Este jueves por la noche saltaba la noticia de que la Abogacía del Estado finalmente acusará a los líderes del ‘procés’ soberanista catalán de un delito de sedición y no de rebelión, al entender que no se dieron los episodios de violencia suficientes, y de otro de malversación. La Abogacía del Estado entregará este viernes en el Tribunal Supremo su escrito de calificaciones provisionales en el que se desmarca del criterio de la Fiscalía y no ve que los acontecimientos que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) sean susceptibles de un delito de rebelión, sino de sedición.

Tras conocerse esta noticia las redes sociales ardían en comentarios y apuntaban directamente al presidente del Gobierno. Y es que este cambio de postura llega poco después de que Pedro Sánchez modificara su criterio e insinuara que los encarcelados no cometieron delito de rebelión.

La decisión de Abogacía del Estado, que representa los intereses del Estado y que orgánicamente depende del Ministerio de Justicia, supone que en el juicio que previsiblemente se celebre en enero defenderá que no se produjo un alzamiento violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

La Abogacía del Estado se personó más tarde en la causa por el asunto de la malversación sobre el que ha pivotado toda su actuación y las diligencias solicitadas, y no tenía de hecho por qué pronunciase sobre la rebelión o la sedición.

A lo largo de la instrucción, siempre respaldó el criterio de la Fiscalía en relación a la violencia y el delito de rebelión, hasta el punto de que cuando pidió al Supremo que cerrase la investigación, solicitó que se juzgara a los procesados por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia. Por tanto, su decisión de acusar de sedición supone un cambio en la estrategia que ha mantenido en la causa hasta la fecha.