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Sucesos

Investigan la relación entre unos insecticidas prohibidos y caducados y la muerte de nueve perros

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ALICANTE, 12 May. (EUROPA PRESS) –

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante investiga en las localidades de Benissa y Teulada la relación entre unos insecticidas prohibidos y caducados, hallados en unas casetas de aperos, y el fallecimiento de nueve perros. De momento, seis personas han sido denunciadas por presunta posesión no autorizada de productos fitosanitarios muy tóxicos.

Mientras tanto, el Seprona está a la espera del informe del laboratorio para determinar si los productos incautados pudieran haber sido utilizados como veneno en varios cepos de zonas rurales de estos municipios, informa el instituto armado en un comunicado.

Según las denuncias presentadas ante la Guardia Civil, al menos nueve canes fallecieron y otros cinco resultaron envenenados, todos entre los meses de marzo y abril. No se descarta que haya más perros afectados cuyos dueños no hubieran denunciado.

La investigación se ha centrado en zonas rurales de los municipios alicantinos de Calpe, Teulada y Benissa. Tras sacarlos a pasear, los propietarios veían cómo sus perros, transcurridos unos minutos, comenzaban a convulsionar, padecían un fallo respiratorio y, en los peores casos, fallecían al instante.

Los agentes tomaron muestras biológicas de los animales muertos y posteriormente localizaron los cebos envenenados, gracias a la ayuda de un perro especializado del Servicio Cinológico de El Pardo (Madrid). Las pesquisas llevaron hasta cuatro casetas de aperos, tres en Benissa y uno en Teulada, cuyos propietarios están vinculados a la práctica cinegética.

En todas había insecticidas escondidos no autorizados y caducados, de alta toxicidad y letalidad. El más destacado era el Aldicarb: su simple exposición da lugar a síntomas similares a los descritos por los dueños de los perros envenenados. Desde el Seprona señalan que esta sustancia tiene una capacidad para matar, con tan solo 1,5 gramos, a 500 zorros o 15.000 cernícalos, e incluso provocar la muerte en cadena de otros animales que comieran el cadáver.

Según los investigadores, los sospechosos podrían haber adquirido estas sustancias plaguicidas en un establecimiento clandestino de la localidad de Benissa, inspeccionado por el Seprona junto a la Conselleria de Agricultura. Allí hallaron más productos fitosanitarios sin autorización para su venta, también sin trazabilidad, caducados y muy tóxicos.

CEPOS PROHIBIDOS Y 51 PERROS DE CAZA
En las casetas, los guardias civiles descubrieron varias trampas y cepos prohibidos para su uso cinegético, junto a aves fringílidas y jilgueros sin autorización y hasta 51 perros de caza –uno de ellos de raza peligrosa– sin vacunar y sin identificar, por lo que interpusieron las correspondientes denuncias administrativas.

El Seprona mantiene abierta la investigación para determinar si a estas seis personas se les puede imputar un delito relativo a la protección de la flora y fauna y otro de maltrato a animal doméstico, en base a los resultados que arrojen los análisis de las sustancias incautadas.

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Indemnizan con 225.000 € a la familia de una paciente fallecida tras 36 horas en Urgencias del Hospital General de València

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indemnización hospital general pancreatitis
Hospital General de València en imagen de archivo - GVA - Archivo

La compañía aseguradora de la Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario de València indemnizarán con 225.000 euros a la familia de una paciente de 69 años que falleció por una pancreatitis aguda tras permanecer 36 horas en Urgencias sin recibir atención médica continuada.

El acuerdo se ha alcanzado tras la reclamación presentada por la asociación El Defensor del Paciente, cuyos letrados, Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre, han logrado que ambas aseguradoras asuman la compensación económica por los daños causados.


36 horas en un box sin seguimiento médico

Según detalla la asociación en un comunicado, la paciente permaneció en un box de Urgencias desde las 00:12 horas del día de su ingreso hasta las 07:32 horas del día siguiente, momento en el que se certificó su fallecimiento.

Durante ese periodo, denuncian que no consta registro de constantes vitales, analíticas ni nuevas exploraciones médicas, más allá de la evaluación inicial realizada a su llegada al hospital.

El acuerdo se ha producido en el marco de un procedimiento administrativo tras interponerse una reclamación patrimonial contra la sanidad pública por presunta negligencia médica.


Ingreso sin cama disponible y falta de atención

Los hechos se remontan al 7 de mayo de 2025, cuando la paciente acudió a Urgencias con síntomas como dolor abdominal, vómitos y sensación de hinchazón.

Tras las primeras pruebas, entre ellas una ecografía abdominal, se detectó litiasis biliar y se diagnosticó una pancreatitis aguda biliar, por lo que se ordenó su ingreso hospitalario.

Sin embargo, ante la falta de camas disponibles, la paciente permaneció en el área de Urgencias a la espera de traslado y tratamiento.

Según la asociación, durante ese tiempo la mujer estuvo “36 horas esperando atención” y finalmente falleció sola en el box sin que ningún profesional sanitario advirtiera la situación a tiempo.


Una patología que requiere vigilancia intensiva

La pancreatitis aguda puede evolucionar de forma leve o grave. En los casos más severos, puede provocar inflamación extensa, necrosis pancreática y fallo multiorgánico, con tasas de mortalidad que superan el 30%.

Por ello, este tipo de pacientes requiere monitorización constante, uso de escalas pronósticas y tratamiento intensivo precoz para evitar complicaciones.

La asociación denuncia que no se aplicaron estos protocolos básicos, lo que, a su juicio, derivó en una muerte evitable.


Denuncian “inacción” y falta de atención mínima

El Defensor del Paciente considera que la fallecida tenía “altas expectativas de curación”, pero que la falta de atención sanitaria le privó de recibir el tratamiento necesario.

“La paciente fue abandonada en un box de Urgencias sin la supervisión mínima exigible”, subraya la entidad, que insiste en que este tipo de situaciones son evitables con un seguimiento básico de los pacientes ingresados.

Asimismo, recalcan que no es aceptable que durante más de un día ningún profesional sanitario se acercara a valorar su estado, lo que consideran una grave negligencia asistencial.

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