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La Audiencia Nacional archiva la querella contra cuatro exministros y Florentino Pérez por el proyecto Castor

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La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha desestimado y archivado la querella interpuesta contra cuatro exministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y uno del de Mariano Rajoy, además de empresarios como Florentino Pérez, en relación con el proyecto Castor, al entender que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal.

La querella de L’Observatori del Deute en la Globalització se dirigía contra los exministros Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa y José Manuel Soria, así como el exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana Juan Cotino; Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritario de la sociedad mercantil ESCAL UGS S.L. (quien tenía la concesión del almacén de gas); el presidente de la mercantil ESCAL UGS S.L., Recaredo del Potro; y el exsecretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo Ignasi Nieto.

Tras estudiar los hechos denunciados, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 concluye que la construcción de las instalaciones a las que se refiere la querella no responde a una idea aislada ni peregrina, sino que fue acorde con una política desarrollada en la explotación y suministro de gas, previamente planeada (desde el año 2002).

Para Lamela, las resoluciones que se fueron dictando en las distintas fases del proyecto, y cuyas firmas por los querellados determinarían su responsabilidad, no aparece, y tampoco se expone en la querella, apunta, que se hayan adoptado al margen del procedimiento establecido.

En el auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 ha desestimado la querella planteada por delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración pública. Además, el informe de la Fiscalía, con fecha de 18 de junio, solicita que se desestime la querella y se archiven las actuaciones.

Así, tras estudiar los hechos, la juez concluye que la construcción del almacén de gas es fruto no de una idea «aislada ni peregrina», sino acorde a la política de explotación y suministro de gas, que se había planteado previamente, en 2002, antes de que los querellados accedieran a sus respectivos cargos. Si bien, admite que esta política con los años se comprobó «deficitaria».

Además, el auto de la juez considera que no parece que la actuación de los querellados se guiase por «un afán de perjudicar los intereses de la Administración adoptando resoluciones injustas, arbitrarias o manifiestamente contrarias a la ley». De hecho, añade que «por el contrario, su actuación fue razonada y documentada».

La juez añade que las resoluciones que se fueron dictando en las distintas fases del proyecto y cuyas firmas por parte de los querellados determinan su responsabilidad, según el querellante «no aparece» y «tampoco se expone en la querella que se hayan adoptado al margen del procedimiento establecido».

De hecho, el auto admite que la actuación podría ser discutida jurídicamente, «tal y como sucedió» pero añade que esta discrepancia se ha resuelto a través de diversos procedimientos en la vía contencioso-administrativa.

Asimismo, añade Lamela que tras examinar las distintas resoluciones recaídas no se desprende de «ninguna de ellas» que la actuación de los querellados fuera arbitraria e incluso en algunos casos la actuación fue amparada desde la Administración, mientras en otros, la estimación se debió a motivos «formales, no de fondo». En otros, por su parte, el auto de la juez estima que se pone de manifiesto la «complejidad del problema y la falta de doctrina jurisprudencial».

«Pero en ningún caso se puso de manifiesto que la Resolución impugnada adoleciera de una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, estos es, que fuera manifiestamente arbitraria», aclara.

De este modo, Lamela señala que no puede estimar que se haya cometido delito de prevaricación porque según la jurisprudencia, ese delito se comete cuando se adopta en un asunto administrativo una resolución «injusta, no en el sentido meramente ilegal o contraria a Derecho, sino patente y clamorosamente opuesta al ordenamiento jurídico», y que el agente del hecho obre «con clara conciencia» de la arbitrariedad, algo que «no acontece en el supuesto examinado».

La juez concluye que esto le lleva «igualmente» a considerar que no se puede estimar los delitos de malversación y fraude a la Administración, puesto que no se desprende del relato de hechos en la querella y en los documentos que la acompañan que los querellados hayan quebrantado los deberes del ejercido de su cargo, «quebrantando una especial confianza, ni que los caudales públicos hayan sido desviados torticeramente de su destino».

A ese respecto, agrega que estas circunstancias tampoco han sido apreciadas en las distintas resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional.

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El Cuco y su madre admiten que mintieron en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo

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el cuco marta del castillo

Giro inesperado en el caso de Marta del Castillo. Francisco Javier García Marín, conocido como el Cuco, y su madre, Rosalía García Marín, han reconocido ante la jueza que mintieron durante el proceso celebrado en el año 2011 por el asesinato de la joven sevillana. Cabe recordar que en el juicio en el que Miguel Carcaño fue condenado a 20 años de prisión por el crimen.

El Ministerio Público pide para ellos ocho meses de cárcel y multas de 1.500 euros para cada uno, mientras que la familia de Marta reclama dos años de prisión y multas de 1.800 euros.

El Cuco y su madre mienten

El Cuco y su madre han admitido en sus declaraciones los hechos contenidos en los escritos de acusación, lo que significa que no dijeron la verdad en el proceso celebrado en 2011.

En 13 años, por primera vez Francisco Javier García Marín ha reconocido que sí estuvo en el piso de la calle León XIII donde se cometió el asesinato, en contra de la versión que siempre ha mantenido: que la tarde noche del 24 de enero de 2009, cuando se cometió el asesinato, no estuvo en el mencionado piso; que ese día había estado con unos amigos; que sobre las 23.30 horas de ese día 24 se encontró en las inmediaciones de su casa con el que entonces era la pareja de su madre, Ángel Manuel R.C., que «había ido a tirar la basura»; y que después subió a su domicilio y no volvió a salir.

Rosalía, la madre del Cuco, declaró en 2011 que ese día salió con su pareja a tomar una copa, que fueron al bar La Portada, que ambos volvieron a su domicilio sobre las 1.30 o 2.00 de la madrugada ya del día 25 y que, una vez allí, «entró en el dormitorio de su hijo, lo vio acostado y le dio un beso». Ahora, en su declaración de esta mañana, Rosalía también ha reconocido que mintió.

Solo han admitido esto de la parte del delito del que se les acusa. Ni el Cuco ni su madre han respondido a más preguntas del tribunal.

La jueza ha desestimado el resto de las pruebas testificales, entre ellas, la declaración de Miguel Carcaño, que estaba prevista para el próximo martes 31.

Se mantiene eso sí la declaración de los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, para determinar el posible daño moral a su familia.

Decenas de personas se han concentrado a las puertas del juzgado esta mañana, sobre todo vecinos de la familia de Marta que han querido arroparlos ante la celebración del nuevo proceso judicial.

Rosalía y el Cuco han llegado al juzgado recibidos por los gritos de las personas concentradas, que han clamado pidiendo «Justicia para Marta».

En la actualidad el Cuco tiene 29 años y ha llegado completamente cubierto para evitar ser reconocido, con una amplia sudadera, la capucha puesta, un pasamontañas, gafas de sol y hasta unos guantes, que podrían haberle servido para ocultar alguna marca o tatuaje.

Por su parte la madre tan solo llevaba unas gafas de sol, mascarilla y un pañuelo en la cabeza, que apenas le cubría.

Ya en la sala se ha podido ver al Cuco descubierto, llevando tan solo una mascarilla, y con el pelo corto, una imagen diferente a la melena que lucía en 2011 cuando se celebró el juicio por el asesinato de Marta.

 

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