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Valencia

El técnico de Mislata niega cualquier ilegalidad en el montaje de la feria

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Imputado el técnico municipal por el accidente del hinchable de Mislata
EFE
Estado del castillo hinchable que fue levantado varios metros del suelo por una ráfaga de viento en Mislata (Valencia). EFE/Ana Escobar/Archivo

València, 11 ene (EFE).- El técnico del Ayuntamiento de Mislata que autorizó el montaje de la feria de Navidad de 2021 en este municipio valenciano ha negado que se cometiese ninguna irregularidad administrativa en la instalación de las atracciones y ha asegurado que él no es responsable de inspeccionar y que, por lo tanto, no hizo comprobación visual alguna.

Este técnico ha declarado este miércoles en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Mislata, que investiga la muerte de dos niñas y las heridas sufridas por otras siete en una de las atracciones -un hinchable- que se vio levantado por una intensa racha de viento.

Según han informado a EFE fuentes conocedoras de la declaración, el técnico ha afirmado que se limitó, como en anteriores ocasiones, a comprobar que todos los papeles presentados por los responsables de las instalaciones eran correctos y que, al tratarse de declaraciones responsables, no emitió siquiera ninguna resolución.

Antes de la declaración de este trabajador del Ayuntamiento de Mislata se ha producido, en calidad de testigo, la de un cliente de la misma atracción accidentada, que decidió sacar de la misma a sus hijos porque comprobó -porque tenía cierta experiencia en el montaje de hinchables- que no estaba bien anclado, según su relato.

Este hombre ha explicado ante el juez que su mujer le llamó «neurótico» tras tomar la decisión de no permitir a sus hijos que continuasen saltando en el hinchable.

La imputación del técnico del Ayuntamiento de Mislata se produjo el pasado mes de octubre, después de que el juzgado recibiese un informe de un ingeniero industrial que constataba las deficiencias encontradas por la Policía Nacional en esta atracción y que también cuestionaba la labor supervisora del consistorio.

El accidente en el que fallecieron Vera, de 4 años, y Cayetana, de 8, se produjo el 4 de enero de 2022 en la citada feria, al verse afectada la atracción en la que se encontraban por una fuerte racha de viento.

El letrado que representa a la familia de la niña de 4 años que murió ha reclamado al juzgado recientemente la imputación del concejal responsable de la autorización de la actividad de la feria, Antonio Arenas.

EL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN

El Juzgado de Instrucción número 4 de Mislata dirige esta investigación en la que constan como investigados el propietario y otro responsable del castillo hinchable, el ingeniero técnico que firmó los certificados de la instalación de esa atracción ferial y, ahora, el técnico municipal que autorizó el montaje de la feria.

El último informe pericial incorporado a la causa constata que la instalación de la feria se encontraba en un lugar diferente al que constaba en el proyecto que fue presentado al Ayuntamiento.

En consecuencia, las atracciones se encontraban en un lugar distinto y en un orden no previsto, sin que haya constancia de que se elaborase un plano de emplazamiento real de las atracciones, y pese a estas «modificaciones sustanciales», indica el informe, el «Ayuntamiento autorizó la instalación de la feria».

En las posibles causas del accidente, el análisis pericial coincide con los informes policiales que ya obran en la causa y señala una racha de viento superior a 70 kilómetros por hora, anclajes insuficientes y en mal estado de conservación y deficiencias en la supervisión de la instalación.

CRÍTICAS DESDE EL PP

Sobre este asunto, el presidente provincial del PP en Valencia, Vicent Mompó, ha explicado que el grupo municipal popular en Mislata, encabezado por Jaime López Bronchud, acudirá al Síndic de Greuges ante «la falta de transparencia del Ayuntamiento sobre el accidente».

“Hace unos meses denunciamos que no se nos ha permitido tener copia del expediente, ni siquiera parcialmente. Solo nos autorizaron a hacer dos inspecciones oculares del mismo”, ha recordado Mompó, quien ha detallado que “posteriormente, el grupo municipal ha solicitado también información relativa al emplazamiento de la feria, no obteniendo tampoco respuesta concreta”.

El responsable del PP ha calificado de “sinsentido” que un año después del accidente el grupo popular de Mislata no tenga “ni un solo papel para poder analizar”.

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Valencia

Tres antiguos menores del caso Bar España aseguran que fueron amenazados para denunciar falsos abusos

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Caso Bar España
El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra, tras declarar en mayo de 2019 como perjudicado en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Castellón, en el denominado "caso Bar España", por un presunto delito de injurias y calumnias a políticos y empresarios a los que falsamente se relacionaba con la pederastia. EFE/Domenech Castelló/Archivo

Tres personas que eran menores cuando denunciaron supuestas prácticas de pederastia en el caso Bar España han asegurado en el juicio por la difusión de este bulo que sus declaraciones eran mentira y que las realizaron bajo amenazas de una persona fallecida a la que la Fiscalía sitúa como origen de la historia.

Los tres testigos han declarado este jueves en la vista oral y han explicado que fueron presionados para sostener unas acusaciones que, según han afirmado, no eran ciertas.

Uno de ellos ha relatado que aquella persona les dictaba lo que debían decir. «Nos dictaba lo que teníamos que decir y lo escribíamos», ha explicado ante el tribunal.

Otro de los testigos, hermano del anterior, ha asegurado que le amenazaban con impedirle ver a sus hermanos si no obedecía. Una prima de ambos también ha declarado que recibió amenazas para denunciar unos abusos que ha negado que fueran ciertos.

Gabriela Bravo denuncia el daño de las acusaciones

La exconsellera de Justicia Gabriela Bravo también ha declarado en el juicio y ha recordado las acusaciones que la vinculaban con una supuesta red de pederastia relacionada con el Bar España. Según ha explicado, se le señalaba por conocer presuntamente los delitos y no actuar para investigarlos ni proteger a los menores.

Bravo ha asegurado que aquellas informaciones le afectaron profundamente, tanto por su responsabilidad política como por su trayectoria profesional como fiscal especializada en menores.

«De repente, verme involucrada en un tema de que consentía determinados hechos delictivos y que los encubría fue duro, muy desagradable y muy ofensivo como persona y para mi profesión y mi carrera», ha declarado.

La exconsellera ha cuestionado las informaciones difundidas a partir de un informe en el que se solicitaba abrir una investigación y ha considerado injuriosas las publicaciones que, según sostiene, la acusaban de no haber actuado.

Bravo ha reclamado una indemnización y que se eliminen de las redes sociales los contenidos relacionados con esas acusaciones. «A veces, a base de repetir mucho una mentira, puede dar apariencia de verdad, y eso hace daño», ha advertido.

Empresarios denuncian las consecuencias del caso Bar España

La sesión también ha contado con las declaraciones de varios empresarios que, según han relatado, fueron relacionados en redes sociales y mediante panfletos distribuidos por Benicarló con una supuesta red de pederastia vinculada al establecimiento.

Los testigos han descrito las consecuencias personales y profesionales de aquellas acusaciones. Uno de ellos ha resumido el impacto sufrido con una frase: «Me han destrozado la vida».

Otro ha explicado que se difundieron afirmaciones que vinculaban el local con presuntos abusos sexuales a menores, violaciones y asesinatos. Una tercera persona ha señalado que su negocio comenzó a funcionar mal a raíz de las acusaciones y que finalmente tuvo que cerrarlo.

El juicio por la difusión del bulo del caso Bar España continuará con nuevas declaraciones de testigos. Está previsto que el resto de los acusados que todavía no han comparecido lo hagan el próximo lunes.

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