Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a una treintena de inmobiliarias incumplen la  Ley de Vivienda, que impide a las agencias cobrar sus honorarios a los inquilinos, ya que la organización ha detectado que las inmobiliarias están recurriendo a diferentes «trucos» y argucias para seguir cobrándoles estos gastos de gestión.

Estas son las inmobiliarias valencianas que incumplen la Ley de la Vivienda

Como indica en un comunicado, la asociación lleva recibiendo desde finales de mayo numerosas peticiones de consumidores para conocer sus derechos ante esta práctica irregular y para solicitar que denuncie a las agencias que la están cometiendo.

Las inmobiliarias denunciadas son Alquiler Seguro; Engel&Volkers; Alfa Inmobiliaria; Housingo; MC Property; Spanish Home; Andrés Carro Propiedades; Servicheck; HMS Real State; Oh my place; NSH; Galota; Solfai; Modus Home Realtors; Hernán Inmobiliaria; Aruncy2; Adamas Home; Inmogest; Centro Histórico Real State; Aureo Home; Consul Inversiones y Patrimonio; Homelogic o Smart Inmobiliaria. El procedimiento también se extiende a Domus; Antena Inmobiliaria e Inversiones inmobiliarias; Next Door Bcn y Alting; Ecom; Ágora Inmobiliaria; Lion Capital Group o Dray&Partners.

Además, está realizando un rastreo del mercado inmobiliario en distintas ciudades para investigar, detectar y denunciar a las inmobiliarias que estén incumpliendo la nueva normativa, de modo anunciará nuevas denuncias. Por ahora son más de treinta las agencias que la asociación ha denunciado por esta irregularidad, todas ellas radicadas en las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Palma de Mallorca. Algunas de las denunciadas tienen propiedades en alquiler en diferentes municipios por toda España.

Una mensualidad adicional o nuevos conceptos de gastos

Facua señala que estas agencias están recurriendo a diferentes trucos para seguir cobrando a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria o sus honorarios, pese a que la ley establece de forma expresa que deben correr a cargo del arrendador.

Así, además de aquellas que anuncian o comunican que el pago de estas gestiones debe hacerlas el futuro arrendatario -habitualmente, una mensualidad de la renta-, están las que inventan nuevos conceptos como la realización de un «estudio de viabilidad y solvencia económica» del inquilino; el uso de anglicismos para referirse a estos honorarios, como fee o servicios prestados al arrendatario que no detallan y cuyo pago imponen, entre otros.

Después, una vez firmado el contrato y habitando ya el piso, pueden dirigirse a la inmobiliaria para solicitar el reembolso de dicha cantidad. Además, pueden interponer una denuncia ante las autoridades de consumo autonómicas solicitando una multa contra la empresa por la vulneración de la normativa y si la agencia persistiese en su negativa pueden recurrir a la vía judicial.