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El Rey propone a Feijóo| Se activa el reloj: ¿sesiones de investidura o elecciones?
Publicado
hace 2 añosen
Madrid (OFFICIAL PRESS-EFE).- El rey Felipe VI ha propuesto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como candidato a la investidura, a pesar de que sus 172 apoyos, que incluyen los votos de Vox, UPN y Coalición Canaria, son insuficientes para formar gobierno.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha anunciado la decisión del monarca una vez finalizada la ronda de consultas, en la que Felipe VI ha escuchado las posiciones de UPN, Coalición Canaria, el PNV, Sumar, Vox, PSOE y Partido Popular.
En la primera ocasión en la que dos candidatos buscaban ir a la investidura, el rey ha optado por proponer al que más respaldo tiene a día de hoy, pues el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, parte de 152 escaños (PSOE y Sumar) y debe coser pactos para lograr mayoría.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha agradecido hoy al rey Felipe VI su decisión de proponerle como candidato a la investidura para ser presidente del Gobierno y ha destacado que defenderá el cambio y la estabilidad, así como la “moderación” política.
“Daremos voz a los más de 11 millones de ciudadanos que quieren cambio, estabilidad y moderación con un Gobierno que defienda la igualdad de todos los españoles”, ha escrito Feijóo.
La designación por parte de Felipe VI de Alberto Núñez Feijóo como candidato a presidir el Gobierno activa el reloj institucional de los plazos para la sesión o sesiones de investidura o, si fuera necesario, para la repetición de elecciones.
A efectos prácticos el hecho de que tras la primera ronda de contactos haya salido un primer candidato supone que comienzan a contar los únicos plazos que establece la Constitución una vez constituidas las nuevas Cortes.
En su artículo 99 la Carta Magna establece que si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato obtiene la confianza de la cámara, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones, que se celebrarán 47 días después.
Sin embargo, la Constitución no dispone cuánto tiempo tiene que pasar entre que el rey propone candidato hasta que éste defiende su candidatura en el hemiciclo.
Es la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la que deberá establecer la fecha de la investidura. Antes, como ella misma ha anunciado al comunicar el nombre del candidato, llamará a Feijóo para saber su opinión y tomar la decisión más adecuada.
Una fecha que es, de facto, la que marcaría el día a celebrar elecciones si fuera necesario repetirlas.
“Lo que me corresponde es hablar con el candidato, escuchar y ver sus razones y preferencias para enfocar ese debate, de lo que se trata es de poder facilitar las negociaciones”, ha destacado este martes justo después de volver del Palacio de la Zarzuela de reunirse con el rey.
Sobre cuál podría ser el día elegido por Armengol, el líder del PP ha dado alguna pista al defender tiempo para hablar, porque “hacer una investidura sin hablar con los grupos supondría un formato no parlamentario” e implicaría “desigualdad” respecto a otros aspirantes.
Armengol no ha querido pronunciarse sobre esta petición aunque si se ha mostrado dispuesta a facilitar las negociaciones.
Lo que sí estaría claro es que si se quieren dejar despejadas las navidades ante una hipotética convocatoria electoral el debate de investidura debería celebrarse la última semana de agosto o ya dejarlo para finales de septiembre.
Así se alejaría el peligro de unos comicios en fechas tan señaladas, una amenaza que ya se contempló en 2016 y obligó a modificar la ley electoral para reducir la campaña electoral de 15 a 8 días.
En el día de hoy han concluido las consultas llevadas a cabo por Su Majestad el Rey con los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria que han comparecido en el procedimiento previsto en el artículo 99 de la Constitución Española durante los días 21 y 22 de agosto.
Su Majestad el Rey ha propuesto a don Alberto Núñez Feijóo como candidato a la Presidencia del Gobierno y ha dado traslado de dicha propuesta a la Señora Presidenta del Congreso de los Diputados a los efectos correspondientes.
Primera.- Los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria que han comparecido en el procedimiento han expuesto a Su Majestad el Rey el sentido de sus apoyos parlamentarios.
Segunda.- El representante del Partido Popular, don Alberto Núñez Feijóo, le ha trasladado a Su Majestad el Rey su disposición a ser candidato al proceso de investidura como Presidente del Gobierno.
Tercera.- El Partido Popular ha sido el grupo político que ha obtenido mayor número de escaños en las pasadas elecciones del 23 de julio.
En ese sentido, conviene señalar que, salvo en la Legislatura XI, en todas las elecciones generales celebradas desde la entrada en vigor de la Constitución, el candidato del grupo político que ha obtenido el mayor número de escaños ha sido el primero en ser propuesto por Su Majestad el Rey como candidato a la Presidencia del Gobierno. Esta práctica se ha ido convirtiendo con el paso de los años en una costumbre.
En el procedimiento de consultas llevado a cabo por Su Majestad el Rey no se ha constatado, a día de hoy, la existencia de una mayoría suficiente para la investidura que, en su caso, hiciera decaer esta costumbre.
Cuarta.- De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 99 de la Constitución, si don Alberto Núñez Feijóo obtiene la confianza de la Cámara, será nombrado Presidente del Gobierno.
De conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 99, de no obtener la confianza de la Cámara, Su Majestad el Rey tramitará sucesivas propuestas en la forma prevista en dicho artículo para que el Congreso de los Diputados pueda decidir si otorga o no otorga la confianza al candidato propuesto por Su Majestad el Rey.
Y en ausencia del otorgamiento de esa confianza, Su Majestad el Rey procedería, en los términos previstos en el apartado 5 del artículo 99 de la Constitución, a la disolución de las Cámaras y a la convocatoria de nuevas elecciones generales con el refrendo de la Presidenta del Congreso de los Diputados.
Publicado
hace 1 horaen
8 diciembre, 2025
El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.
Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.
Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.
Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.
Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.
El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.
El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?
Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.
Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.
Desde el Ejecutivo admiten errores:
“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.
Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:
“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.
La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.
Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.
El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:
María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa
Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado
Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.
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