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Valencia

Un juzgado ordena investigar a la exdirectora del Instituto de la Mujer por corrupción

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Instituto mujer Isabel García corrupción

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Mislata (Valencia) ha ordenado a la Guardia Civil investigar la denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra Isabel García, exdirectora del Instituto de la Mujer, y Elisabeth García, exasesora del PSOE en el Senado, por supuestos delitos de corrupción.

Aceptación de la Inhibición Judicial y Motivos de la Denuncia

El juzgado ha aceptado la inhibición del Juzgado de Instrucción 7 de Valencia, quien derivó el caso tras la denuncia de Manos Limpias. Las denunciadas son acusadas de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental en relación a la adjudicación de más de 60 contratos públicos entre 2022 y 2024, en diversos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.

Investigación de la Guardia Civil y Derechos de las Denunciadas

El juez ha ordenado a la Guardia Civil iniciar diligencias previas para investigar los hechos y ha notificado la denuncia a las afectadas, informándoles de sus derechos, incluido el de personarse en la causa. Sin embargo, por ahora no considera necesario citarlas a declarar ni permitir la participación de los denunciantes en la investigación, ya que no han sido constituidos como parte procesal, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Consulta de Competencia Territorial y Alcance Geográfico de los Hechos

Dado que los hechos denunciados también se habrían producido en Madrid y Guipúzcoa, el juez ha solicitado un informe al Ministerio Fiscal sobre la competencia territorial para continuar la investigación.

Detalles de la Denuncia: Contratos Públicos y Ganancias Supuestas

Según Manos Limpias, ambas políticas socialistas habrían adjudicado más de 60 contratos públicos, generando ingresos de aproximadamente 250,000 euros. La denuncia menciona que los contratos están relacionados principalmente con la instalación de puntos violetas y otros proyectos.

¿Qué son los Puntos Violetas?

Los puntos violetas son espacios destinados a la atención de mujeres en situaciones de riesgo, especialmente en contextos de violencia de género. Se instalan frecuentemente en eventos públicos, como festivales y fiestas populares, para ofrecer protección y asistencia.

Perfil de Isabel García y Su Vinculación al PSOE

La denuncia detalla que Isabel García, afiliada al PSOE desde hace más de una década, fue diputada de Igualdad en la Diputación de Valencia en 2015 y asesora en el Ministerio de Transportes entre 2019 y 2022. Fundó una consultoría en políticas de igualdad y diversidad en 2022 y regresó a la administración en 2023 como directora del Instituto de las Mujeres, cargo en el que fue cesada en julio de ese año.

Acusaciones Contra Elisabeth García y Vínculos Empresariales

La denuncia también apunta a Elisabeth García, quien trabajaba como asesora en el Senado desde 2022. Según Manos Limpias, ella es administradora de Elig e Imber Consultoría, empresas que presuntamente compaginaron actividades privadas y públicas sin la debida autorización. Estas empresas, junto a la consultoría de Isabel García, habrían recibido 64 contratos públicos para la instalación de puntos violetas y otros servicios, incluyendo planes de igualdad, talleres de risoterapia y autoestima, y diagnósticos sobre la población LGTBI en varios municipios gobernados por el PSPV-PSOE en Valencia.

Otras Actividades Adjudicadas y Proyectos Financiados

Además de los puntos violetas, las empresas habrían sido contratadas para desarrollar planes estratégicos de igualdad, proyectos de prevención de violencia sexual, talleres y cursos de formación.

 

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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