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La Audiencia de Valencia rechaza por segunda vez la petición de Zaplana de quedar en libertad

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VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) – La Audiencia de Valencia ha rechazado por segunda ocasión poner en libertad al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, en prisión provisional por la operación Erial, tal y como había pedido su defensa, en una vista celebrada este miércoles en la Ciudad de la Justicia.

El exministro permanece en prisión provisional por su presunta implicación en este caso que investiga la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de València. Zaplana fue detenido el pasado 22 de mayo y, tras pasar a disposición judicial, quedó ingresado en Picassent por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

Tras estudiar esta nueva solicitud de puesta en libertad del letrado de Zaplana en la vista, la sala rechaza el recurso del exdirigente ‘popular’ y confirma la prisión provisional acordada en su día por el Juzgado de Instrucción 8, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Se trata de la segunda ocasión en la que la defensa de Zaplana solicita la libertad de su cliente ante la jueza de instrucción y posteriormente con recurso ante la Audiencia Provincial.

La primera vez, el pasado 4 de junio, cuando se hizo público que la jueza no había aceptado la petición del exministro de Trabajo de quedar en libertad por razones humanitarias o, subsidiariamente, de pasar a arresto domiciliario, tal como había reclamado su abogado.

En aquel primer intento, la defensa de Eduardo Zaplana alegó que la medida era «innecesaria y desproporcionada», sostenía que no existía «ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas» ni de fuga, tanto por el «arraigo personal y familiar» del exdirigente ‘popular’ como por la «grave enfermedad» que padece desde hace años –leucemia– y que requiere cuidados «continuos y periódicos».

En ese momento, la instructora rechazó el recurso con el argumento de que «quien comete presuntamente un delito debe asumir las consecuencias de sus actos siendo él el único responsable» y porque que las vigilancias a las que se ha sometido a Eduardo Zaplana desde el año 2015 –cuando comenzó la investigación– reflejan una vida «muy activa».

Además, apuntaba que Zaplana había solicitado el uso del gimnasio de la cárcel de Picassent, lo que, a juicio de la magistrada, «evidencia que se encuentra en perfecto estado independientemente de la enfermedad que padece». La defensa lo volvió a plantear en una segunda ocasión, que ha sido ahora igualmente desestimada.

Recientemente los abogados del expresidente comunicaban a la jueza que su cliente había sido trasladado a un centro hospitalario por «problemas respiratorios provocados por la gravedad de su enfermedad y su situación en el centro penitenciario» de Picassent y que había sufrido «una constante bajada de peso desde que ingresó» de «más de cinco kilos» y diagnosticado de bronquitis vírica.

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Begoña Gómez solicita aplazar su declaración ante el juez Peinado debido a un compromiso

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Begoña Gómez y Pedro Sánchez-EFE

La esposa del presidente del Gobierno pide fijar una nueva fecha debido a un compromiso previo en Arona, Tenerife.

El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha presentado una solicitud ante el juez Juan Carlos Peinado para suspender la declaración como investigada de la esposa del presidente del Gobierno, prevista inicialmente para el próximo 11 de septiembre de 2025.

El motivo alegado en el escrito es que ese mismo día Begoña Gómez tiene fijado otro señalamiento judicial en Arona, Tenerife, lo que imposibilita su comparecencia ante el juzgado que instruye la causa en cuestión. El abogado ha pedido formalmente que se fije una nueva fecha para la declaración, asegurando que la interesada cumplirá con sus obligaciones judiciales en cuanto sea posible.


Contexto del procedimiento

La declaración se produce en el marco de un procedimiento judicial en el que Begoña Gómez figura como investigada. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre el objeto de la investigación ni sobre las diligencias previas. La solicitud de aplazamiento ha sido presentada ante el juez Peinado, encargado de la instrucción.


Próximos pasos

La decisión sobre el aplazamiento y fijación de nueva fecha depende del juez, quien evaluará la compatibilidad de la agenda de la investigada con los plazos procesales. Este procedimiento judicial sigue en curso, y cualquier cambio en el calendario será comunicado oficialmente por el juzgado.

 

Malversación y tráfico de influencias: los cargos contra Begoña Gómez

Begoña Gómez ya estaba siendo investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca en relación con su papel como codirectora de varios másteres y una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Ahora, la investigación judicial se centra en si su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, habría dedicado parte de su jornada laboral a tareas personales y académicas para Gómez, como el envío de correos electrónicos a empresas colaboradoras de la universidad y gestiones con patrocinadores.

La Audiencia de Madrid considera que podría haber existido una “desviación de medios públicos puestos al servicio de intereses privados”, lo que reforzó la línea de investigación de Peinado.

Las diligencias y pruebas clave

Entre las pruebas incorporadas figuran correos electrónicos enviados por Álvarez a patrocinadores como Reale Seguros o comunicaciones con directivos de Google relacionadas con la cátedra dirigida por Gómez.

Además, el juez ha solicitado la relación de llamadas de la exasesora para determinar si se excedió en las funciones para las que fue contratada por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, entonces bajo la dirección de Félix Bolaños.

Contexto político y judicial

La imputación de la esposa del presidente llega en un contexto de máxima tensión política y mediática. Aunque el Tribunal Supremo rechazó investigar a Bolaños por esta misma causa, al no apreciar indicios suficientes, la Audiencia ha mantenido abierta la vía por malversación contra Gómez y Álvarez.

De confirmarse los indicios, el caso podría convertirse en uno de los procesos judiciales más relevantes que afecten a la Moncloa en los últimos años, con repercusión directa en el Gobierno de Pedro Sánchez.

 

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