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Josep Rull, elegido nuevo presidente del Parlament con el apoyo de Junts, ERC y CUP

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Josep Rull, elegido nuevo presidente del Parlament

El exconseller y presidente del Consell Nacional de Junts, Josep Rull, ha sido elegido este lunes nuevo presidente del Parlament con el apoyo de Junts, ERC y CUP, sumando un total de 59 diputados.

Rull ha ganado la segunda votación frente a Sílvia Paneque (PSC), que obtuvo 42 apoyos. En la primera votación, ningún candidato a la presidencia del Parlament alcanzó la mayoría absoluta de 68 diputados de un total de 135.

Tras la elección de la presidencia de la Cámara, se realizarán dos rondas más de votaciones: para elegir las dos vicepresidencias de la Mesa del Parlament y las cuatro secretarías.

Primera votación

Aunque la votación es secreta y se realiza mediante una urna, en la primera ronda Rull obtuvo el apoyo de los 35 diputados de Junts. Paneque consiguió los 42 votos de su grupo, mientras que ERC y CUP –con 24 escaños en total– optaron por votar en blanco.

Los 15 diputados del PP votaron a su candidato, Pere Lluís Huguet, mientras que los 11 representantes de Vox apoyaron a su diputada María García Fuster. Los seis de los Comuns votaron a Susanna Segovia, mientras que los dos diputados de Aliança Catalana (AC) emitieron votos nulos con la inscripción ‘Estat català’.

Segunda votación

En la segunda votación, Rull sumó los votos de los partidos independentistas –Junts, ERC y CUP–. Paneque obtuvo nuevamente los apoyos de su grupo parlamentario, mientras que PP, Vox y Comuns votaron en blanco, y AC volvió a emitir votos nulos.

Con esta sesión, el Parlament inicia la 15ª legislatura, y los miembros de la nueva Mesa de la Cámara catalana tendrán la responsabilidad de designar al candidato que se presentará en primer lugar a la investidura: el socialista Salvador Illa o el de Junts, Carles Puigdemont.

La sesión fue presidida por el diputado de mayor edad de la Cámara, Agustí Colomines (Junts), asistido por los dos más jóvenes en calidad de secretarias, Mar Besses (ERC) y Júlia Calvet (Vox).

Votos de Puigdemont y Lluís Puig

La Mesa de Edad aceptó en la sesión de este lunes el voto de los tres diputados huidos en el extranjero, Carles Puigdemont y Lluís Puig (Junts) y Ruben Wagensberg (ERC) –en su caso, por baja médica–.

Agustí Colomines, en su intervención inaugural, destacó como una anomalía que los tres diputados electos «aún vivan en el exilio».

Posteriormente, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, anunció que presentarán un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC). El diputado de Vox, Joan Garriga, pidió la reconsideración de los votos delegados y que se convocara una Junta de Portavoces para discutir la decisión de la Mesa de Edad, solicitud que fue denegada.

Traspaso entre presidentes

Finalizadas las votaciones, los nuevos siete miembros de la Mesa se pondrán la Medalla de Honor del Parlament, y el presidente dirigirá un discurso a la Cámara.

Si el nuevo presidente es diferente al de la legislatura anterior, es tradición que el anterior presidente haga entrega de una carta enviada desde México en 1980 por el último presidente del Parlament en el exilio, Francesc Farreras.

El presidente de la Cámara catalana es la segunda autoridad de Catalunya, y sus funciones incluyen establecer y mantener el orden en las discusiones, dirigir los debates y cumplir y hacer cumplir el reglamento.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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