VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) – La Audiencia de Valencia ha rechazado por segunda ocasión poner en libertad al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, en prisión provisional por la operación Erial, tal y como había pedido su defensa, en una vista celebrada este miércoles en la Ciudad de la Justicia.
El exministro permanece en prisión provisional por su presunta implicación en este caso que investiga la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de València. Zaplana fue detenido el pasado 22 de mayo y, tras pasar a disposición judicial, quedó ingresado en Picassent por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
Tras estudiar esta nueva solicitud de puesta en libertad del letrado de Zaplana en la vista, la sala rechaza el recurso del exdirigente ‘popular’ y confirma la prisión provisional acordada en su día por el Juzgado de Instrucción 8, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Se trata de la segunda ocasión en la que la defensa de Zaplana solicita la libertad de su cliente ante la jueza de instrucción y posteriormente con recurso ante la Audiencia Provincial.
La primera vez, el pasado 4 de junio, cuando se hizo público que la jueza no había aceptado la petición del exministro de Trabajo de quedar en libertad por razones humanitarias o, subsidiariamente, de pasar a arresto domiciliario, tal como había reclamado su abogado.
En aquel primer intento, la defensa de Eduardo Zaplana alegó que la medida era «innecesaria y desproporcionada», sostenía que no existía «ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas» ni de fuga, tanto por el «arraigo personal y familiar» del exdirigente ‘popular’ como por la «grave enfermedad» que padece desde hace años –leucemia– y que requiere cuidados «continuos y periódicos».
En ese momento, la instructora rechazó el recurso con el argumento de que «quien comete presuntamente un delito debe asumir las consecuencias de sus actos siendo él el único responsable» y porque que las vigilancias a las que se ha sometido a Eduardo Zaplana desde el año 2015 –cuando comenzó la investigación– reflejan una vida «muy activa».
Además, apuntaba que Zaplana había solicitado el uso del gimnasio de la cárcel de Picassent, lo que, a juicio de la magistrada, «evidencia que se encuentra en perfecto estado independientemente de la enfermedad que padece». La defensa lo volvió a plantear en una segunda ocasión, que ha sido ahora igualmente desestimada.
Recientemente los abogados del expresidente comunicaban a la jueza que su cliente había sido trasladado a un centro hospitalario por «problemas respiratorios provocados por la gravedad de su enfermedad y su situación en el centro penitenciario» de Picassent y que había sufrido «una constante bajada de peso desde que ingresó» de «más de cinco kilos» y diagnosticado de bronquitis vírica.
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