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Valencia

Ábalos sigue en libertad: El Supremo descarta enviarlo a prisión tras el informe de la UCO sobre sus «ingresos irregulares»

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José Luis Ábalos
El exministro de transporte José Luis Ábalos llega al Tribunal Supremo para declarar como investigado. - Eduardo Parra - Europa Press

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, continúa en libertad mientras el Tribunal Supremo analiza su papel en el conocido caso Koldo. A pesar de que la Fiscalía ve riesgo de fuga, no ha solicitado su ingreso en prisión, argumentando que su condición de diputado y aforamiento reduce ese peligro. En cambio, las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, sí han reclamado su prisión provisional de forma inmediata.


La Fiscalía reconoce riesgo de fuga pero descarta la prisión por el momento

Durante la vistilla celebrada tras su última comparecencia ante el juez, el Ministerio Fiscal reconoció que existen indicios que podrían justificar medidas más restrictivas, como la prisión preventiva, pero consideró que el aforamiento de Ábalos y su escaño en el Congreso actúan como una garantía de arraigo y control institucional. Por ello, solicitó mantener las medidas cautelares actuales: retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias periódicas.

Las acusaciones populares, sin embargo, sostienen que el exministro mantiene capacidad para influir o destruir pruebas, y que su libertad podría suponer un riesgo procesal. Argumentan que su posición política no debería servir como escudo frente a las medidas judiciales que se aplican habitualmente a otros investigados por delitos similares.


Ábalos guarda silencio ante el juez por sentirse indefenso

En esta última citación, Ábalos decidió acogerse a su derecho a no declarar. Según fuentes jurídicas, justificó su silencio alegando que se siente “indefenso” ante la interpretación de los documentos económicos que lo implican en supuestos ingresos irregulares. Esta estrategia marca un giro en su defensa, pues en anteriores ocasiones sí había ofrecido explicaciones ante el tribunal.

El exministro mantiene su inocencia y defiende que no existen pruebas concluyentes que lo vinculen con el cobro de comisiones o la gestión de fondos ilícitos relacionados con el caso Koldo.


El caso Koldo y las medidas cautelares vigentes

El caso, centrado en presuntas adjudicaciones irregulares y comisiones ilegales, sigue su curso en el Tribunal Supremo. Ábalos continúa bajo medidas cautelares, que incluyen:

  • Retirada de pasaporte.

  • Prohibición de abandonar el territorio nacional.

  • Comparecencias periódicas ante la autoridad judicial.

Estas condiciones fueron ratificadas por el juez instructor, que por el momento descarta el ingreso en prisión mientras se evalúan las nuevas pruebas presentadas por la UCO.


Implicaciones políticas de la decisión judicial

La decisión de mantener a Ábalos en libertad tiene importantes consecuencias políticas. Si el exministro fuera finalmente encarcelado de forma preventiva, sería suspendido automáticamente como diputado, lo que podría alterar la correlación de fuerzas en el Congreso en una legislatura especialmente ajustada.

Su caso genera además una fuerte tensión interna en el PSOE, que intenta distanciarse de cualquier sospecha de corrupción mientras el proceso judicial sigue abierto.


Conclusión

José Luis Ábalos permanece en libertad, aunque con medidas cautelares y bajo la vigilancia del Tribunal Supremo. La Fiscalía admite la existencia de riesgo de fuga, pero considera que su escaño actúa como una garantía suficiente, mientras las acusaciones populares insisten en su ingreso en prisión provisional.

El exministro, que ha optado por guardar silencio en su última declaración, afronta un proceso judicial de alto impacto político y mediático, cuyo desenlace será determinante para su futuro personal y el equilibrio parlamentario actual.

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Valencia

Nueva bronca entre Grezzi y Catalá en el pleno tras mostrar un cártel de Mazón dando un beso a la alcaldesa 

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Polémica pleno
Imagen del edil de Compromís en el Ayuntamiento de València Giuseppe Grezzi con el cartel alusivo a la dana que Catalá le ha exigido retirar del atril colgado de su camisa. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) – El pleno del Ayuntamiento de València celebrado este martes, el ordinario de noviembre, ha vuelto a registrar un momento de tensión entre la alcaldesa, María José Catalá (PP), y el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi por la exhibición del mismo cartel alusivo a la dana y con una imagen de la primera edil recibiendo un beso del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, que les llevó a tener un enfrentamiento en la sesión plenaria de octubre.

