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Irene Montero garantiza que se podrá abortar en todos los hospitales públicos

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El Ministerio de Igualdad plantea la reforma de la ley del aborto en la que se recoge que todos los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia deban contar con profesionales que puedan practicar un aborto, eliminando la obligación del periodo obligatorio de reflexión de la mujer de tres días que está en vigor.

La ministra de Igualdad Irene Montero ha anunciado durante su comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso estas medidas y ha destacado que el deber del Gobierno es el de «blindar el derecho al aborto en la sanidad pública».

Montero ha anunciado la creación de una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos para poder informar a la mujer del procedimiento así como los derechos que le asisten, dónde y cómo defenderlos en caso de que le fueran negados.

Aborto voluntario para adolescentes de entre 16 y 18 años

La ministra ha mostrado su intención de que «las adolescentes de entre 16 y 18 años puedan acceder» al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) «de forma autónoma». «Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos», ha declarado.

Ha señalado que su intención es que en los servicios de ginecología y obstetricia de los centros públicos se garantice esta práctica. Para ello, según ha indicado, se respetará «escrupulosamente» el «derecho constitucional» a la objeción de conciencia», pero haciéndolo

La mujer elegirá el método

En cuanto al procedimiento, Montero señala que será la mujer quien decida en todo caso el método de interrupción. En el centro de salud le darán la información necesaria para poder tomar esa decisión. Además se eliminará la obligación de recibir el sobre actual, que se proporcionará solo en los casos en los que las mujeres lo soliciten.

«Inmediatamente podrá ser derivada a un centro hospitalario para acceder a este derecho, por un procedimiento de urgencia, eliminando también los tres días de reflexión obligatoria que existen a día de hoy», ha declarado. «Toda mujer que decida abortar deberá poder hacerlo sin ningún tipo de obstáculo ni perjuicio», ha insistido.

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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