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La Comunidad Valenciana no pedirá el pase a la fase 2: “El virus sigue entre nosotros”

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El president de la Generalitat Valenciana ha confirmado en una rueda de prensa que la Comunidad Valenciana, en un ejercicio de “prudencia” va a frenar su avance en la desescalada al haber detectado “un ligero repunte en la tasa de contagiados. “El virus sigue entre nosotros” y “un paso atrás sería catastrófico”, ha dicho, justificando no haber pedido al Ministerio de Sanidad el salto hacia la fase 2.

Por tanto, la Comunidad Valenciana permanecerá en la fase 1 ante el riesgo existente de que se produzcan rebrotes si avanzan demasiado rápido. “El coronavirus sigue presente”, ha insistido, indicando que seguirán al menos una semana más en esta fase de la que ya disfruta el 70% de España, a la espera de que se conozca este viernes si podrán sumarse los que quedaron atrás: Madrid, Barcelona y parte de Castilla y León.

El president también ha detallado que los próximos días se publicarán los datos del coronavirus por municipio, atendiendo así al reclamo de muchos ayuntamientos, al entender que pueden ayudar a mejorar la respuesta conjunta y coordinada contra el COVID-19. Aunque ha insistido: “No se trata de una competición”, y tampoco hay localidades “mejor o peor” que otras.

En esta comparecencia Puig también ha hablado del uso de las playas y ha insistido en considerar “absolutamente razonable” el baño en todo el litoral siempre bajo la adopción de las medidas de seguridad y de prevención pertinentes, como el distanciamiento social y ha explicado que están pendientes de un informe solicitado por la Agencia Valenciana de Turismo, indicando que se trabaja con el objetivo de que los ayuntamientos puedan ordenar adecuadamente el espacio para atender a las exigencias derivadas de la pandemia,pero se ha mostrado favorable a que se permitan algunas actividades como el senderismo o ir a la montaña al considerar que, “con la distancia social suficiente, hay espacios en los que no hay ningún peligro”.

Horizontes temporales a corto, medio y largo plazo

Para asentar las bases de la reconstrucción y responder a los retos a los que se enfrenta la Comunitat Valenciana, se plantean tres horizontes temporales, a corto, medio y largo plazo. Los principales objetivos en cada uno de esos horizontes son:

A corto plazo, se establece la necesidad de aplanar la curva de contagios y ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario; sostener el empleo y el tejido productivo; proteger los ingresos de los más perjudicados y mantener y reforzar la capacidad de pago de las administraciones públicas valencianas.

A medio plazo, se propone volver a generar ingresos para que puedan seguir funcionando el sector privado y el público; evitar el riesgo que representa un endeudamiento público insostenible; mejorar la seguridad del sistema de salud; mejorar la situación de las residencias de personas mayores; adaptar la educación a las limitaciones derivadas del riesgo de contagio y combatir sus potenciales consecuencias para la igualdad de oportunidades; reforzar la capacidad de competir en el nuevo escenario globalizado, fortalecer el tejido productivo para ganar productividad e incorporar el conocimiento como palanca básica para ganar competitividad.

A largo plazo, para acortar la brecha que separa a la Comunitat en PIB per cápita y en productividad de la media nacional, es necesario abordar reformas estructurales para corregir las debilidades del tejido empresarial y del sector público. Esto requiere, en el ámbito privado, el refuerzo del capital humano y del esfuerzo inversor en intangibles, en particular en I+D de las empresas; fomentar el crecimiento de las empresas y la profesionalización de su dirección; aprovechar las oportunidades de la nueva normalidad. Y en ámbito el público, se necesita la modernización de la Administración; la agilización del marco regulatorio; el refuerzo de la inversión pública y la eliminación de la discriminación financiera de la Comunitat Valenciana.

Tres grandes líneas estratégicas

El informe agrupa las respuestas a los retos de la situación creada por el coronavirus en torno a tres grandes líneas estratégicas:

– Gestionar el avance de la sociedad del conocimiento, la digitalización y el trabajo del futuro para aprovechar sus muchas oportunidades.
– Adaptar el tejido productivo a ese nuevo escenario que emerge de las tendencias de cambio tecnológicas, sociales y económicas para que sea una normalidad mejorada.
– Modernizar el estado del bienestar y la gobernanza de lo público, promoviendo un desarrollo sostenible, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, desde una perspectiva económica, social y medioambiental.

A corto plazo, considera, como ámbitos de actuación especialmente importantes, los siguientes:

– El mantenimiento generalizado de la prevención para limitar el riesgo de contagio.
– La adaptación del sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta a las crisis.
– La adaptación del sistema educativo a un escenario de presencia limitada en los centros y refuerzo de la digitalización.
– El fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia para responder a los retos sanitarios y del envejecimiento.
– La ampliación de la protección a trabajadores y empresas especialmente afectados por la nueva normalidad, sobre todo turísticas.
– Un programa de lucha contra la exclusión, mediante políticas activas de empleo para colectivos vulnerables.
– Un programa de aprovechamiento empresarial de las oportunidades derivadas de la COVID-19, mediante iniciativas de colaboración público-privada.
– El impulso a la digitalización de familias, pymes, microempresas, autónomos y sector público.
– El refuerzo de la I+D+i orientado a la solución de problemas derivados del COVID-19.
– La colaboración público-privada, simplificando el marco regulatorio y agilizando los procedimientos de contratación.
– El fomento de la movilidad sostenible, desde una perspectiva medioambiental y de riesgos para la salud.
– La revisión de las prioridades de gasto público, adaptándolas al nuevo escenario de necesidades.
– La reforma de financiación autonómica, para poner fin a la actual discriminación de la Generalitat.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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