensar económicamente a las empresas que pagaban comisiones con el consiguiente perjuicio económico para el erario público de la Generalitat.

El informe policial recoge indicios delictivos respecto a las siguientes obras o adjudicaciones: IES número 4 de Torrevieja, adjudicado a Cleop; IES Llosa de Ranes e IES Xirivella; IES El Cabanyal, adjudicado a BM3; CEIP número 5 de Burriana, a la UTE BM3-Dragados; y CEIP 7 de Santa Pola a otra UTE de las mismas empresas.

INFORMES Y DECLARACIONES

El juez, dentro de esta pieza separada, ordena que se cite a declarar como investigados a Benavent y a Caturla los próximos días 6 y 8 de marzo, respectivamente, a las 12 horas.

Así mismo, requiere a Ciegsa que mande al juzgado diversa documentación, entre ella, estatutos de la entidad vigentes durante el periodo 2004-2007; normas internas de contratación; relación del personal técnico que prestaban servicio interno en la empresa durante el mismo periodo; composición del Consejo de Administración de la entidad; y copia íntegra y certificada de los expedientes de adjudicación de los cinco centro educativos investigados.

También solicita a la Intervención General de la Generalitat informe de fiscalización de los expedientes administrativos y de supervisión económica de los proyectos técnicos indicando, de modo especial, si las posibles desviaciones en el coste final se explican y se justifican, o no, por razones de carácter técnico.