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Valencia

Instalan un banco de 840 kg en el puerto de València hecho con basura marina

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València, 29 dic (EFE).- El Instituto Tecnológico del plástico AIMPLAS ha instalado en la Marina de València un banco de 840 kilos y seis metros fabricado al 100 % con material plástico reciclado, que incluye en su composición un 15 % de redes de pesca fuera de uso y otras basuras marinas.

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV), a través de la Fundación Valenciaport, participa en el proyecto para la obtención de productos de alto valor añadido de desechos del mar, que ha contado con la financiación de CaixaBank y Fundación Bancaja.

La autoridad portuaria ha informado este miércoles de que, desde la iniciativa «Aportem», se continúa con la campaña No Plàstic para la eliminación de recipientes plásticos en la comunidad logístico-portuaria de València por otros materiales reciclables.

Un ejemplo de este compromiso es el apoyo de la APV al proyecto de valorización de basuras marinas en mobiliario urbano que ha desarrollado AIMPLAS, y que ha sido presentado por Sonia Albein, investigadora principal y líder de Reciclado Mecánico de AIMPLAS.

Esta iniciativa ha hecho posible la fabricación de nuevos elementos de mobiliario, concretamente de un banco de 840 kilos y seis metros fabricado al 100 % con material plástico reciclado, que se ha ubicado en la Marina de València, en las instalaciones de Innsomnia.

El mobiliario se ha realizado gracias al reciclado mecánico de residuos plásticos que ha permitido darles una nueva vida en forma de banco con un diseño innovador que emula las olas del mar.

El proyecto ha contado asimismo con la participación de la empresa CM Plastik y la colaboración de Mares Circulares y Asociación Vertidos Cero.

El jefe de Planificación Estratégica e Innovación de la APV, Juan Manuel Díez, ha incidido, durante la presentación del proyecto, en la importancia para la comunidad portuaria de estas acciones que van en la línea de los objetivos estratégicos de Valenciaport 2030 de «cero emisiones».

Al respecto, la APV tiene en marcha iniciativas como el proyecto RepescaPlas, en el que participa con la Fundación Valenciaport, que cumple su cuarto año retirando plástico y otros desechos del mar.

Esta acción estudia además cómo afectan dichos deshechos al ecosistema marítimo y valorizándolos para transformarlos en nuevos recursos que sirvan a la sociedad.

De esa iniciativa también forman parte AIMPLAS, la Asociación Vertidos Cero, la Cofradía Pescadores de Gandia, la Cofradía de Pescadores de la Restinga, Fundación Global Nature, Puerto de Marín y Universidad de Vigo.

Cuenta además con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, cofinanciado por el FEMP.

La Fundación Valenciaport también coordina el proyecto europeo «LOOP-Ports-Circular Economy Network of Ports» que financia el European Institute of Innovation and Technology (EIT) a través de EIT Climate-KIC.

Esta iniciativa facilita la transición hacia una economía más circular en el sector portuario, donde los productos, materiales y recursos no sean considerados como residuos sino que puedan tornarse en modelos de negocio sostenibles y replicables en puertos de similares características, señalan desde la APV.

El proyecto, a través de la creación de una Red de Economía Circular en Puerto, proporcionará un ecosistema de innovación para estimular estas acciones, que se centrarán en materiales como los plásticos, metales, cementos y biomateriales.

Por otro lado, la APV participa activamente en la campaña No Plàstic que coordina Aportem-Puerto Solidario Valencia, dirigida a cambiar el paradigma en la utilización del plástico y sustituirlo por materiales reciclables en el Puerto de València, así como concienciar de la problemática generada por el uso abusivo de los materiales derivados el plástico.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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