El contexto de la polémica y el cartel de la dana

Grezzi, que el pasado mes colgó ese póster del atril del hemiciclo cuando comenzó su intervención en un punto referido a las tarifas de la EMT, ha vuelto a mostrarlo este martes al tomar la palabra durante el debate de una moción sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Junto a la fotografía de Catalá y Mazón, en este cartel se observa la hora en la que se recibió el mensaje de alerta el 29O y la frase: “Ni oblit ni perdó”.

Catalá, como hizo en el pleno de octubre, ha pedido a Grezzi que retirara del atril esa imagen y el concejal, como hizo hace un mes, se ha negado y ha vuelto a decir a la alcaldesa que el reglamento del pleno no le impedía mostrarlo y que lo amparaba.

El informe del secretario: la clave del giro en el debate

En ese momento, la alcaldesa, que ha llamado dos veces al orden al representante de Compromís para que quitara su póster, ha intervenido para indicarle que tenía el informe que solicitó al secretario del consistorio tras lo ocurrido en el pasado pleno con el fin de saber si se podían mostrar desde la tribuna carteles como el que mostró entonces y ha exhibido ahora este concejal.

María José Catalá ha destacado que ese documento precisa que no es posible colocar cartelería. “Dadas las dudas que se generaron en el anterior pleno, esta presidencia solicitó a la secretaría general un informe correspondiente al uso de cartelería en la tribuna, que es de todos, no del que habla”, ha expuesto la primera edil, que ha subrayado que tenía ese documento y que lo podía mostrar.

La alcaldesa insiste: la tribuna “no es suya”

“Dice claramente que usted no puede poner cartelería en esa tribuna porque no es suya. Tanto la tribuna desde la que habla, como la bancada –de cada grupo–, es de la corporación y del salón de plenos del Ayuntamiento. No se utiliza para cada uno de ustedes. Si a los vecinos que acuden de público a este pleno del Ayuntamiento no se les permite poner catelería, ¿por qué ustedes se creen con el derecho de hacerlo?”, ha dicho a Grezzi.

Asimismo, María José Catalá ha mostrado su voluntad de ponerlo a disposición de “todos los portavoces” de los grupos municipales. La portavoz de Compromís, Papi Robles, se ha levantado de su escaño y se ha situado junto a su compañero de partido en el atril para defender su postura y pedir a Catalá que “de manera inmediata” facilitara ese informe. La alcaldesa ha accedido a esa petición y ha ordenado un receso de unos minutos para hacer llegar el documento a los portavoces de cada grupo.

Grezzi retira el póster del atril, pero no deja de mostrarlo

Tras ese receso, se ha reanudado la sesión y Giuseppe Grezzi ha seguido interviniendo pero sin el cartel en el atril. El concejal lo ha quitado de la tribuna y se lo ha colgado en la camisa, para seguir exhibiéndolo mientras hablaba. “Su amistad con Mazón no se acaba si yo quito el cartel. Usted lo único que ha demostrado es su autoritarismo, porque quiere gestionar este pleno en función de sus intereses”, ha señalado a la responsable municipal.

El informe del secretario: la cartelería debe ser autorizada

En su informe, el secretario general de la corporación y del pleno indica que “la instalación o colocación de banderas, de cualquier tipo, no puede hacerse por la vía de hecho, sino que debe ser autorizada por el órgano competente, en el caso del hemiciclo la presidencia del pleno, y en el caso de los edificios, la Alcaldía o el órgano delegado por ella”.

Así, sostiene que este “deberá tener en cuenta los pronunciamientos judiciales y el lugar donde se pretende colocar” la cartelería o cualquier otro elemento.

“En conclusión, el derecho a la libertad de expresión, ni el ius in officium, no incluye el derecho a colgar estos elementos en el atril institucional del orador que esté en uso de la palabra, ni en los espacios o elementos comunes del hemiciclo”, precisa el secretario en el documento.

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