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Irene Montero garantiza que se podrá abortar en todos los hospitales públicos

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ley solo si es si

El Ministerio de Igualdad plantea la reforma de la ley del aborto en la que se recoge que todos los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia deban contar con profesionales que puedan practicar un aborto, eliminando la obligación del periodo obligatorio de reflexión de la mujer de tres días que está en vigor.

La ministra de Igualdad Irene Montero ha anunciado durante su comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso estas medidas y ha destacado que el deber del Gobierno es el de «blindar el derecho al aborto en la sanidad pública».

Montero ha anunciado la creación de una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos para poder informar a la mujer del procedimiento así como los derechos que le asisten, dónde y cómo defenderlos en caso de que le fueran negados.

Aborto voluntario para adolescentes de entre 16 y 18 años

La ministra ha mostrado su intención de que «las adolescentes de entre 16 y 18 años puedan acceder» al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) «de forma autónoma». «Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos», ha declarado.

Ha señalado que su intención es que en los servicios de ginecología y obstetricia de los centros públicos se garantice esta práctica. Para ello, según ha indicado, se respetará «escrupulosamente» el «derecho constitucional» a la objeción de conciencia», pero haciéndolo

La mujer elegirá el método

En cuanto al procedimiento, Montero señala que será la mujer quien decida en todo caso el método de interrupción. En el centro de salud le darán la información necesaria para poder tomar esa decisión. Además se eliminará la obligación de recibir el sobre actual, que se proporcionará solo en los casos en los que las mujeres lo soliciten.

«Inmediatamente podrá ser derivada a un centro hospitalario para acceder a este derecho, por un procedimiento de urgencia, eliminando también los tres días de reflexión obligatoria que existen a día de hoy», ha declarado. «Toda mujer que decida abortar deberá poder hacerlo sin ningún tipo de obstáculo ni perjuicio», ha insistido.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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