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Sucesos

Investigan la relación entre unos insecticidas prohibidos y caducados y la muerte de nueve perros

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ALICANTE, 12 May. (EUROPA PRESS) –

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante investiga en las localidades de Benissa y Teulada la relación entre unos insecticidas prohibidos y caducados, hallados en unas casetas de aperos, y el fallecimiento de nueve perros. De momento, seis personas han sido denunciadas por presunta posesión no autorizada de productos fitosanitarios muy tóxicos.

Mientras tanto, el Seprona está a la espera del informe del laboratorio para determinar si los productos incautados pudieran haber sido utilizados como veneno en varios cepos de zonas rurales de estos municipios, informa el instituto armado en un comunicado.

Según las denuncias presentadas ante la Guardia Civil, al menos nueve canes fallecieron y otros cinco resultaron envenenados, todos entre los meses de marzo y abril. No se descarta que haya más perros afectados cuyos dueños no hubieran denunciado.

La investigación se ha centrado en zonas rurales de los municipios alicantinos de Calpe, Teulada y Benissa. Tras sacarlos a pasear, los propietarios veían cómo sus perros, transcurridos unos minutos, comenzaban a convulsionar, padecían un fallo respiratorio y, en los peores casos, fallecían al instante.

Los agentes tomaron muestras biológicas de los animales muertos y posteriormente localizaron los cebos envenenados, gracias a la ayuda de un perro especializado del Servicio Cinológico de El Pardo (Madrid). Las pesquisas llevaron hasta cuatro casetas de aperos, tres en Benissa y uno en Teulada, cuyos propietarios están vinculados a la práctica cinegética.

En todas había insecticidas escondidos no autorizados y caducados, de alta toxicidad y letalidad. El más destacado era el Aldicarb: su simple exposición da lugar a síntomas similares a los descritos por los dueños de los perros envenenados. Desde el Seprona señalan que esta sustancia tiene una capacidad para matar, con tan solo 1,5 gramos, a 500 zorros o 15.000 cernícalos, e incluso provocar la muerte en cadena de otros animales que comieran el cadáver.

Según los investigadores, los sospechosos podrían haber adquirido estas sustancias plaguicidas en un establecimiento clandestino de la localidad de Benissa, inspeccionado por el Seprona junto a la Conselleria de Agricultura. Allí hallaron más productos fitosanitarios sin autorización para su venta, también sin trazabilidad, caducados y muy tóxicos.

CEPOS PROHIBIDOS Y 51 PERROS DE CAZA
En las casetas, los guardias civiles descubrieron varias trampas y cepos prohibidos para su uso cinegético, junto a aves fringílidas y jilgueros sin autorización y hasta 51 perros de caza –uno de ellos de raza peligrosa– sin vacunar y sin identificar, por lo que interpusieron las correspondientes denuncias administrativas.

El Seprona mantiene abierta la investigación para determinar si a estas seis personas se les puede imputar un delito relativo a la protección de la flora y fauna y otro de maltrato a animal doméstico, en base a los resultados que arrojen los análisis de las sustancias incautadas.

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Sucesos

Investigan a una joven por robar un móvil, suplantar una identidad y cometer una estafa a través de una falsa factura

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La Guardia Civil le atribuye delitos de hurto, usurpación de estado civil y estafa en la provincia de Valencia

La Guardia Civil investiga a una mujer de 22 años por presuntamente robar un teléfono móvil del interior de un vehículo y utilizarlo posteriormente para usurpar una identidad y cometer una estafa económica, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado oficial.

La investigación se inició tras la denuncia del hurto de un terminal móvil que se encontraba en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública. Apenas un día después del robo, la víctima recibió un mensaje en el que se le reclamaba el pago de una factura correspondiente a unas supuestas obras realizadas en su domicilio.

Tras recibir la factura, la denunciante efectuó el pago en el número de cuenta bancaria que figuraba en el documento, sin sospechar que se trataba de una estafa.

Descubren la estafa un mes después

Un mes más tarde, el verdadero propietario de la empresa que realizó las obras se puso en contacto con la víctima para reclamar el pago pendiente. Al enviarle el justificante de la transferencia, este confirmó que la cuenta bancaria no le pertenecía, lo que destapó el fraude.

Las pesquisas de la Guardia Civil permitieron comprobar que el número de cuenta utilizado para recibir el dinero pertenecía a un familiar de la investigada, quien actuó de buena fe tras recibir un mensaje desde el móvil previamente sustraído, en el que se le solicitaba un número de cuenta bancaria. De este modo, la presunta autora utilizó a este familiar como una “mula” financiera para ocultar el rastro del dinero.

Coordinación entre puestos de la Guardia Civil

Para localizar a la sospechosa, los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Benaguasil se coordinaron con efectivos del Puesto de Montanejos (Castellón), logrando finalmente identificar a la presunta autora de los hechos.

La investigada es una mujer de 22 años y nacionalidad española, a la que se le atribuyen los delitos de hurto en el interior de vehículo, usurpación de estado civil y estafa.

Diligencias judiciales

La investigación ha sido desarrollada por agentes del Puesto de la Guardia Civil de Benaguasil, que ya han entregado las diligencias en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Llíria, donde continuará el procedimiento judicial.

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