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La Justicia rechaza que se analicen los móviles de los implicados en el caso Marta del Castillo

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el cuco marta del castillo
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La Audiencia de Sevilla ha vuelto a rechazar la investigación de los teléfonos móviles de los otros juzgados por el crimen de Marta del Castillo, quienes fueron absueltos en el juicio. Esto hace referencia a Francisco Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño; María García, novia de Delgado; y Samuel Benítez; así como a Francisco Javier García ‘Cuco’, condenado por encubrimiento por un juzgado de Menores. Se ha alegado que la permisión afectaría a «derechos fundamentales de personas que ya han sido juzgadas».

Rechazado el análisis de los móviles de los absueltos

La sección tercera de la Audiencia desestima en un auto el incidente de nulidad presentado por los padres de Marta del Castillo contra un auto de octubre de 2022 que ya desestimaba la investigación de los móviles de los implicados. Además, el auto de la Audiencia, fechado el 24 de marzo y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), condena a los padres de Marta del Castillo al pago de las costas procesales causadas en este incidente de nulidad.

Por otra parte, la Audiencia ha subrayado que la pieza separada para la búsqueda ya fue cerrada y asegura que «en ningún caso procede mantener una investigación sine die, sin justificación para la intervención judicial y, menos cuando lo que se pretende es la práctica de nuevas diligencias que afectan a derechos fundamentales de personas ya enjuiciadas».

Búsqueda del cuerpo sin «límite temporal»

Sin embargo, el auto señala que la búsqueda del cuerpo de la víctima «no tiene límite temporal». De manera que se pueden realizar «las indagaciones que se estimen necesarias», pero sin que eso suponga «la continuación de un procedimiento ya acabado y, menos, afectar a derechos fundamentales» de personas ya juzgadas.

El teléfono de Miguel Carcaño sí está siendo analizado, con la autorización del condenado, al igual que el de Marta del Castillo. El fin es comprobar si ofrecen algún dato sobre los movimientos que hicieron el día del crimen, el 24 de enero de 2009. También, por tanto, si arrojan pistas que faciliten la localización del cuerpo. De hecho, una empresa especializada ha acometido un peritaje del teléfono de Carcaño, que será entregado al juez próximamente.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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