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Valencia

Imputados dos altos cargos del Gobierno valenciano por la campaña del sexdopaje

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Imputados dos altos cargos del Gobierno valenciano por la campaña del sexdopaje

València, 15 jun (EFE).- Un juzgado ha citado como investigados al director del Instituto Valenciano de la Juventud y a la directora de Salud Pública de la Generalitat por un presunto delito contra la salud pública tras una denuncia de Abogados Cristianos por una supuesta promoción de la práctica del sexdopaje o «chemsex».

Según consta en un auto facilitado este miércoles por la citada Fundación Española de Abogados Cristianos, Jesús Damián Martí y Ofelia Gimeno han sido citados el próximo 13 de septiembre para que presten declaración a las 11 y a las 11.30 horas, respectivamente, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de València.

El concepto de sexdopaje está vinculado con el consumo de sustancias estupefacientes en el contexto de determinadas prácticas sexuales.

La citación del juzgado llega tras la querella interpuesta por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que acusa a ambos altos cargos de «promocionar el ‘chemsex’ en sus redes sociales y de financiar una aplicación de contactos para realizar esta práctica».

La asociación denunciante informó al juzgado de que la Dirección de Salud Pública otorgó una subvención al Comité Ciudadano Antisida de la Comunitat Valenciana de 5.496 euros para el desarrollo de una «aplicación de contactos para HSH (hombres que tienen sexo con hombres) y usuarios de chemsex».

En el segundo caso, se acusa al Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) de publicar en sus perfiles de redes sociales una guía donde «se fomentaba la práctica del ‘chemsex'» acompañada de comentarios como «todo está bien siempre que esté controlado. En el momento que se pierde la conciencia deja de ser una práctica segura» o «conocer a la persona que te proporciona las drogas puede darte cierta seguridad de que las drogas sean lo más puras posibles».

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que «es necesario empezar a dirimir responsabilidades. Conductas y hechos tan graves deben ser sancionados y condenados».

«El comportamiento de la Generalitat Valenciana con los menores es muy grave, y así lo demuestra la petición de imputación de Mónica Oltra por parte de la Fiscalía. Sin embargo, nadie le pone freno a estas conductas que cuentan con la complicidad tácita por parte de Ximo Puig», ha lamentado.

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Valencia

Las condiciones de Vox para apoyar a Pérez Llorca

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Vox Pérez Llorca
El portavoz de VOX en las Corts, José María Llanos - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Vox pide revocar las Zonas de Bajas Emisiones y rechazar la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo en Les Corts

Vox ha presentado una proposición no de ley (PNL) en Les Corts para exigir un giro total en las políticas ambientales vigentes en la Comunitat Valenciana. La formación reclama al Consell que solicite al Gobierno central la revocación inmediata de la obligación de implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios españoles y que se deje sin efecto cualquier iniciativa ya aprobada en las localidades valencianas.

Una propuesta que cuestiona las leyes climáticas y las tasas derivadas

La iniciativa registrada plantea además revertir “cualquier medida restrictiva” vinculada a la Ley de Cambio Climático de 2021, al considerar que encarece la movilidad, afecta negativamente a la economía y perjudica a la industria automovilística y al comercio de proximidad.

Vox también reclama la eliminación de la normativa asociada a la Ley de Residuos de 2022, a la que acusa de introducir nuevos gravámenes estatales y tasas municipales —como la tasa de residuos— que, según la formación, impactan en las familias y en el tejido empresarial local.

Rechazo al “fanatismo verde”, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo

La PNL incluye un punto específico para que Les Corts manifiesten su “disconformidad absoluta” con las políticas climáticas europeas y con lo que Vox denomina “fanatismo verde”. El partido de Santiago Abascal sostiene que la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo representan un “modelo ideológico” que limita libertades, incrementa los costes energéticos y debilita el tejido industrial.

En su exposición de motivos, la formación afirma que las ZBE en España son una “imposición ideológica de Bruselas”, impulsada —dicen— por el bipartidismo europeo, y que su aplicación se ha convertido “en un castigo para las clases trabajadoras”, especialmente aquellas que necesitan el vehículo privado para su día a día.

Devolución de sanciones y paralización de las ZBE

Vox propone que Les Corts avalen la devolución de todas las sanciones por incumplimiento de las ZBE que hayan sido cobradas por los ayuntamientos. Asegura que estas medidas penalizan a los vecinos y que debe restablecerse la igualdad de movilidad para todos los ciudadanos.

En este sentido, la formación reivindica como “victoria del sentido común” la paralización de la ZBE de València, aprobada por el pleno municipal pero frenada tras la negativa de Vox a apoyarla. Consideran que la ordenanza respondía a “directrices abusivas de Bruselas” y que “castigaba injustamente” a conductores, autónomos y pequeños comercios.

Un movimiento en pleno proceso de negociación con el PP

La presentación de esta PNL se produce en un momento clave: Vox y el Partido Popular siguen negociando el apoyo a la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat tras la salida de Carlos Mazón. El plazo para registrar candidaturas expira este miércoles y las conversaciones todavía no están cerradas.

La formación de Abascal busca compromisos claros en materia de rechazo a las políticas ecológicas, restricciones ambientales e inmigración irregular, siguiendo la línea del acuerdo pactado con el anterior gobierno en funciones. También han reclamado inversiones en presas y diques para evitar tragedias como la última DANA, además de políticas de rebaja fiscal.

Por su parte, el PP registrará la candidatura de Pérez Llorca, mientras el debate sobre la ZBE de València continúa tensionando la relación entre ambos socios en el Ayuntamiento.

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