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Valencia

Un juzgado ordena investigar a la exdirectora del Instituto de la Mujer por corrupción

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Instituto mujer Isabel García corrupción

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Mislata (Valencia) ha ordenado a la Guardia Civil investigar la denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra Isabel García, exdirectora del Instituto de la Mujer, y Elisabeth García, exasesora del PSOE en el Senado, por supuestos delitos de corrupción.

Aceptación de la Inhibición Judicial y Motivos de la Denuncia

El juzgado ha aceptado la inhibición del Juzgado de Instrucción 7 de Valencia, quien derivó el caso tras la denuncia de Manos Limpias. Las denunciadas son acusadas de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental en relación a la adjudicación de más de 60 contratos públicos entre 2022 y 2024, en diversos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.

Investigación de la Guardia Civil y Derechos de las Denunciadas

El juez ha ordenado a la Guardia Civil iniciar diligencias previas para investigar los hechos y ha notificado la denuncia a las afectadas, informándoles de sus derechos, incluido el de personarse en la causa. Sin embargo, por ahora no considera necesario citarlas a declarar ni permitir la participación de los denunciantes en la investigación, ya que no han sido constituidos como parte procesal, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Consulta de Competencia Territorial y Alcance Geográfico de los Hechos

Dado que los hechos denunciados también se habrían producido en Madrid y Guipúzcoa, el juez ha solicitado un informe al Ministerio Fiscal sobre la competencia territorial para continuar la investigación.

Detalles de la Denuncia: Contratos Públicos y Ganancias Supuestas

Según Manos Limpias, ambas políticas socialistas habrían adjudicado más de 60 contratos públicos, generando ingresos de aproximadamente 250,000 euros. La denuncia menciona que los contratos están relacionados principalmente con la instalación de puntos violetas y otros proyectos.

¿Qué son los Puntos Violetas?

Los puntos violetas son espacios destinados a la atención de mujeres en situaciones de riesgo, especialmente en contextos de violencia de género. Se instalan frecuentemente en eventos públicos, como festivales y fiestas populares, para ofrecer protección y asistencia.

Perfil de Isabel García y Su Vinculación al PSOE

La denuncia detalla que Isabel García, afiliada al PSOE desde hace más de una década, fue diputada de Igualdad en la Diputación de Valencia en 2015 y asesora en el Ministerio de Transportes entre 2019 y 2022. Fundó una consultoría en políticas de igualdad y diversidad en 2022 y regresó a la administración en 2023 como directora del Instituto de las Mujeres, cargo en el que fue cesada en julio de ese año.

Acusaciones Contra Elisabeth García y Vínculos Empresariales

La denuncia también apunta a Elisabeth García, quien trabajaba como asesora en el Senado desde 2022. Según Manos Limpias, ella es administradora de Elig e Imber Consultoría, empresas que presuntamente compaginaron actividades privadas y públicas sin la debida autorización. Estas empresas, junto a la consultoría de Isabel García, habrían recibido 64 contratos públicos para la instalación de puntos violetas y otros servicios, incluyendo planes de igualdad, talleres de risoterapia y autoestima, y diagnósticos sobre la población LGTBI en varios municipios gobernados por el PSPV-PSOE en Valencia.

Otras Actividades Adjudicadas y Proyectos Financiados

Además de los puntos violetas, las empresas habrían sido contratadas para desarrollar planes estratégicos de igualdad, proyectos de prevención de violencia sexual, talleres y cursos de formación.

 

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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