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La Audiencia Nacional reabre Gürtel para investigar a Camps

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MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la reapertura de la investigación sobre las adjudicaciones de la Generalitat Valenciana a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, concretamente para saber quién las ordenaba, después de las revelaciones de Francisco Correa, Ricardo Costa y Álvaro Pérez ‘el bigotes’ durante el juicio por la financiación irregular del PP valenciano que apuntaban directamente al expresidente autonómico Francisco Camps.

El tribunal atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado julio pidió la reapertura de esta pieza 5 del ‘caso Gürtel’ para que el juez de instrucción José de la Mata investigue las eventuales indicaciones que podría haber recibido la ex directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars para la adjudicación de determinados contratos a la mencionada empresa del Grupo Correa.

El Ministerio Público solicitó la reapertura después de que el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa asegurara que fue Camps quien decidió contratar a Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

El líder de Gürtel, Francisco Correa, dijo en ese mismo juicio que estos contratos fueron ordenados por altos cargos del PP valenciano, mientras que Álvaro Pérez, el responsable de las empresas de la trama en la Comunidad Valenciana, también mencionó el nombre de Camps.

De estas revelaciones, dice el tribunal, «se podría desprender que la contratación directa de Orange Market por la Administración valenciana era por decisión de las primeras autoridades y la realización y montaje del stand de grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 podría ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el PP en la Comunidad Valenciana».

Los magistrados explican en su auto que la influencia de estas revelaciones en el juicio es «fácil de comprender, dada la íntima relación entre ambas causas en las que son coincidentes muchos de los acusados».

AVERIGUAR SI FUE IBARS O AUTORIDADES SUPERIORES
En este caso, añaden, se trata de averiguar si Dora Ibars, en su calidad de directora general de Promoción Institucional, es quien adoptó las decisiones finales en lo relativo a la contratación directa de Orange Market o bien «tal decisión fue adoptada por otras autoridades superiores jerárquicamente a la acusada, a las que se refirieron los acusados en el juicio».

En ese juicio sobre la financiación irregular del PP valenciano, Ibars declaró en calidad de testigo y aseguró que no se reunió «con ninguna persona de Orange Market para tratar asuntos relacionados con campañas electorales ni con nadie del PP ni del Gobierno valenciano para hablar de presupuestos».

Sin embargo, tras lo dicho por Costa, Correa y Pérez ahora la Sala de lo Penal ordena reabrir la pieza 5 en la que se imputaba a Ibars la contratación directa de la sociedad Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un pen drive que se iba a utilizar como regalo institucional, un procedimiento en el que, para sustraerse del control administrativo, las partes acordaron la emisión de varias facturas hasta alcanzar el valor del precio cobrado por Orange Market, de 88.975,59 euros, de los que se llegaron a pagar 58.580,96 euros.

En segundo lugar, la Fiscalía acusaba a Ibars por hechos relativos a la participación de Orange Market como adjudicataria, de forma directa, del montaje del stand para grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur de 2009, con participación de varias instituciones y organismos oficiales a los que se obligaba a contratar con Orange Market, utilizando el mismo sistema del fraccionamiento del precio en varias facturas.

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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