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Irene Montero garantiza que se podrá abortar en todos los hospitales públicos

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El Ministerio de Igualdad plantea la reforma de la ley del aborto en la que se recoge que todos los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia deban contar con profesionales que puedan practicar un aborto, eliminando la obligación del periodo obligatorio de reflexión de la mujer de tres días que está en vigor.

La ministra de Igualdad Irene Montero ha anunciado durante su comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso estas medidas y ha destacado que el deber del Gobierno es el de «blindar el derecho al aborto en la sanidad pública».

Montero ha anunciado la creación de una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos para poder informar a la mujer del procedimiento así como los derechos que le asisten, dónde y cómo defenderlos en caso de que le fueran negados.

Aborto voluntario para adolescentes de entre 16 y 18 años

La ministra ha mostrado su intención de que «las adolescentes de entre 16 y 18 años puedan acceder» al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) «de forma autónoma». «Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos», ha declarado.

Ha señalado que su intención es que en los servicios de ginecología y obstetricia de los centros públicos se garantice esta práctica. Para ello, según ha indicado, se respetará «escrupulosamente» el «derecho constitucional» a la objeción de conciencia», pero haciéndolo

La mujer elegirá el método

En cuanto al procedimiento, Montero señala que será la mujer quien decida en todo caso el método de interrupción. En el centro de salud le darán la información necesaria para poder tomar esa decisión. Además se eliminará la obligación de recibir el sobre actual, que se proporcionará solo en los casos en los que las mujeres lo soliciten.

«Inmediatamente podrá ser derivada a un centro hospitalario para acceder a este derecho, por un procedimiento de urgencia, eliminando también los tres días de reflexión obligatoria que existen a día de hoy», ha declarado. «Toda mujer que decida abortar deberá poder hacerlo sin ningún tipo de obstáculo ni perjuicio», ha insistido.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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