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Jorge Rodríguez abandona el PSPV para «quitar presión» tras las revelaciones del caso Alquería

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VALÈNCIA, 17 Abr.- El expresidente de la Diputación de València, alcalde de la localidad valenciana de Ontinyent y hasta hoy candidato del PSPV a revalidar este puesto, Jorge Rodríguez, ha anunciado que abandona el partido con el objetivo de «quitar presión» ante la convocatoria electoral.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado hecho público esta noche después de una reunión con el secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, donde se ha analizado el alzamiento del secreto del sumario del Caso Alqueria, que ha desvelado que la Fiscalía Anticorrupción cree que el exdirigente socialista y otros investigados en la causa colocaron en Divalterra a personas afines al PSPV y a Compromís en puestos de alta dirección.

Tras el encuentro con Muñoz, el expresidente de la corporación provincial ha anunciado que abandona el partido en el que militaba desde hacía cerca 20 años. A pesar de que Rodríguez se reafirma en su inocencia, cree que con su decisión «quita presión al partido en medio de unas elecciones claves para el futuro del país».

El expresidente de la Diputación, por tanto, no encabezará el próximo mes de mayo la lista del PSPV-PSOE de Ontinyent, ciudad de la que es alcalde con el 63% de los votos y 14 de los 21 regidores del ayuntamiento.

Respecto a su futuro político, Jorge Rodríguez ha manifestado que siempre hará lo que sea «más beneficioso para el pueblo de Ontinyent, que es al único al que se debe».

Fuente: Europa Press

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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