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La Comunitat ha acogido ya a 37 afganos evacuados

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(EFE).- La Comunitat Valenciana ha acogido ya a 37 de los 230 afganos evacuados por el Ejército que han llegado a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y que han sido distribuidos en recursos de acogida del Ministerio de Inclusión en nueve comunidades autónomas.

Tres aviones aterrizarán este martes en la base de Torrejón de Ardoz con otros 390 afganos evacuados del aeropuerto de Kabul, que se sumarán a los más de 800 que han llegado desde el pasado jueves.

Según la titular de Defensa, Margarita Robles, dos de los aviones llegarán a media tarde, y otro aterrizará de madrugada, uno más de los que tiene autorizados diariamente España, que mientras se pueda, seguirá evacuando a personas de Afganistán.

Y es que Robles ha recordado las dificultades del dispositivo y de las operaciones de evacuación que se están llevado con la máxima discreción y seguridad porque, según ha reconocido, el riesgo de atentado «existe siempre».

España continúa actuando como la puerta a Europa, y este mismo lunes ha llegado a la base de Torrejón un nuevo avión con 260 nuevos evacuados, la mayoría familias. Entre ellos hay 55 menores, de los cuales 14 son bebés, uno de tan solo quince días y otro de un mes. También hay 16 ancianos.

Desde el pasado jueves, el aeródromo ha recibido ya a 815 afganos, llegados en vuelos españoles y del Servicio Europeo de Acción Exterior, entre los que 354 han manifestado su intención de pedir asilo en nuestro país, según datos del Ministerio de Interior.

Diez ciudades españolas de nueve autonomías han acogido ya a 230 de ellos, por lo que solo quedan 60 por salir del aeródromo de Torrejón de Ardoz, donde permanecen en un primer momento del dispositivo de acogida.

Según el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, estas 230 personas están en recursos de acogida de su departamento en nueve comunidades autónomas: Aragón (29), Castilla-La Mancha (24), Castilla y León (28), Cataluña (10), Comunitat Valenciana (37), Madrid (32), Murcia (34) Navarra (7) y País Vasco (9).

Además de acoger la llegada de los colaboradores de las Fuerzas Armadas españolas y de instituciones europeas, el Gobierno ha acordado con Estados Unidos que las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) puedan acoger durante dos semanas hasta un máximo de 4.000 afganos evacuados por ese país.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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