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Sucesos

Investigan la relación entre unos insecticidas prohibidos y caducados y la muerte de nueve perros

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ALICANTE, 12 May. (EUROPA PRESS) –

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante investiga en las localidades de Benissa y Teulada la relación entre unos insecticidas prohibidos y caducados, hallados en unas casetas de aperos, y el fallecimiento de nueve perros. De momento, seis personas han sido denunciadas por presunta posesión no autorizada de productos fitosanitarios muy tóxicos.

Mientras tanto, el Seprona está a la espera del informe del laboratorio para determinar si los productos incautados pudieran haber sido utilizados como veneno en varios cepos de zonas rurales de estos municipios, informa el instituto armado en un comunicado.

Según las denuncias presentadas ante la Guardia Civil, al menos nueve canes fallecieron y otros cinco resultaron envenenados, todos entre los meses de marzo y abril. No se descarta que haya más perros afectados cuyos dueños no hubieran denunciado.

La investigación se ha centrado en zonas rurales de los municipios alicantinos de Calpe, Teulada y Benissa. Tras sacarlos a pasear, los propietarios veían cómo sus perros, transcurridos unos minutos, comenzaban a convulsionar, padecían un fallo respiratorio y, en los peores casos, fallecían al instante.

Los agentes tomaron muestras biológicas de los animales muertos y posteriormente localizaron los cebos envenenados, gracias a la ayuda de un perro especializado del Servicio Cinológico de El Pardo (Madrid). Las pesquisas llevaron hasta cuatro casetas de aperos, tres en Benissa y uno en Teulada, cuyos propietarios están vinculados a la práctica cinegética.

En todas había insecticidas escondidos no autorizados y caducados, de alta toxicidad y letalidad. El más destacado era el Aldicarb: su simple exposición da lugar a síntomas similares a los descritos por los dueños de los perros envenenados. Desde el Seprona señalan que esta sustancia tiene una capacidad para matar, con tan solo 1,5 gramos, a 500 zorros o 15.000 cernícalos, e incluso provocar la muerte en cadena de otros animales que comieran el cadáver.

Según los investigadores, los sospechosos podrían haber adquirido estas sustancias plaguicidas en un establecimiento clandestino de la localidad de Benissa, inspeccionado por el Seprona junto a la Conselleria de Agricultura. Allí hallaron más productos fitosanitarios sin autorización para su venta, también sin trazabilidad, caducados y muy tóxicos.

CEPOS PROHIBIDOS Y 51 PERROS DE CAZA
En las casetas, los guardias civiles descubrieron varias trampas y cepos prohibidos para su uso cinegético, junto a aves fringílidas y jilgueros sin autorización y hasta 51 perros de caza –uno de ellos de raza peligrosa– sin vacunar y sin identificar, por lo que interpusieron las correspondientes denuncias administrativas.

El Seprona mantiene abierta la investigación para determinar si a estas seis personas se les puede imputar un delito relativo a la protección de la flora y fauna y otro de maltrato a animal doméstico, en base a los resultados que arrojen los análisis de las sustancias incautadas.

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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